Iván Posada: “ Nuestro rol es la armonía entre el capital y el trabajo”

El único representante legislativo del Partido Independiente se siente en la comisión de Hacienda que integra desde siempre como pez en el agua, dada su condición de contador.

Define a su partido como socialdemócrata y de izquierda y está convencido de que el rol de los independientes es el definido por el batllismo de José Batlle y Ordóñez, de buscar la armonía entre los intereses del capital y el trabajo.

 

¿Qué ha implicado este año para el Partido Independiente?

Para el partido es el desafío de la primera gestión de gobierno, gestionando una cartera como la de Trabajo y Seguridad Social, que tiene un papel relevante en todo lo que hace al relacionamiento entre trabajo y capital y en un año muy particular. Creo que aún la sociedad no es plenamente consciente de las dificultades que ha enfrentado el gobierno y la República en general con la pandemia.

 

¿La pandemia ha modificado los objetivos que tenían como partido en la acción de gobierno?

Lo que pasa es que no hubo tiempo de pensar otros aspectos, pero el enfoque estaba y hoy se redobla en el tema empleo; Uruguay venía de un período de pérdida de 50.000 puestos de trabajo y este año 2020 la previsión es que con la pandemia se pierdan entre 45.000 y 50.000 puestos de trabajo más. O sea que estamos hablando de un tema crucial para la gestión de gobierno futura.

 

En el marco de la coalición de gobierno, ¿cuál es el rol del Partido Independiente?

Hay un rol que es lo que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el Poder Ejecutivo, y un rol en otras áreas como Gerardo Sotelo en el Secan, Daniel Radío en la Junta Nacional de Drogas, Mónica Botero en Inmujeres, Garch en el Inefop, Daniel Pérez en la Dirección Nacional de Empleo, lo que hace que el partido tenga un papel de relevancia social en temas tan importantes como la droga y la violencia de género, además de los temas del empleo y la seguridad social.

 

¿Esas responsabilidades tienen que ver con el perfil del partido?

Yo creo que sí porque es parte de su perfil. Una opinión que creo fue clave para la decisión del presidente fue la bienvenida del Pit-Cnt a Mieres como ministro de Trabajo. Pablo Mieres no solo por sus conocimientos, sino por su actitud, busca siempre el diálogo tanto con trabajadores como empresarios.

 

¿Ustedes se consideran la centroizquierda de la coalición?

Somos un partido de puño socialdemócrata, de convicciones socialdemócratas y nos consideramos parte de las izquierdas, una visión distinta por supuesto a lo que es el Frente Amplio.

 

¿Cómo se conjuga el trabajo que pueda usted hacer en el Legislativo con medidas que favorezcan la gestión del ministro de su partido?

Las propias circunstancias de la pandemia y las medidas que se tuvieron que tomar de seguro de desempleo y la creación del seguro parcial fueron medidas que se tomaron en el Parlamento, al margen de las dos cartas de presentación del trabajo parlamentario de este año, que son la Ley de Urgente Consideración y el Presupuesto Nacional.

El impacto de la pandemia sobre el empleo y el turismo ha sido muy importante. Se estima que el gasto adicional direccionado exclusivamente para la pandemia está en el orden de los 770 millones de dólares. Eso implica que va a haber un incremento del déficit fiscal de 1,5% adicional al término de 2020.

 

Esto derrumba aquella promesa electoral del actual presidente del ahorro de los 900 millones.

Una cosa es lo que el gobierno pensaba el primero de marzo y otra cosa lo que le marcó la realidad con la pandemia. No se han escatimado recursos, la gran política ha sido de sostén, ha sido la extensión del seguro de desempleo y la nueva modalidad de seguro parcial para dar un respuesta que implicara que varias fuentes de trabajo no se perdieran.

 

¿Usted considera que no había elementos en la LUC o en el Presupuesto Nacional que afecten la gestión de Mieres?

No. Los aspectos vinculados al MTSS incluidos en la LUC son plenamente compartibles y están en línea con las observaciones que hemos tenido por parte de la OIT; Uruguay está en falta desde ese punto de vista y las normas establecidas están en consonancia con la Organización Internacional del Trabajo, tanto en respetar, como está en la Constitución el derecho de huelga, pero también respetar los derechos de los trabajadores que no adhieren a la huelga y tienen el derecho de ingresar a su lugar de trabajo y por convenios firmados en la OIT, el derecho de los empresarios a ingresar a sus instalaciones. Eso es lo que está en la LUC. Los ajustes que nosotros hicimos al articulado contaron con la opinión del representante de la OIT.

 

¿Ustedes ven la creación de un Ingreso Básico de Emergencia como propone el Pit-Cnt y la Intersocial como una posibilidad?

Lo que pasa es que en política uno puede hacer o llevar adelante de acuerdo a la disponibilidad que tiene para financiar la realidad.

Uruguay tiene una situación de la que creo no somos conscientes. Vamos a cerrar este año 2020 con un déficit fiscal de seis y medio puntos del producto. Venimos arrastrando un endeudamiento del orden de los 3.000 millones de dólares anuales. Eso es insostenible. Hay restricciones desde el punto de vista fiscal que no pueden ser superadas; estamos en un nivel de deuda neta de casi un 60% en relación al producto. La ministra de economía, Azucena Arbeleche, decía algo que ejemplifica: “De los países que tienen grado inversor, somos el que tiene los peores indicadores”.

El mensaje del Presupuesto tiende a reordenar el gasto público, no hay recortes como se dice, hay reordenamiento para tratar de reducir ese déficit fiscal. Es una situación realmente grave.

 

Ahora con motivo de la pandemia varios organismos financieros internacionales aconsejaron a los gobiernos endeudarse para poder financiar políticas sociales.

Uruguay ha dado respuesta en materia de políticas sociales y el gran instrumento ha sido la política de seguro de desempleo. Uruguay tiene posibilidades de endeudamiento porque sigue manteniendo el grado inversor y goza de prestigio internacional, pero las deudas hay que pagarlas y tenemos una situación fiscal comprometida.

 

COFE estima que serán cerca de 4.000 los trabajadores que a diciembre no se le renovarán los contratos, y claramente es un sector que no los cubre ni el Mides ni el seguro de desempleo.

El actual gobierno ya había anunciado que entiende que hay contratos totalmente innecesarios y está dentro de las potestades de una gestión de gobierno y una buena administración del Estado revisar, y además son contratos a término.

 

Aunque el mercado no tenga dónde absorber esa mano de obra.

Pero si hubiera habido una prórroga, hubiese sido una medida especial para una parte de los uruguayos. Nosotros tenemos que mirar el bosque, no la situación particular de un sector de funcionarios.

 

¿Qué medidas va a impulsar el PI en la reforma de la previsión social?

Hay un grupo trabajando con representación de todos los partidos políticos y estamos esperando que den su diagnóstico y propuestas. Espero se llegue a un informe donde todos los partidos políticos y las organizaciones sociales generen una base de acuerdo que permita una reforma que le dé sostenibilidad al sistema.

 

¿Por qué no votó la Ley Forestal?

Primero, por un problema de forma. El proyecto fue a sala sin tener en cuenta la opinión de los ministerios involucrados, que a mi entender son Finanzas, la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería y el de Ambiente. Cuando los representantes de los partidos Nacional y Colorado solicitaron la presencia de esos ministerios, se negó, y el proyecto fue a sala sin informe y así se votó. Eso en lo formal, pero en el contenido, la propia Ley de Forestación del año 87 le generó al país una serie de compromisos, porque se votó como una política de Estado, por tanto sus cambios pueden tener efectos sobre derechos adquiridos. Ya tenemos experiencia sobre el ICIR de Mujica que la SCJ falló en contra del Poder Legislativo condenándolo al pago de compensaciones por responsabilidad por actos legislativos. Hay condenas que se están pagando. Este tipo de cosas hay que analizarlas muy detenidamente.

Uruguay hizo una apuesta en el gobierno anterior en un proceso muy opaco, con respecto a la segunda planta de UPM y la construcción del Ferrocarril Central, que es una decisión tomada.

Cualquier ley que limite la plantación de nuevos bosques de rendimiento forestal tiene que tomar en cuenta las necesidades de las tres pasteras que tiene Uruguay.

Cabildo Abierto ya lo había anunciado en la campaña con lo cual no hay sorpresa; la sorpresa es el voto del Frente Amplio a una ley que en sus 15 años de gobierno jamás hubiera impulsado.

Lo del Frente Amplio fue una actitud populista acompañando con la votación a otro sector populista como es Cabildo Abierto.

 

¿La discusión en sala entre Pasquet y Lust es un ruido que queda en la coalición?

Ese es un tema que tendrán que arreglar entre ellos aunque después del debate se saludaron. En la coalición hay partidos que tienen ideas muy distintas, pero también acuerdos.

 

¿Hasta dónde el Partido Independiente integra la coalición por convencimiento del proyecto político y hasta dónde por su peso político?

El peso político del Partido Independiente quedó afectado por el resultado electoral. Soy el único representante en el Parlamento y la participación del partido en el gobierno no esta en relación con su caudal electoral, pero la confianza del presidente, además de asignar los lugares antes mencionados, también nombró a Conrado Ramos en la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Somos una opinión dentro de la coalición, pero está claro que no tenemos capacidad de definir. Lo podemos hacer por la vía del convencimiento como hicimos en algunos artículos de la LUC o el Presupuesto sobre sus inconveniencias, y no los votamos.

Nuestro compromiso es la firma del acuerdo con la agenda país.