Jeanine Áñez: el gobierno con licencia para matar

Uno de los grandes problemas que tiene la búsqueda de consolidación en los proyectos neoliberales acotados por discursos fascistoides es que suelen convencerse de lo que tratan de convencer a los demás, aun cuando la realidad vaya por otro lado. La derecha en Bolivia y quien la patrocina desde afuera asumieron que el mayor de los problemas era arrojar del gobierno a Evo Morales. Esta es una de las premisas de la visión liberal del Estado, por la que se entiende que el gobernante suplanta el papel de la sociedad activa; luego de asumir la dirección del gobierno, el gobernante queda facultado para decidirlo todo y el papel de la sociedad se limita al de espectador de su propio destino.

Por lo tanto, lo que seguramente estaba en el libreto de las fuerzas de la derecha era tomar las riendas del país para proceder inmediatamente a gobernar, como si la experticia en el ejercicio de gobierno fuera un acto inherente al puesto del gobernante, como una especie de plug and play estatal; pero, peor aun, asumiendo que el país iba a estar esperándoles con los brazos abiertos, como si los estuvieran liberando del yugo que ellos mismos vendieron a la opinión pública que existía.

La base social de Evo Morales tenía una desventaja enorme que fue la dispersión geográfica en que se encontraba, no hay que olvidar que él sale del sector de los indígenas cocaleros, que por definición viven en zonas alejadas de los grandes centros urbanos; sin embargo, el golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019 despertó ese y otros sectores que no están dispuestos a permitir la fractura de un orden constitucional que consideran como parte suya y del que se sienten sujetos activos como sectores sociales, sin mencionar que han sentido una ostensible mejora en sus condiciones de vida y saben qué tipo de modelo es el que ha tomado por asalto el palacio de gobierno.

Ante las crecientes manifestaciones en apoyo al gobierno de Evo Morales han ocurrido dos situaciones, la primera es que la base de la oposición que empezó con las protestas inmediatamente después de las elecciones del 20 de octubre ha desaparecido, o por lo menos no actúa con la misma fuerza con que inició. La mayoría inmensa de gente en la calle pertenece a quienes reclaman el regreso de Morales a la presidencia y estos son muchos más que los que pidieron su renuncia; por otro lado, las fuerzas de seguridad del Estado, cuya doctrina del enemigo interno, heredera del Plan Cóndor sigue intacta luego de más de 35 años en la heladera del Comando Sur, lo único que estaban esperando era una oportunidad.

El viejo matrimonio entre la Iglesia Católica y los militares se reedita en el siglo XXI con la forma extraña que ha tomado el fanatismo cristiano o evangélico al mando de la administración del Estado, fanatismo que no tiene reparo alguno en hacer uso de la fuerza como herramienta, sobre todo cuando la comunidad internacional, que es el único escenario que puede generar la presión suficiente para frenar una ola de violencia como la desatada en Bolivia, se encuentra empantanada en la discusión sobre la legitimidad de las elecciones, mientras la OEA guarda silencio sobre el desproporcionado uso de la fuerza por parte del gobierno de facto.

La única alternativa que tiene Jeanine Áñez para sostenerse en el gobierno, mientras genera la estructura institucional que le abra la puerta a los intereses que representa en el gobierno, es el uso de la fuerza; el Movimiento al Socialismo (MAS), partido de Morales, conserva una parte importante de los parlamentarios, que resisten la persecución y la cacería de brujas que se ha desatado contra ellos; una de las principales tareas del nuevo gobierno es desarticular toda expresión organizada de respaldo al gobierno de Morales por un lado, y reprimir toda expresión callejera de apoyo por otro.

Para resolver la contradicción política al interior del gobierno que pretenden establecer, han iniciado la construcción de un escenario que les permita declarar como ilegal el Movimiento al Socialismo como partido político; no es fácil debido a la gran cantidad de miembros que lo integran y hacen parte de diferentes estructuras del estado boliviano, pero van avanzando en esa vía.

Sin embargo, lo que más preocupa desde la perspectiva de la necesidad del restablecimiento de la democracia en Bolivia es que en las últimas horas, Áñez ha firmado un decreto que libera de responsabilidad penal a los miembros de la fuerza pública que actúen en la vía de “restablecer el orden constitucional” por medio de aplicar la “fuerza proporcional y necesaria”, lo que traducido al argot de la práctica en la confrontación callejera, significa que el uso de la fuerza queda a discreción de quienes están en terreno para que hagan lo que consideren necesario sabiendo que cualquier duda judicial sobre su accionar se resolverá a su favor.

Y no bien fue expedido y publicado el Decreto Supremo 4078, y la represión se agudizó, los muertos ya son más de 25 y el uso de las armas convencionales y no convencionales para reprimir a los manifestantes ha sido ampliamente documentado en las manifestaciones de los últimos días; basta el ejemplo de la represión en la empresa de hidrocarburos Senkata, en la ciudad de El Alto, que ha sido una de las más duramente golpeadas por la represión.

Mientras tanto, en La Paz, los sectores que rechazan el golpe se han ido concentrando y el lunes 18 de noviembre se establecieron alrededor de la Asamblea Legislativa con la intención de establecer una vigilia; de allí fueron expulsados por comandos de policía y paramilitares motorizados que golpearon y dispararon indiscriminadamente contra quienes estaban en el lugar.

La situación es tan complicada que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la OEA, ha planteado su preocupación por el Decreto 4078, pues “desconoce los estándares internacionales de los derechos humanos”, lo que ocurre al mismo tiempo que el informe de la OEA, que ha sido la punta de lanza con que se ataca la legitimidad del proceso completo de Evo Morales y el MAS, ha sido desvirtuado por expertos, que han determinado que el informe preliminar del organismo multilateral no arroja datos concluyentes sobre un fraude determinante en el proceso electoral, en el que incluso, si todas los votos con irregularidades se quitaran a Morales y se trasladaran a Mesa, la ventaja de 10 puntos se vería afectada.

Evo Morales planteó su renuncia al cargo de presidente como una forma de evitar la violencia; lo que posiblemente no calculó es que la violencia no era por él, ni por el cargo de presidente: la violencia desatada en Bolivia tiene exactamente el mismo origen y composición de la violencia en Haití y el Salvador, es una violencia adoctrinante, cuyo fin es el de enseñar de alguna forma a la población cuáles son los márgenes de la democracia. El planteo claro es que hoy el margen político en Bolivia debe oscilar entre la ultraderecha cristiana y evangélica y la derecha moderada, pero el progresismo ya no es bienvenido en el margen de acción política.

En Latinoamérica surgió uno de los fenómenos más particulares de la política moderna, cuando aparecieron modelos racistas en países con altísimos porcentajes de afrodescendientes e indígenas. Brasil, el segundo país con más población afro después de Angola, permitió la llegada de Bolsonaro, quien es profundamente racista, y ahora Bolivia ve cómo una mujer con rasgos indiscutiblemente indígenas se abroga una ascendencia europea y promueve el racismo contra las comunidades originarias.

El racismo no tiene justificación, pero ver el fenómeno del racismo en Suecia es una cosa, pero lo que se ve en Bolivia es un sinfín de agresiones racistas cometidas por personas que no son diferentes de sus víctimas. Pero no hay que equivocarse, el racismo, el cristianismo fanático y el antiprogresismo son la cubierta que esconde un modelo neoliberal que va por los derechos laborales y los recursos naturales de los bolivianos.