El pasado 17 de enero la Justicia italiana dictó sentencia en relación al largo proceso penal tramitado contra civiles y militares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay, por su participación en la desaparición y muerte de 23 ciudadanos italianos y uruguayos en el marco de la coordinación represiva de las dictaduras latinoamericanas, denominado Plan Cóndor. En ese fallo el único uruguayo procesado fue el excanciller Juan Carlos Blanco por el “homicidio muy especialmente agravado” de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y los ex integrantes del MLN-T, Rosario Barredo y William Whitelaw, además de la desaparición de la maestra Elena Quinteros. El resto de los acusados (los militares José Ricardo Arab Fernández, José “Nino” Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau, Pedro Antonio Mato Narbondo, Jorge “Pajarito” Silveira Quesada, Ernesto Soca, Gilberto Vázquez Bissio, Ernesto Ramas, Luis Alfredo Maurente Mata y Jorge Tróccoli y los ex policías Ricardo “Conejo” Medina Blanco y José Sande Lima) no fueron procesados. Este martes la Justicia italiana entregó al gobierno uruguayo, en un documento de más de 150 páginas, los fundamentos de la sentencia sobre el proceso. Según la directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), la exfiscal Mirtha Guianze, aunque el tribunal italiano reconoció la existencia del Plan Cóndor, interpretó que solo las máximas autoridades militares eran los responsables de los crímenes, pero no así los mandos medios. En declaraciones a Radio Uruguay, Guianze explicó que en el caso de Jorge Tróccoli la corte italiana no lo consideró responsable directo de los delitos de homicidio, aunque sí su participación en las torturas. «La interpretación que hacen es de que no necesariamente esa relevante actuación que tuvo Tróccoli en las operaciones represivas permite vincularlo a la decisión de ejecutar a las víctimas», refirió la exfiscal. La directora de la Inddhh se mostró optimista para con la apelación de la fiscalía italiana, que deberá realizarse en un plazo de 45 días a partir del 18 de abril. Guianze espera que algunas determinaciones del fallo emitido en enero, como el del caso Tróccoli, puedan ser revertidas tras la apelación. Sin embargo, sostuvo: «No puedo asegurar nada. Es otro país, son otros criterios».
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