El Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel) brindó en la tarde de este lunes una conferencia de prensa, en la que se informó que la Justicia admitió el recurso legal presentado por el gremio, de intimar al Poder Ejecutivo, a la Ursec (Unidad Reguladora de Servicios de Telecomunicaciones) y al Comité de Portabilidad Numérica, para que suspendan la implementación de la Portabilidad Numérica, anunciada por el gobierno para el próximo miércoles 12 de enero.
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Gabriel Molina, presidente de Sutel, informó que este lunes, integrantes del sindicato acompañaron al alguacil designado por la Justicia a entregar las intimaciones formales ante Presidencia, en Torre Ejecutiva, y ante la sede de la Ursec, donde también funciona el Comité de Portabilidad Numérica.
El abogado Óscar López Goldaracena, representante legal del sindicato, informó que la intimación formal de la Justicia al Poder Ejecutivo, solicita -ya que no puede exigirlo- que se suspenda la implementación de la medida, aprobada dentro de la Ley de Urgente Consideración (LUC), “hasta tanto se conozca el resultado por la votación en el referéndum”, que podría anular la norma y por lo tanto la portabilidad numérica.
López Goldaracena destacó además que la intimación fue promovida por Sutel, pero además “en representación de lo que en nuestro Derecho se conoce como Intereses Difusos”.
El abogado explicó que el Código General del Proceso establece que “cuando existen cuestiones vinculadas al medioambiente, a valores culturales, a valores históricos o a cuestiones que interesan a un número indeterminado de personas, cualquier interesado puede presentarse ante la Justicia y promover la defensa de intereses difusos”.
En este caso, lo que se fundamento en el recurso fue la intimación de Sutel en representación del patrimonio de la empresa pública y por los intereses difusos, que implican “no solo el patrimonio de la empresa pública, sino al mismo tiempo el hecho de que esté en curso un proceso de impugnación de la LUC”.
En cuanto a la afectación al patrimonio de Antel, el sindicato señala en la intimación que “la implementación de la portabilidad numérica es fungible a los planes de negocios de las empresas que son competencia de Antel para hacerse de nuevos clientes”.
También hacen mención a un informe técnico, elaborado por el Director de Antel Andrés Larrosa, el cual estima que la medida implicaría para la empresa pública “pérdidas millonarias de U$S 123 millones, en un escenario de mínima, a U$S 425 millones en un escenario de máxima”.
Sobre el proceso de impugnación (referéndum sobre la LUC el 27 de marzo), Goldaracena acotó que, debido al mismo, la ley que inauguró la portabilidad numérica “no está firme”.
Sobre esta base es que el abogado señaló que “el sentido común para todos es la suspensión transitoria”, hasta que se conozca el resultado del referéndum.
De todas formas, López Goldaracena aclaró que la intimación “desde el punto de vista judicial se agota en sí misma” y que el Poder Ejecutivo puede decidir sí acata lo expuesto en la intimación o si no lo hace.
El representante legal de Sutel, considera que de ahora en más “la responsabilidad de la Presidencia de la República, que fue la intimada, va a ser trascendente, si continúa con este proceso de implementación a pesar de una intimación formal”.
Asimismo, entiende que “no hay ninguna razón de urgencia para implementar la portabilidad numérica, no la había para incluirla en la LUC y menos aún cuando ésta no está firme”.
“Al día de hoy (la LUC) es una ley formal, está vigente pero no está firme. Por lo tanto, lo razonable y lo que se impone es la suspensión y que el Poder Ejecutivo cumpla”, consideró el abogado.