Por Pablo Silva Galván
Noticia destacada |
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.
ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La Justicia italiana condenó a cadena perpetua a varios militares latinoamericanos involucrados en la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur, conocida como Plan Cóndor. Se trata de 24 represores entre los que hay 13 uruguayos. Uno de ellos es el exmarino Jorge Tróccoli, quien había fugado de Uruguay para evitar a la Justicia y se refugió en Italia apelando a su doble nacionalidad. Entre los sentenciados se encuentran también Ricardo Eliseo Chávez, Pedro Mato Narbondo, José Ricardo Arab, José Nino Gavazzo y Juan Carlos Larcebeau.
Se trata de la sentencia de segunda instancia que condena a cadena perpetua a un civil y 12 militares uruguayos por delitos de lesa humanidad cometidos contra ciudadanos de nacionalidad italiana.
El denominado Plan Cóndor fue un mecanismo de coordinación entre los organismos de inteligencia de las dictaduras latinoamericanas para perseguir a los opositores y destruir a sus organizaciones. Lo integraron los gobiernos de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Como consecuencia de su accionar cientos de personas aún permanecen desaparecidas, al tiempo que otros cientos fueron asesinados y miles fueron conducidos a las cárceles.
Para el responsable de derechos humanos del Pit-Cnt, Raúl Olivera, se trata de un fallo “muy positivo”. Olivera dijo a Caras y Caretas que hay “varias razones” para considerarlo positivo. “Involucra a dos casos en particular. El primero es de Tróccoli, que estaba prófugo en Uruguay y se había refugiado en Italia en función de su doble nacionalidad. Ahí se había perdido la posibilidad de la extradición por un error que cometió el Estado uruguayo en su momento. Que eso se empalmara con esta causa sobre el Plan Cóndor posibilitó que se establecieran responsabilidades. No sé si lo hará Italia metiéndolo preso allá en función de esa sentencia o lo mande para Uruguay. En última instancia, si no se escapa antes, es un elemento importante”.
“El otro tema es referido a Pedro Mato Narbondo que también está prófugo y está imputado en varias causas. No se lo ha ubicado y se supone que puede estar en Brasil. Italia pedirá la captura internacional”, agregó.
Recordó que el resto tiene cadena perpetua, por lo que “no creo que la vida les dé para que, luego que terminen la condena acá, lo extraditen a Argentina donde están requeridos y luego a Italia. En ese sentido materialmente no tiene ningún efecto. Tiene un sentido simbólico muy importante. Se investigó, se juntó documentación, se probó lo mismo que de alguna manera se probó acá”.
Olivera estimó que el fallo de la Justicia italiana puede influir sobre las causas que se siguen en Uruguay y vio como positivo que la sentencia deje sentado el precedente de la extraterritorialidad del Derecho Internacional. “Desde que se inició esta causa, en 1999, durante ese período (Giancarlo) Capalbo -el juez actuante en el caso- recorrió el mundo y recopiló información sobre el Plan Cóndor, sobre la coordinación represiva. En ese sentido hay un cúmulo de información que echa por tierra cualquier duda sobre la existencia de la coordinación represiva en el Cono Sur. ¿Qué influencia puede tener eso en el resto de las causas? Creo que tiene importancia porque se trata de un país que está juzgando delitos cometidos en otro territorio y de alguna manera está planteando la extraterritorialidad del derecho internacional. La concepción de que los delitos de lesa humanidad deben ser perseguidos en todo momento y en todo lugar ahí se materializa”.
Al respecto explicó que en Argentina “si bien ha habido causas que se han llamado Plan Cóndor, generalmente procesaron y condenaron a responsables por delitos cometidos en el territorio argentino. En realidad el principal antecedente con relación al Plan Cóndor es la sentencia que los procesó acá en Uruguay. La que llevó adelante Mirtha Guianze y el juez (Luis) Charles. Porque ahí los condena por un delito que se cometió fuera del territorio nacional. Es la única causa en la que se procesa a militares uruguayos por delitos que no cometieron en el territorio nacional”.
Esta sentencia, a juicio de Olivera, “pone en evidencia una ambivalencia del Estado uruguayo en esa causa. Hubo un período en el cual el Estado uruguayo contrató un abogado que, lamentablemente, tenía una estrategia muy equivocada. A raíz de unas gestiones que hicimos las organizaciones que estaban atrás de esta causa, el Estado lo removió y puso a otro, que le dio un vuelco muy importante. Esta causa, igual que las de Uruguay, siempre ha marchado por la articulación con las organizaciones sociales, con las víctimas, cosa que el abogado que había antes no hacía. Este abogado sí lo ha hecho, ha llevado documentación. Por eso digo que el Estado uruguayo es ambivalente. Creo que nos demuestra alegría por lo que sucedió en Italia, pero un poco de vergüenza por lo que pasa acá”.
Un fallo histórico
La investigación llevada adelante por la Justicia italiana insumió 20 años de trabajo y deja en evidencia la coordinación represiva en el Cono Sur. Se trata de la sentencia de segunda instancia que condena a cadena perpetua a un jerarca civil y 12 militares uruguayos por delitos de lesa humanidad cometidos contra ciudadanos de nacionalidad italiana, en el marco del Plan Cóndor. En primera instancia, solamente uno de los 13 acusados había sido condenado. Una apelación de la Presidencia de la República en la Justicia italiana accionó la causa.
En esta segunda instancia, fueron condenados a prisión perpetua Juan Carlos Blanco, José Gavazzo, José Ricardo Arab, Jorge Silveira, Ernesto Ramas, Gilberto Vázquez, José Medina, Luis Maurente Mata, José Sande Lima, Ernesto Soca, Pedro Mato Narbondo, Jorge Tróccoli y Juan Carlos Larcebeau.
Un comunicado de la Presidencia de la República establece que el fallo “constituye un resultado óptimo de justicia y reconstrucción de la verdad sobre la modalidad con la que las fuerzas represivas de la dictadura golpeaban a las fuerzas democráticas y a los disidentes políticos”.
“La decisión adoptada por los jueces de segunda instancia representa, además, una respuesta de justicia para los familiares de las víctimas y para las instituciones y la sociedad uruguaya en su conjunto, en la medida en que todos los imputados fueron considerados responsables de los secuestros y de los homicidios de los que fueron acusados”, agrega.
Dicha sentencia confirma que en América Latina en los años 70 y 80 “operó el Plan Cóndor, una organización criminal transnacional compuesta por los vértices de inteligencia militar, que asesinó a miles de ciudadanos, sindicalistas y militantes de diversos partidos políticos y de oposición a las dictaduras que se habían instalado, a través de la violencia, en el Cono Sur”.
Una causa que lleva 20 años
La causa sobre la que falló la Justicia italiana comenzó en 1999 con la denuncia de violaciones a los derechos humanos y desapariciones en los países del Cono Sur por parte de familiares de desaparecidos. Involucra a militares de Uruguay, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y Perú. Entre los acusados se encuentran el canciller Juan Carlos Blanco, los militares y policías Jorge Tróccoli, José Ricardo Arab, José Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau, Pedro Mato, Luis Maurente, Ricardo José Medina, Ernesto Ramas, José Sande Lima, Jorge Silveira, Ernesto Soca y Gilberto Vázquez. Originalmente se encontraba el exdictador Gregorio Álvarez, quien falleció durante el proceso. Un fallo en primera instancia había declarado inocentes a los militares uruguayos. Esto motivó un pedido de apelación del gobierno uruguayo. Por esta razón el secretario general de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, viajó a Italia para presentar una serie de documentos que respaldaban el pedido. Este fue aprobado por la Justicia de ese país, dando lugar a una nueva instancia en la que finalmente resultaron condenados a cadena perpetua los militares uruguayos. Indica la Presidencia uruguaya que “el resultado procesal fue fruto del esfuerzo y trabajo colectivo de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay, como parte civil, en la persona del secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, y del abogado representante de nuestro país, Andrea Speranzoni. Asimismo, han cumplido una gran labor la Fiscalía General de Roma y la Fiscalía Ordinaria de Roma, en las personas de los fiscales Tiziana Cugini y Francesco Mollace. Un resultado judicial que conjuga justicia y memoria colectiva”. Además de los uruguayos fueron condenados los chilenos Pedro Octavio Espinoza, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno Vásquez y Manuel Abraham Vásquez Chauan. En el fallo de primera instancia fueron condenados en ausencia el exdictador boliviano Luis García Meza y su ministro del Interior, Luis Arce Gómez. Estaba también el expresidente de facto peruano Francisco Morales Bermúdez, su primer ministro Pedro Richter Prada y el exmilitar Germán Ruiz. Recuerda Presidencia que entre los condenados está el exjefe del S2 (servicio de inteligencia) del Cuerpo de Fusileros Navales (Fusna), Jorge Tróccoli Fernández. Este se había fugado en 2007 para evitar el proceso en Uruguay. “El proceso de apelación logró demostrar que en la fase de planificación de los homicidios consumados de mayo a octubre de 1978 por personal de la Armada uruguaya, en acuerdo con la ESMA (Escuela de Mecánica, uno de los principales campos clandestinos de exterminio) argentina, Tróccoli tuvo un rol central. En la fase ejecutiva, el acusado desempeñó funciones de conexión y coordinación de las operaciones en el ESMA de Buenos Aires y, contemporáneamente, en la plana mayor de la Armada uruguaya y en el S2 del Fusna. El proceso de apelación hizo, además, emerger una relación directa con el genocida argentino Alfredo Astiz”. Para la Presidencia uruguaya el proceso de apelación “ha demostrado, por primera vez, el nivel criminal del acusado José Gavazzo, definido en los nuevos documentos y pruebas producidas por la Presidencia de la República Oriental del Uruguay en octubre de 2018 y admitidas por la Corte de Roma como “jefe de la operación Cóndor por parte de Uruguay”. Esta nueva documentación de procedencia militar (ex Oficina III del SID) revela los vínculos internacionales del genocida Gavazzo en el ámbito de la coordinación de las operaciones en Argentina”. Agrega que “la sentencia de apelación confirma que en América Latina en los años setenta y ochenta operó el Plan Cóndor, una organización criminal transnacional compuesta por los vértices de inteligencia militar, que asesinó a miles de ciudadanos, sindicalistas y militantes de diversos partidos políticos y de oposición a las dictaduras que se habían instalado, a través de la violencia, en el Cono Sur”. El Plan Cóndor fue una estrategia de coordinación entre los servicios de inteligencia de las dictaduras del Cono Sur para perseguir y eliminar a los grupos opositores. En el caso uruguayo se comprobó la participación de militares uruguayos en Argentina, los que participaron en algunos casos en la eliminación de opositores y en otros en el traslado ilegal hacia Uruguay.