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Justicia italiana fija un pago de más de un millón de euros para víctimas del Plan Cóndor

La reparación diferenciada es para los denunciantes y abogados que han encarado este proceso a lo largo de estos años, enfrentando diversas travesías para obtener pruebas documentales y acompañar en la investigación a la Fiscalía de Italia.

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“La sentencia aparte de la sanción punitiva, ha determinado que se repare montos económicos diferenciados de unos a otros para las víctimas, para los denunciantes y para abogados que cursan arriba de un millón de euros aproximadamente, es una sentencia impecable, la han calificado así varios juristas que en estos días han analizado esa sentencia”, informó el viceministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de Bolivia, Diego Jiménez.

Las declaraciones surgen luego de que se conoció que la Corte de apelaciones de Roma condenó en segunda instancia a un grupo de militares y policías de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay, responsables del operativo militar pactado entre las dictaduras sudamericanas en los años 70 y 80 del siglo pasado, para secuestrar y ejecutar a los opositores.

El Viceministro dijo que la reparación diferenciada es para los denunciantes y abogados que han encarado este proceso a lo largo de estos años, enfrentando diversas travesías para obtener pruebas documentales y acompañar en la investigación a la Fiscalía de Italia.

El ministro de Justicia, Héctor Arce, dijo los procesados deben pagar la reparación de daños y recordó que la vulneración de derechos sufrida en la década de los 70 y 80 se dio “no sólo en el territorio boliviano, sino en toda Latinoamérica”.

“Ese es el monto que se ha establecido como costas del proceso (…) Las personas que han sido procesadas (deben pagar), es parte de su responsabilidad”, aseguró.

Sobre Arce Gómez, el ministro refirió que primero debe cumplir su condena de 30 años en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, y luego asumirá la sentencia dictada en Italia.

La Operación Cóndor o el Plan Cóndor fue un plan de inteligencia diseñado y coordinado por los servicios de seguridad de las dictaduras militares de Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay, en colaboración con la CIA de Estados Unidos, para aniquilar a los luchadores por la democracia durante la década de los 70, en la plenitud de la Guerra Fría.

Fuente: Nodal

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