El delito que le sacaron a Astesiano para hacerle precio

La esposa del escribano, también presente en la audiencia y que ya contaba con arresto domiciliario, solicitó el arresto nocturno para que se le permita trabajar porque adujo comer una vez por día por la grave situación económica que atraviesa. La Justicia no la autorizó porque la fiscal Flores alegó que “su participación ha sido muy activa en este caso, falta citar testigos y la imputada tiene mensajes de texto en los que amenaza con romper las piernas” de personas involucradas en la causa.

En tanto, las historias del excustodio presidencial Alejandro Astesiano y del escribano Álvaro Fernández García se vuelven a cruzar. El escribano Fernández -quien apeló la decisión del juez de cumplir prisión domiciliaria- no solo apunta a un juicio oral para que la fiscal Sabrina Flores demuestre su responsabilidad en el delito de suposición de estado civil-, sino que sigue sosteniendo -según pudo conocer Caras y Caretas- que es inocente y que su función fue limitarse a gestionar partidas de nacimiento para la expedición de pasaportes y no falsificarlas

El delito de suposición de estado civil indica que el que de cualquier manera creare un estado civil falso o engendrare el peligro de su creación, será castigado con 18 meses de prisión a 8 años de penitenciaría.

Este es uno de los delitos por los que están imputados el escribano Fernández, Silvaev y Medina y también por el que en principio fue imputado, el 28 de setiembre, el excustodio del presidente Luis Lacalle Pou.

Sin embargo, en el acuerdo al que arribaron la fiscal Gabriela Fossati y Alejandro Astesiano no se incluyó este delito que cuenta con la mayor pena de todo elenco de delitos aplicado al custodio. El 15 de febrero pasado cuando la fiscal Fossati -quien ya no entiende en el caso- acusó a Astesiano, pidió su condena por los delitos de asociación para delinquir, que cuenta con 6 meses de pena mínima y 5 años de máxima. También se le condenó por los delitos de tráfico de influencias y conjunción del interés público y privado, que llevan 3 meses de pena mínima y 4 años de máxima el primero de ellos, y 6 meses de pena mínima a 3 años de máxima, el segundo. Sin embargo, el delito de suposición de estado civil previsto en el artículo 258 del Código Penal, que es el que tiene pena mayor -18 meses de pena mínima a 8 años de máxima-, no le fue imputado a Astesiano a la hora de su condena.

A pesar de que a Astesiano le hallaron partidas de nacimiento luego de un allanamiento que se llevó adelante en la casa de su hijo y que se efectuó a partir de que la exnuera del custodio permitió el ingreso de los efectivos policiales, no fue condenado por el delito de suposición de estado civil.

Según conoció Caras y Caretas, el allanamiento no se habría producido con la orden judicial que correspondía y ese fue uno de los motivos para no acusar a Astesiano del delito que lo vinculaba directamente con el mundo de los pasaportes expedidos con partidas de nacimiento aparentemente apócrifas.

Además de esta razón en principio formal, Astesiano habría dicho que él recibió un pago de 10.000 dólares, pero no completó ninguno de los trámites que el escribano Fernández solicitó que hiciera.

En el acuerdo alcanzado por Fossati y el custodio presidencial, se relata, el 15 de febrero pasado, que “en agosto de 2021, el escribano Fernández contactó a Astesiano para que cumpliera un rol de ‘facilitador’ dados sus contactos por su condición de jefe de seguridad móvil del Sr. presidente de la República y su familia, reuniéndose en varias oportunidades para afinar su rol, tanto en el despacho laboral del imputado, como en el estudio de Fernández o en bares, recibiendo como adelanto por su actividad la suma de US$ 10.000, la que el escribano le abonó en dos partes. El pedido del escribano se acompañaba de la actividad de los ‘socios que le entregarían testimonio de la documentación que debía facilitar o agilizar’”, se relató en el acuerdo, en el que se agregó que “recibió alguna documentación, pero no realizó ninguna gestión efectiva para el grupo”.

Según supo Caras y Caretas ,el escribano Fernández niega haber pagado esa suma. Pero si Astesiano no completó ningún trámite para expedir pasaportes, ¿por qué recibió un segundo pago de 5 .000 dólares de parte del escribano?, según relató la fiscal Fossati.

Este es uno de los puntos que también se unen con la historia de Patricia Medina, la esposa del escribano Álvaro Fernández. Medina tiene incluido en un acuerdo, al que había llegado con la fiscal Gabriela Fossati para cerrar su caso con un juicio abreviado, que su esposo y ella le pagaron a Astesiano 10.000 dólares. Pero el punto está en que Medina ahora niega ese extremo y es uno de los aspectos por el cual no desea firmar el acuerdo. Tanto Medina como Slivaev están citados por la fiscal Sabrina Flores los días 18 y 20 de abril para avanzar en posibles juicios abreviados.

Si bien la esposa del escribano tenía todos los bienes de la pareja a su nombre, la fiscal Sabrina Flores dijo a Caras y Caretas que “aún no se formó pieza separada para investigar” un presunto caso de lavado de activos.

En tanto, acerca de las partidas de nacimiento y a siete meses de iniciada la investigación, aún no se comprobó que esos documentos sean falsos. De hecho, según conoció Caras y Caretas en el acuerdo redactado para alcanzar un juicio abreviado con la esposa del escribano, se consigna que falta comprobar la autenticidad de las partidas de nacimiento.

Por eso en un juicio oral podría discutirse la responsabilidad del escribano Fernández y del ruso Alexey Slivaev, además de la responsabilidad de Patricia Medina. Hasta ahora, la Fiscalía se apoya en testimonios que relatan que personas que aparecen en partidas de ciudadanos rusos “nunca tuvieron hijos y que de hecho nunca salieron del país” aunque aparecen sus nombres en partidas de nacimiento provenientes de Rusia que informan situaciones opuestas. Se espera que se compruebe, traducción mediante, que las partidas de nacimiento son apócrifas porque para la defensa de los imputados los testimonios de las personas involucradas en las partidas de nacimiento podrían no ser suficientes para probar la falsedad de los documentos.

Fragmento del programa Legítima Defensa