La campaña contra ASSE

Todos los días pasan muchas cosas, pero los asuntos que acaparan el menú de lo que se debate  son, salvo hechos extraordinarios, el producto de una selección de los que tienen el poder de fuego para instalar temas en el orden del día. No es lo mismo gobernar un país que gobernar la agenda pública. Gobernar un país es administrar los recursos del Estado y para conseguirlo se necesitan votos. Gobernar la agenda es disponer de la información que recibe el pueblo y  para eso se necesitan medios. El Frente Amplio gobierna Uruguay por la gracia de las urnas, pero es la oposición la que manda sobre la agenda porque representa los intereses del poder económico que controla los medios de comunicación. Así de simple es la cosa. Por eso, si la derecha lo decide, nos podemos pasar la vida discutiendo sobre el colchón que compró Sendic e ignorar olímpicamente miles de otros asuntos mucho más graves y trascendentes. Cada tema lo presentan cuando quieren, como quieren, desde el punto de vista que les venga en gana y con la combinación interesada de datos y de posverdad que les sea necesario para manipular la opinión de la gente. Casi siempre las polémicas propuestas por la oposición -que domina la agenda- parecen motivarse en principios de buena gestión y legalidad, y no siempre es fácil desentrañar el conjunto de intereses que subyacen a ese aparente celo administrativo. Pero a veces pasa. En ocasiones la política se transparenta y se puede ver lo que hay detrás. Y ese es el caso de la campaña opositora constante contra el Sistema Nacional Integrado de Salud y la gestión de ASSE, principal efector nacional de salud, que llevan adelante los medios de comunicación más importantes y los legisladores de la oposición que a esta altura se han convertido en una mera pata legislativa de los diarios y los canales. La reforma de la salud, que comenzó a ejecutarse en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, ha sido una de las transformaciones más radicales y de mayor impacto de la década larga gobernada por la izquierda. Su implementación ha resultado en una mejora indiscutible de indicadores tan importantes como la mortalidad infantil y la materna, y ha tenido incluso efecto redistributivo, haciendo una contribución notable a la mejora del índice que mide la desigualdad. Desde que se aplica el nuevo sistema, los servicios de salud pública han mejorado en su desempeño y en su imagen, y la cantidad de dinero que se invierte por usuario en el sistema público ha llegado casi al mismo nivel que el subsistema privado, orillando la realidad soñada de que los servicios de salud que se le ofrece a la gente sean de la misma calidad en el ámbito público y en el privado, sin importar si tenés dinero o si no tenés. El avance debido a la reforma de la salud ha sido tan significativo que casi medio millón de uruguayos están afiliados a ASSE a través del Fonasa, aun cuando podrían elegir, en su lugar, cualquier institución privada. Esta tendencia del sector público a ganar usuarios y a no perderlos en una disputa de mercado basada pura y exclusivamente en la calidad se acentúa año a año en perjuicio de los prestadores privados que observan esa migración sostenida al sistema público como la mayor amenaza para su posición y sus negocios. En este contexto debe comprenderse la campaña feroz contra la Administración de Servicios de Salud del Estado y, muy especialmente, contra su presidenta, la doctora Susana Muñiz. Dicha campaña ha cobrado nuevo impulso con la conformación de una comisión investigadora en la Cámara de Representantes, donde se tramitan denuncias sobre irregularidades en diversos hospitales públicos, cuya fuente, curiosamente, son la propias auditorías de ASSE. Esta última peculiaridad sobre el origen de las denuncias demuestra la transparencia de la administración porque, mal que les pese a nuestros prohombres de la investigación periodística, es la propia ASSE la que ha investigado, descubierto, observado las irregularidades y tomado las resoluciones disciplinarias que ha considerado pertinentes, en un ejercicio de autoinspección digno de elogio, y que no se produce en ningún rincón del sector privado. Hay que tomarse el trabajo de estudiar cada una de las denuncias que pueblan las tapas de los diarios y se barajan en la comisión investigadora para darse cuenta del nivel de infamia al que está siendo sometida la salud pública por la oposición mediática y política. Hay que hacerlo comenzando por el Hospital de Rivera y la gestión tan vilipendiada del doctor Andrés Toriani, cuyos logros son reconocidos por toda la comunidad riverense, que ha visto como su gestión puso de pie un hospital que era un desastre y lo transformó en el de mejor desempeño de todo el norte del país. Es cierto que Toriani y su equipo cometieron irregularidades administrativas que en ningún caso se trataron de transposición de rubros ni de corrupción, pero esas irregularidades, que fueron detectadas por ASSE, ahorraron enorme cantidad de recursos al hospital y permitieron sortear las limitaciones que impedían que el hospital creciera y mejorara. Pongo como ejemplo que ahora mismo se denuncia como un emblema de las irregularidades de la gestión de Toriani. Resulta que se denuncia -como si esto fuera un escándalo penal- que el hospital  de Rivera contrataba el servicio tomográfico de una clínica brasileña de la localidad fronteriza de Livramento. Pero se soslaya que, haciendo esto, el Hospital de Rivera evitaba contratar a la prestadora privada local, cuyo tomógrafo estaba roto, por lo que también lo mandaba a hacer a Livramento, pero luego tenía el descaro de cobrárselo al hospital como si lo hubiese hecho en sus instalaciones y con sus profesionales, imponiéndole un precio tres veces superior al que se pagaba si se contrataba directamente  al tomógrafo brasileño. ¿Qué debía hacer Toriani? ¿Dejar que le robaran en la cara? ¿Acaso trasladar a los pacientes que requirieran un estudio tomográfico a cientos de kilómetros, alejándolos de su pueblo y asumiendo los gastos de traslado y estadía? En mi opinión, hizo bien Toriani, y además la ley lo ampara, aunque haya incurrido en una falta porque el procedimiento no está reglamentado claramente y debía obtener una factura local para poder implementarlo. Algo parecido podríamos decir sobre el caso denunciado de los gastos de publicidad en Cerro Largo. La oposición puso el grito en el cielo porque el gasto publicitario en el Hospital de Cerro Largo creció de 2008 a esta parte en un 8.000 por ciento. Pero detrás de ese incremento tan fabuloso y tan sospechoso se esconde una verdad sencilla que absuelve a toda la gestión hospitalaria, a pesar de que ASSE lo detectó y sancionó a los jerarcas de ese departamento. El gasto creció 8.000 por ciento, porque el gasto en 2008 era de 18.000 pesos por año, 1.500 pesos por mes, 50 dólares al tipo de cambio actual. Y era obvio que tenía que crecer y crecer mucho. ¿Cómo es posible que se pretenda que un hospital se posicione en la comunidad, compitiendo contra los servicios privados y apenas cuente con 50 dólares por mes de publicidad? El gasto creció a algo más de 4.000 dólares por mes y en ese gasto debe imputarse la publicidad hacia la comunidad, la señalética hospitalaria, que se financió con esos recursos, y buena parte de la infraestructura informática, que también se pagó computándola a ese rubro. ¿Fue irregular? Lo fue. Y ASSE actuó en consecuencia y, además de sancionar, prohibió que las unidades efectoras gastaran en publicidad. Pero está lejos de ser corrupción. Por el contrario, son esfuerzos por mejorar las condiciones de atención sanitaria de la gente, sorteándole los mil escollos administrativos que impone el Tocaf y todo el conjunto de normas que regulan la gestión pública y, muchas veces, en nombre de la transparencia y el control, terminan haciéndola engorrosa o imposible, sobre todo cuando hay que competir con privados que no tienen ninguna de estas limitaciones. Y si seguimos con las denuncias, nos encontramos con el largo rosario de observaciones por los presuntos conflictos de intereses derivados de un artículo del Tocaf, el número 46, que si el Tribunal de Cuentas lo interpreta literalmente, impide que ASSE haga ninguna contratación de servicios provistos por gente que sea funcionaria de la administración contratante. Esto parecería muy razonable, salvo porque los médicos trabajan todos en todos lados. Entonces, siempre pasa que cuando los servicios de salud pública contratan un servicio privado, por ejemplo de traslado, como un servicio de ambulancia en algún lugar del país, los médicos que son dueños de esas ambulancias también tienen relación con ASSE. Hay casos que son tan evidentes que hasta ellos mismos los advierten, como sucedió en Bella Unión. En Bella Unión había una sola empresa privada que podía ofrecer el servicio y que se presentó a la licitación, pero uno de sus dueños era jerarca del hospital. Y cuando se abrió la licitación, el hombre avisó por carta que podía haber este problema, que se considerara un conflicto de intereses. Pero era tan imposible resolverlo de otro modo que igual se adjudicó la licitación. No había alternativa hasta que ASSE pudiera disponer de un servicio propio, cosa que la administración finalmente hizo. No había otras ambulancias privadas en el pueblo. Si no se contrataba, había que recurrir a otros departamentos, a ambulancias que estaban a cientos de kilómetros de una localidad en la que, además, faltan médicos, como en muchas zonas del interior profundo donde hay dificultades para radicar profesionales. Cada una de las denuncias se puede explicar. Ninguna alcanza a opacar los enormes avances que ha habido en la salud pública. Y en todos los casos ASSE se ha mostrado como la principal interesada en investigar y en sancionar a los que han cometido irregularidades. Incluso a veces de un modo, en mi opinión, injusto, como en el caso del doctor Toriani. Hay que advertir de esta campaña política en contra de salud pública, porque es también una operación económica. Juegan de paladines de la decencia y esconden sus verdaderos propósitos. Ya vimos esto en Temer. Ya vimos esto en Macri. Ya sabemos a qué vienen. Se les ve la tanga de los intereses que defienden.