La carta del exdirector nacional de Policía Mario Layera rompió con la ficción de que todos los policías apoyan la Ley de Urgente Consideración y puso sobre el tapete un asunto central para la democracia: la filosofía que subyace a la ley apunta al control social y no a la represión del delito, enfrenta a la fuerza policial a los ciudadanos comunes, conduce a un Estado policíaco incompatible con los derechos humanos y, para colmo, a los verdaderos criminales no les mueve un pelo. En suma: lejos de tratarse de un grupo de normas que fortalezca y brinde garantías al accionar policial, les perjudica, pone en riesgo y, además, dada su orientación, habilita la comisión de abusos, como los que ya se vienen registrando semana tras semana.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.
ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
De inmediato, el gobierno salió en patota a desacreditar a Layera, como si la acumulación de improperios le hiciera mella a uno de los policías más reconocidos y experientes de nuestro país. Pero toda la sarta de cuestionamientos ad hominem no lograron desestabilizar uno solo de sus argumentos ni refutar una sola de sus apreciaciones.
Una vez más, el gobierno dejó claro que no tolera ninguna clase de oposición. Todo el que no lo acompañe en su gesta conservadora es sospechoso de algo, digno de ser perseguido, denostado, sometido a una suerte de asesinato de la reputación por todos los medios que cuentan, que no son pocos, toda vez que el Estado y los medios de comunicación parecen cotos propios de este dispositivo de poder y persecución que gobierna el país.
Ahora bien, las reflexiones de Layera, si se las analiza con detenimiento, no tienen nada de particular. Están en sintonía con las valoraciones unánimes de cuanta cátedra y organismo especializado ha tenido la oportunidad de pronunciarse: desde la Institución Nacional de Derechos Humanos hasta las cátedras de derecho penal de la Universidad, desde los organismos internacionales hasta toda clase de expertos en seguridad pública. Todos convergen. No hay uno solo que haya estudiado el tema en profundidad que defienda este mamarracho.
Hay otra cosa que dice Layera que es importantísima para los policías y para todos los asalariados: no existe ningún respaldo genuino a ningún funcionario del Estado si no incorpora la noción de que los trabajadores viven de su trabajo, y por lo tanto tienen que satisfacer sus necesidades materiales con el ingreso que perciben. Por lo tanto, flaco respaldo pueden estar recibiendo los policías si su salario real se deteriora año a año desde que asumió la actual administración. Ese elemento, del cual no hablan ni ministros ni legisladores de la coalición ni mucho menos el presidente, va a ser crucial en la definición del voto de la gente y de los policías, que son también una parte del pueblo. Es mentira que a los policías se los apoye haciendo actos ostentosos de justificación de malas conductas o presionando a la Justicia cuando un policía resulta investigado; a la mayoría enorme de los policías se los protege, protegiendo su sueldo, modernizando su equipamiento y separando la paja del trigo, los malos policías, los corruptos o los abusadores del resto, esa inmensa mayoría que se tiene que bancar el mal humor social con la Policía por culpa de unos pocos descarriados y un grupo de jerarcas que insisten en convertir la sospecha y la represión del ciudadano de a pie en el componente central de su política de seguridad.
Faltan muy pocos días para el referéndum. Las encuestas anticipan un final abierto. El caballito de batalla con el que el gobierno pensaba remar esta elección -que no esperaban ni deseaban- eran los artículos de seguridad pública. Se han pasado hablando de ellos, sin hacer mención nunca a otros artículos, como los que favorecen el lavado de activos, o estimulan a poner en manos privadas acciones de empresas públicas. Pero llegado el final de la campaña, todo el edificio de falacias que habían construido sobre la seguridad se les desmorona: queda claro que la reducción del delito que hubo durante los meses de restricciones sanitarias fue solo eso, y retornada la movilidad total, todos los delitos vuelven a crecer, incluso los más serios, acompañados, además, por un deterioro evidente de las condiciones de vida de la gente, que se aprecia en todo el país, y que no puede hacer otra cosa que producir más problemas de seguridad. Y ya es claro para cualquier observador que el abuso policial se ha transformado en moneda corriente, un poco por el texto expreso de la LUC, otro poco por la lectura que de ella hacen los propios policÍas y, en último lugar, por el discurso punitivista y plagado de perscuciones que exhibe el gobierno.
Es muy bueno que haya hablado Layera, un oficial retirado con una hoja de 40 años de servicio intachable, conocimiento profundo de la fuerza y honestidad brutal. Es una lástima que el gobierno no escuche. Y todavía peor, que lo desclaifique. Han corrido todos los límites en la persecución: desde sindicalistas hasta el exjefe de Policía, desde periodistas que no se le alinean, hasta personas comunes y corrientes que se expresan por Twitter. Nos gobierna una casta de intolerantes, una runfla empeñada en odiar y disciplinar. El domingo 27 la gente tendrá la posibilidad de mandarlos a reflexionar porque seguirán siendo gobierno la mañana siguiente, seguirán contando con mayoría parlamentaria, pero sería bueno que el referéndum los sometiera a un baño de humildad y abandonen esa actitud de topadora sin frenos, arrogante, pendenciera e intolerante.