La Casa de papel: Corrillos parlamentarios

Por Ricardo Pose   Vayamos por partes; cuando tomó estado público el escándalo de los Panama papers, se tomó la iniciativa legislativa de crear una comisión especial con fines legislativos de transparencia, lucha contra el lavado de activos y crimen organizado, que tuvo un intenso y ajetreado trabajo en el que participaron todos los actores vinculados a la temática. Allí estuvieron el Parlamento, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, el Colegio de Abogados, la Asociación de Escribanos, la de Contadores, el Banco Central, la Fiscalía General de la Nación. Hubo idas y venidas, marchas y contramarchas, gritos destemplados en reclamo del decoro y el secreto profesional, el respeto a las investiduras, problemas técnicos y jurídicos de implementación, pero a nadie se le ocurrió que iba a ser un problema la palabra “deróguese”. En esta renovada moda de descrédito de la actividad política y cartas vistas, podríamos sostener que, justificando la crítica bakuninista de las incapacidades de los que ocupan el lugar de “zánganos de la sociedad”, también están en falta los de título profesional, abogados, escribanos, contadores y licenciados.   El espíritu y el diccionario Antiquísima tensión y velada argumentación para llegar a ciertos fallos, la que existe entre legisladores y magistrados en las dificultades de interpretar los segundos a los primeros; si lo que se estampó en la letra fría finalmente, que es a lo que debe atenerse el letrado, contempla el espíritu del parlamentario. A veces, estas discusiones deberían poder resolverse por los peritos calígrafos; tan cierto es que la redacción de los proyectos de ley llevan un tiempo determinado, que pasa por el ojo de asesores y la discusión de dos cámaras legislativas y a veces una Asamblea General, como para que no se cometan errores de redacción, porque, desde el universo de la leguleyería, la implacable ley de las dos bibliotecas desata verdaderas batallas interpretativas, sobre todo cuando la semántica ha dejado brechas abiertas. Y es imposible escapar además a la contradicción natural entre el texto frío con pretensiones de alcance universal y el espíritu, que siempre tendrá su componente subjetivo, la necesidad de aprobar muchas leyes que debieron interpretar otras, derogarlas, sustituirlas o modificarlas y no siempre por incapacidades a la hora de redactar. La técnica legislativa es una herramienta que intenta dar eficacia al trabajo del parlamentario y universaliza la capacitación en el mismo por encima de títulos profesionales y/o estudios universitarios, desconocida en términos generales por el ciudadano común y desvalorizada por quienes sólo hacen de su labor legislativa un medio de vida.   La pluma y el carancho De la pluma de los parlamentarios, de los sirios y troyanos, parece claro que el espíritu no era habilitar la posibilidad de que quedaran libres de culpa y condena los ya procesados; así lo entendió la doctora Larrieu; además de sus razones jurídicas, le asiste el sentido común. Cualquier vecino podría entender que más allá de lo expresado en esa ley, en ese último artículo, salvo la actitud caranchera de sus abogados defensores, son más que claros lo motivos de procesamiento de, por ejemplo, Figueredo o Sanabria. A cualquier vecino, salvo Salles y Ojeda. Trabajé ocho años en materia penal; allí los abogados de oficio se afligían cuando debían defender, por ejemplo, a un pedófilo, porque su obligado cliente había cometido un delito que atentaba contra todos sus valores, pero ejerciendo una función pública, desistir de la defensa era renunciar al rol encomendado. Los abogados particulares, por otro lado, justificaban su defensa del imputado en la lógica de que se le pagaba por su asesoramiento y en ese dinero, claro, se diluían las convicciones filosóficas. Pero tenían y tienen la libertad de optar; ningún abogado particular está obligado a asumir la defensa de alguien que atente contra sus convicciones más profundas o hacerlo en forma filantrópica; ese libre albedrío es lo que justifica  la existencia del asesoramiento legal por parte del Estado. Gustavo Salle no necesita mayor presentación en la opinión pública; asombra que su pícara estrategia jurídica, nada novedosa en el mundo de los estrados judiciales, pusiera al país a discutir los alcances de una ley, sobre todo porque no lo hizo en el marco de una opinión en su columna de CX 36, sino en la defensa, justamente, de un implicado en un posible delito de lavado de activos. El otro abogado, el Dr. Andrés Ojeda, militante reconocido del Partido Colorado, defensor de Amodio Pérez y otros ilustres ciudadanos, se convirtió enseguida en par dialéctico del planteo de Salle para regocijo del clima antipolítico, ese que se viste de autoconvocados o llega en las encuestas sobre partidos políticos a 40% de indecisos, y para el goce, también, del puñadito potente de abogados, contadores y escribanos que están siempre atentos a demostrar la inutilidad de los parlamentarios, de cómo el Parlamento ha perdido nivel a partir de la sustitución de profesionales por gente del vulgo.   Nada resiste los archivos Enfocada la responsabilidad en el Parlamento, ni cortos ni perezosos varios legisladores salieron a tomar distancia de la “cagada” y/o utilizar la famosa frase “yo les dije”. Pero nada resiste los archivos. En sesión del Senado del 8 de agosto de 2017, el proyecto de ley venía del Ejecutivo y tenía en su artículo 78 la palabra “derógase”. Por la oposición hicieron uso de la palabra los senadores, Larrañaga, Amorín, Delgado, Heber, Camy, Mieres y Bordaberry. Los cuestionamientos al proyecto, profusamente argumentado por el presidente de la comisión conocida como “de los Panama papers”, el senador Martínez Huelmo, se basaron en los siguientes ejes: atender la demanda del colegio de abogados sobre el secreto profesional, la situación del tiempo de exposición (investigación de su patrimonio) de los dirigentes políticos y los años de pena, en algunos casos más que para un homicidio. Y como el oficialismo entendió que alguna de esas correcciones era de recibo, a propuesta del senador Pintado, en sala se llevó a cabo alguna modificación. Salvo Larrañaga, que pidió que volviera el proyecto de ley nuevamente a comisión, todo el Senado votó el proyecto en general, por entender que en esa lógica de números que hacen buena letra, para cuando lleguen en 2019 los inspectores del GAFI (Grupo de Acción de Financiera Internacional), los que valoran la seguridad financiera del país, esa ley debía tener por lo menos un año de antigüedad. Una vez más, el Guapo, al igual que su contrincante, Lacalle, expuso al país a las posibilidades de que se realicen o no inversiones. El Partido Nacional en bloque no votó el artículo 54, todo el capítulo V y el numeral 9 del artículo 13; no hubo una sola mención de ningún integrante de la oposición al artículo 78. La palabrita siguió su trámite parlamentario y llegó en diciembre del año pasado a la Cámara de Diputados con el artículo 79. Bianchi fue la encargada de hacer de punta de lanza contra el proyecto, con base en un tardío nacionalismo que denunciaba que la redacción no fuera el fruto de la presión de los organismos internacionales. Igual que sus pares en el Senado, y en nueva ronda de abogados, contadores y escribanos escandalizados por el impacto de la ley sobre su tan noble profesión, las intervenciones de los diputados Penadés, Trobo, Pasquet, Olivera, Gandini, Olivera e Iván Posada apuntaron al capítulo y los artículos antes mencionados. Nadie cuestionó, siquiera mencionó por error, el ahora mediático artículo 79.   Sentencia de primera instancia Es cierto que la necesidad de ordenar en un solo texto jurídico todas las leyes que hacen a un tema podía haber tenido otro derrotero; no necesariamente en la resolución semántica de poner “derógase” o “sustitúyase”; hay juristas que en temas penales son partidarios de que no hay que derogar para no entrar en este debate; se deja que los dos sistemas vivan hasta que por los hechos el viejo se extinga; hay varios ejemplos en la jurisprudencia nacional. También parece claro que si surgiera alguna resolución judicial avalando la postura de Salle, debemos arribar a la conclusión de que la democracia aún está débil y no logra evitar que el sistema judicial sea el mango del cuchillo de los ricos y poderosos. Porque este debate jurídico tiene claras implicancias políticas y bajo el posible yerro de una pluma, se desató la guerra entre caranchos y palomos.