La doctrina Bullrich en Uruguay

El primer mandatario Mauricio Macri instaló un discurso habilitante que les permitió a las fuerzas de seguridad incrementar sus niveles de represión y violencia. La funcionaria que ejecuta estas órdenes -cual brazo armado de Macri- es la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La senadora y precandidata presidencial del Partido Nacional, Verónica Alonso, acudió a ella para recibir una especie de aval (¿o adoctrinamiento?) para instalar en Uruguay el mismo discurso de violencia institucional que la alianza Cambiemos generó en su país.

La senadora estuvo en Argentina durante los primeros días de febrero para buscar apoyo político y moral a su plataforma de mano dura y mantuvo una reunión con la ministra Bullrich a quien le solicitó, muy gentilmente, que grabara un pequeño video para difundir a través de las redes sociales. En esa filmación, Bullrich -una de las principales responsables de encubrir a la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en el caso de la desaparición forzada seguida de muerte del joven Santiago Maldonado, tal cual fue narrado en estas mismas páginas por este periodista- lanzó la siguiente proclama: “Quiero decirle a los uruguayos que se puede. Sé que están pasando un momento de crisis, que tuvieron un aumento muy fuerte de los homicidios, pero con políticas claras con las que se vaya al núcleo de los problemas del narcotráfico y una Policía que sienta que está respaldada por el poder político pueden trabajar fuerte y lograr revertir esos números. El camino de permisividad no ayuda a nada”.

La precandidata presidencial recogió el guante y replicó: “Vamos a poner las cosas en orden. Vamos a darle el respaldo a la Policía para que vuelva a mandar y nos cuide. La policía tiene que poder disparar a los delincuentes y que vayan a donde deben estar: presos hasta el último día”.

La funcionaria Patricia Bullrich no es una ministra cualquiera dentro del gabinete de la alianza Cambiemos. Su objetivo número uno apenas asumió fue alinearse completamente a la doctrina de seguridad estadounidense vinculada a “las nuevas amenazas terroristas”. Y, a partir de ahí, habilitar a las fuerzas de seguridad a fusilar. Que la senadora Alonso haya querido referenciarse en Bullrich para justificar su propuesta de mano dura habla mucho de los potenciales peligros que le depararían a Uruguay en caso de que acceda a la presidencia.

Para tratar de entender la complejidad que anida detrás de esta doctrina de seguridad nacional importada desde Estados Unidos -con la construcción de enemigos internos a combatir-, basta ver el derrotero de la ministra de Seguridad en el gobierno de Macri.

Bullrich es una conspicua visitante de “la embajada”, es decir la representación diplomática estadounidense en Argentina; en febrero de 2018 viajó a Estados Unidos y mantuvo encuentros con funcionarios de alto rango de la DEA, el FBI y el Departamento de Seguridad; luego viajó a Florida para reunirse con las autoridades de la Cuarta Flota, una amenaza latente para toda la región, sobre todo desde la crisis en Venezuela.

“El partido político que está detrás de Patricia Bullrich es la embajada norteamericana. La ministra es una apuesta grande de esa embajada para la gestión de los asuntos de seguridad pública que le interesan a los norteamericanos, contra el narcotráfico, pero también contra la comunidad mapuche. Los temas de seguridad, Macri los consulta con los sucesivos embajadores”, sostuvo Marcelo Sain, exdirector de la Escuela de Inteligencia y creador de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en Argentina.

Desde el día uno de su rol como ministra de Seguridad -o brazo armado de las políticas de Mauricio Macri- adoptó los lineamientos norteamericanos e israelíes sobre las nuevas amenazas terroristas en la región y sindicó como potenciales “enemigos de la patria” a las comunidades de pueblos originarios, tal cual sostenía un documento del Consejo Nacional de Seguridad Estados Unidos redactado en 2005.

“No tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad en un operativo ordenado por el juez; fueron a enfrentarse con un grupo violento. Es el juez quien tendrá que buscar las pruebas. La verdad siempre está del lado de las fuerzas de seguridad”, sostuvo Bullrich durante una conferencia de prensa realizada -en conjunto con el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, Germán Garavano- el 27 de noviembre de 2017, dos días después de que la Prefectura Naval Argentina (PNA) fusilara por la espalda a un joven mapuche de nombre Rafael Nahuel, en las afueras de la ciudad de Bariloche.

Para justificar dicho fusilamiento, la ministra instaló la versión del “enfrentamiento” inexistente entre los mapuches y la PNA, misma metodología que la aplicada durante la última dictadura cívico militar (1976-1983) para “blanquear” los fusilamientos sumarios que se realizaban contra los militantes políticos detenidos en los centros clandestinos de detención.

Bullrich fue la principal responsable de encubrir a la GNA en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, al intervenir con funcionarios de su cartera el expediente judicial con el plantado de pistas falsas y el guionado de la versión oficial, tal cual reconstruyó este periodista en su libro Santiago Maldonado, un crimen de Estado. La funcionaria justificó la desaparición y muerte del joven anarquista al instalar la versión de que Maldonado, en realidad, pertenecía a una célula terrorista y se había refugiado en Chile.

Una de las personas que designó Bullrich para instalar esa versión fue Daniel Barberis, responsable del área de Violencia Institucional del Ministerio de Seguridad, quien en agosto de 1977 formaba parte de una banda de secuestradores extorsivos; recibió condena firme y estuvo preso hasta 1984. Dos años después, participó en otro secuestro. Es decir, los principales asesores de Bullrich cargan un oscuro pasado; otros eran abogados defensores de genocidas, como Pablo Noceti, su jefe de Gabinete al inicio de su gestión. Curioso giro el de Bullrich: de integrar la organización guerrillera Montoneros en la década del 70, a defender el modelos económico implementado por los “herederos simbólicos” de aquella dictadura.

Desde enero de 2016, la representante de “La Embajada” modificó de facto la doctrina de seguridad nacional con un discurso habilitante hacia las fuerzas de seguridad: razias, detenciones al voleo en la calle o en el transporte público, un envalentonamiento de la Policía que volvió a pedir antecedentes por portación de rostro, el ingreso de las fuerzas de seguridad en las universidades para amedrentar, la vinculación del delito con los migrantes, la xenofobia y el gatillo fácil.

Lo que fue una modificación de facto a través de ese discurso habilitante luego quedó ratificado vía decreto al instaurar un nuevo reglamento en el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas federales. “Hay que cambiar el paradigma. Dejar de apoyar al victimario para apoyar a las víctimas. Lograr que la política de seguridad no sea una política basada en los derechos humanos para los victimarios, sino para las víctimas”, sostuvo Bullrich en noviembre del año pasado, un mes antes de firmar el decreto que le dio más poder al poder… de las fuerzas de seguridad.

¿La senadora Alonso aplicará las mismas técnicas?

Ante la consulta de una periodista sobre los temores que puede haber en la sociedad sobre el uso de armas por parte civiles, Bullrich -algo pasada de copas al salir de un restaurante- aseveró: “Bueno, eso es un tema de las personas. El que quiere estar armado que ande armado, el que no quiere estar armado que no ande armado. Argentina es un país un libre. Preferimos que la gente no esté armada, pero sí decimos que si hay alguien que defiende a la gente [por la Policía], que no lo ataquen, que no lo destruyan.”

¿Cuál habrá sido el objetivo de la senadora Alonso al solicitar el apoyo de Bullrich? ¿Validar sus pretensiones de mano dura para Uruguay? ¿Importar los lineamientos estadounidenses, vía Argentina, sobre las nuevas amenazas terroristas?

Las consecuencias de esta doctrina que habilita a los fusilamientos, la xenofobia y la violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad no trajo buenos resultados en Argentina.

“A lo largo de 2018 murieron 68 particulares en manos de policías fuera de servicio (de franco, retirados o exonerados/en disponibilidad), un 62% de los casos (de un total de 110 asesinados por las fuerzas de seguridad). La tendencia de los últimos siete años es que los efectivos policiales matan más personas estando fuera de servicio que cumpliendo servicio activo. Proporcionalmente, los valores registrados en 2017 y 2018 se equiparan con los más altos del período, registrados en 2015, lo que demuestra el agravamiento de este problema”, sostuvo el último informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Para la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), durante la gestión de la alianza Cambiemos fueron asesinadas 1.000 personas (generalmente jóvenes de zonas excluidas) por las fuerzas de seguridad en casos de gatillo fácil o asesinatos dentro de cárceles y dependencias policiales.