La entrega

Ahora que la LUC ve amenazada la permanencia de 135 de sus artículos más nefastos, el gobierno aprieta el acelerador en su plan de dejar caer las empresas públicas, favoreciendo a sus competidoras, caso de Antel, desprestigiar a los sindicatos y promover la desmonopolización, caso de Ancap, o la entrega directa pisoteando todo y a todos, caso del puerto.

El lema de los blancos es claro: lo que no has de vender, déjalo caer.

La entrega de Ancap

De todas maneras, y como el abuso tiene límites, en el proceso de entrega de nuestras empresas públicas pretenden contar con el apoyo de la opinión pública, aquella que no pudo conseguir Lacalle I cuando a comienzos de los 90 intentó hacer, exactamente, lo que está intentado hacer su hijo. Para lograrlo, tanto el gobierno como los medios de comunicación y organizaciones afines al mismo están abocados a imponer algunas mentiras a fuerza de repetición. Algunas de las falacias que intentan imponer es que Ancap es ineficiente y que el precio de los combustibles bajará si la cerramos y/o habilitamos la importación de los derivados del petróleo en régimen de libre competencia porque el mercado todo lo soluciona. Ante esto, van aquí algunas acotaciones.

• Ellos saben perfectamente que nuestro mercado es demasiado pequeño y si eliminan el monopolio público estarán creando de hecho un oligopolio privado. Si se quita a Ancap del medio y, con suerte, se establecen dos empresas, lo más seguro es que pacten los precios para no perjudicarse con una guerra comercial. Desmonopolizar Ancap es eliminarla.
• Mienten cuando afirman que tenemos los combustibles más caros del mundo. Sí es cierto que son los más caros de la región; pero los demás países no subvencionan con ellos ni el gas, ni el boleto ni los agrocombustibles. Un litro de gasolina en Francia cuesta (en dólares y en este mes de agosto) 1,857; en Alemania, 1,842; en España, 1,656; en Reino Unido, 1,873 y en Portugal, 1,973, mientras que en Uruguay cuesta 1,620. Es alto; pero no tanto como se afirma.
• Este gobierno recibió una Ancap saneada y en marcha; pero no es conveniente a sus planes ventilarlo.
• Un informe de la Comisión de Industrias concluyó, tras un estudio en el que no participó Ancap, que esta empresa es eficiente, produce combustible de alta calidad, y que la refinación de petróleo y producción de nafta le genera ganancias.
• Tal como lo ha explicado Daniel Martínez en Montevideo Portal, con respecto a la incidencia en el costo final del combustible: “La mano de obra de refinación, los costos administrativos, el mantenimiento de los equipos, los costos financieros de la empresa, el margen de ganancia para la reinversión, tecnológica, en equipos, etc., no llega a 10%”.
• El costo depende fundamentalmente del precio de la materia prima, el petróleo; y sobre eso Ancap no tiene incidencia, porque depende de variables que incluyen desde el precio del dólar a cuestiones políticas. Esta incidencia del crudo oscila entre el 50 y el 60%.
• Otra parte de los costos tiene que ver con el IVA, el Imesi (que este gobierno subió y representa el 40% del valor de las gasolinas), el fideicomiso del boleto (unos 3 pesos por litro), el subsidio al supergás ($ 2,91) y nuestra apuesta por los biocombustibles ($ 0,68/litro). También las pérdidas de la División Portland incrementan $ 0,12/litro el costo final.

Con el subsidio del boleto y del supergás, Ancap cumple una función social tendiente a mejorar el nivel de vida de la población; pero aquellos que condenan la “solidaridad obligatoria” de los compradores de combustible no le hacen asco a dicha solidaridad cuando se vuelca hacia ellos. ¿O acaso no son actos de solidaridad (como recuerda Liliam Kechichian) los millones de dólares que el Estado (o sea, todos nosotros) vuelca al Fondo Arrocero, al Fideicomiso lechero, al Fondo de Garantías para el sector lácteo, al Fondo Agropecuario de Emergencia (16 millones), a la rebaja de la tarifa eléctrica (5 millones), a la devolución del IVA en compras de gasoil a productores que no tributan IRAE, a la exoneración del 18% de la contribución inmobiliaria rural (y con un 10 % adicional para pequeñas extensiones), exoneración tributaria para pequeños y medianos productores, descuento en impuestos de Primaria y al Patrimonio, a la trazabilidad (12,5 millones), a la ley de riego (3 millones) o a la vacunación antiaftosa (13 millones)?

Al margen de eso, Daniel Martínez ha explicado que “importar en decenas y decenas de pequeños barcos los distintos productos, para cubrir el consumo nacional es más caro que importar crudo en un barco con 1 millón de barriles cada poco menos de un mes y refinarlo en el país”.

Por otra parte, si perdemos Ancap, dejaremos de producir supergás, y si importamos la totalidad de lo que consumimos, saldrá mucho más caro. No es una especulación. Como Ancap no produce lo suficiente, hay una parte que importa y ya sabemos que el costo es muchísimo más elevado. Como mínimo, se estaría cumpliendo el deseo de Isaac Alfie (ministro de Economía en las sombras desde la OPP) de que la garrafa de 13 kilos valga 1.300 pesos.

A ellos no les importa ni el bienestar de la población ni el medioambiente. Uruguay apostó a su protección al mezclar etanol en las gasolinas y biodiesel en el gasoil, lo que nos llevó a pagar un pequeño sobrecosto; pero gracias a ese esfuerzo colectivo disminuimos el impacto ambiental. Los diputados de la coalición gobernante, cumpliendo directivas del Poder Ejecutivo, han presentado un proyecto para eliminar la obligación de mezclar 5% de biodiesel en el gasoil para bajar el precio de venta al público. Esta mezcla se realiza para contrarrestar el efecto invernadero; pero a ellos solo les importa el precio final.

Si logran concretar su propósito de cerrar ALUR y terminar con la producción de biocombustibles, la consecuencia medioambiental será equivalente a tener medio millón más de automóviles en la calle, mientras que rescindir el contrato con la empresa Cousa, que provee a ALUR de materia prima, nos costará más de 60 millones de dólares. Todo por ahorrarnos 1,5 pesos de sobrecosto.

ALUR está montada sobre un trípode al cual basta con quitarle una pata para que caiga toda la estructura. Las plantas de Capurro, Paysandú y Bella Unión se sostienen mutuamente. La buena zafra de una protege a las demás cuando están en baja. El juego del gobierno es cerrar una que esté mal para así derrumbar a todas. Luego irán por Ancap, de la cual ALUR es subsidiaria.

La entrega del puerto

Mientras tanto, ya entregaron el puerto a un monopolio privado (Katoen Natie) hasta 2081 (o sea, por 12 períodos de gobierno) y las maniobras con Antel son groseras. En el primer caso, Lacalle decidió favorecer a un operador con el argumento de que tal empresa nos podría demandar y ganar el juicio, cuando no existe informe alguno que sustente dicho extremo. Por el contrario, ya esta empresa demandó al Estado uruguayo en 2008, con argumentos similares a los que tendría ahora, y la sentencia se dictó en contra de la empresa. Lo tragicómico es que, por evitar un juicio, ahora le lloverán demandas de los demás operadores portuarios; pero con una diferencia: ellos sí tendrán fundamentos para ganarnos los juicios, ya que con este acuerdo nefasto entre el gobierno y Katoen Natie se echará del puerto a sus competidores y se perderán 1.000 puestos de trabajo. Lindo año 2021 para que un millar de familias pierda su sustento.

Esta entrega (no hay otra forma de llamarle) viola la Constitución de la República, la Ley de Creación de la TCP y la Ley de Puertos, entre otras normas (de la transparencia del acuerdo mejor ni hablemos); pero no será fácil para la bancada frenteamplista revertir semejante operación. El Partido Colorado propone una nueva ley para legalizarla; lo cual, traducido al criollo, significa que reconocen la ilegalidad.

El diario El País arremete contra el monopolio de Ancap; pero no se queja del monopolio de la empresa belga en el puerto. Lo que no pierde nunca es la oportunidad de destilar veneno contra los sindicatos. Su odio de clase chorrea sin control por sus grandes páginas, siempre al servicio de los poderosos. En su editorial del 17 de agosto, exigió al gobierno dar la gran batalla y terminar con el monopolio de Ancap. En esta embestida colaboran también desde el programa Santo y Seña, de canal 4, justificando al presidente al incumplir su promesa de no subir el precio de los combustibles y presionando para que cierre ALUR.

Si solo quisieran bajar el precio, bastaría con que el MEF le bajara el Imesi a Ancap en lugar de habérselo subido.

La entrega de Antel

¿Qué puede explicar esta desesperación por perjudicar al Estado y beneficiar al capital privado? ¿Qué justificación tenía lo planteado en el artículo 281 de la Rendición de Cuentas, que suprimía la obligación de los organismos del Estado de colocar sus fondos en la banca pública, perjudicando al BROU y favoreciendo a la banca privada? A fines de julio el gobierno tuvo que retirar este artículo por falta de apoyo de sus socios políticos; pero sus intenciones e intereses quedaron a la intemperie.

¿Cómo explicar la decisión de Mercedes Aramendía, presidente de la Unidad Reguladora de Comunicaciones (Ursec) de regalar 6.500.000 dólares a las telefónicas privadas al rebajar drásticamente lo que deben pagar por el uso de redes ajenas, lo que perjudica directamente a Antel? ¿Este beneficio a la competencia de Antel en telefonía móvil tiene que ver con que, aparte de Claro la otra beneficiaria es Movistar, donde, casualmente, Mercedes Aramendía ocupó un alto cargo?

Con la nueva ley de medios Antel quedará habilitada (léase “obligada”) a arrendar su infraestructura de fibra óptica para que las empresas privadas puedan ofrecer sus servicios de internet. A la trampa de la portabilidad numérica, se suman otras artimañas. Gabriel Molina, presidente de Sutel, denunció que el actual presidente de Antel, el ingeniero Gabriel Gurméndez, afirmó “que no iba a seguir ofreciendo contenidos porque no era su cometido tener una plataforma para que los uruguayos pudieran, a través del celular, ver películas u otros contenidos; pero resulta que Movistar y Claro, que compiten con Antel, sí pueden tener TV y contenidos a través del celular”.

Recordemos que el ingeniero Gabriel Gurméndez ya estuvo en la empresa en los gobiernos de Luis Lacalle Herrera y Jorge Batlle y celebró con bombos y platillos cuando Claro, empresa de Carlos Slim, accedió a una banda de telefonía celular, luego de lo cual fue nombrado gerente general del aeropuerto de Cancún, perteneciente a una sociedad anónima vinculada al magnate mexicano.

Así de retorcida es la realidad. Ahora bien, votante multicolor, si comprendiste hasta aquí lo que es la punta del iceberg, la pregunta es: ¿qué vas a hacer para impedir que esta maniobra contra el patrimonio de los orientales se lleve adelante? ¿Te comiste la pastilla de que Un Solo Uruguay protesta contra el gobierno o vas a despertar de una vez y ver que ambos están contra Ancap? ¿Acompañarás a tus compañeros en las movilizaciones o te quedarás cruzado de brazos en tu casa mientras los blancos entregan el país?

La inocencia no mata al pueblo; pero tampoco lo salva.