La guerra de los trompos

Cualquiera que tenga dinero puede llegar a diputado, senador o ministro. Algunos han hecho un mal negocio y otros, aunque la inversión en una campaña no redundó en la cantidad de votos esperada, se las ingeniaron para negociar su apoyo y lograron acomodarse en un cargo con un sueldo que nunca es malo, ya que son los mismos políticos los que deciden cuánto deben ganar.

Como decía, la inversión no siempre sale bien; pero es difícil que salga demasiado mal. Juan Sartori volcó una verdadera fortuna para ser candidato presidencial del Partido Nacional pese a su desconocimiento sobre Uruguay, lo que le llevó a criticar el monto del Salario Mínimo Nacional aun cuando ignoraba en cuánto estaba. Como sea, terminó siendo senador; y cuando no está, es su madre quien ocupa la banca. No me digan que no es tierno. No menos amoroso es Guido Manini Ríos, quien negoció con Lacalle II el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y colocó allí a su esposa, Irene Moreira, la cual ya figuraba en el tercer lugar de la lista de Cabildo Abierto al Senado; o sea que estaba cubierta con un cargo por todos lados.

Manini también prioriza a sus camaradas de armas a la hora de la repartija de cargos, lo cual ha provocado la desbandada de muchos militantes civiles. De esto ya hemos escrito en otras notas; pero en los últimos días se sumó a los “desertores” Sebastián Martínez (quien con casi 5.000 votos fue el candidato a diputado más votado de Rocha), denunciando (como ya han hecho todos los que abandonaron Cabildo Abierto) que un grupo de militares dirigen el partido como si fuera un cuartel y los civiles, meros reclutas. “Renuncié por la verticalidad. Ahí, todo marcha por órdenes militares; y acomodaron a todos los militares, coroneles, tenientes coroneles, y a los que laburamos y le metimos para adelante nos tiraron para afuera”, confesó en una nota a Jorge Bonica.

Desde que Fernando Cristino llamó a la vicepresidenta para exigirle la devolución de favores personales por medio de la política, las máscaras no paran de caer. Romina Fasulo (a quien respeto mucho por su historia de vida) protagonizó un patético reclamo de acomodo en la administración pública, exigiendo que le dieran un cargo de confianza como pago a su apoyo. Romina, dirigente del ya casi extinto Partido de la Gente, fue la tercera suplente de Laura Raffo en la coalición multicolor ante la elección departamental de Montevideo. “El 10 de setiembre me reuní con el presidente @LuisLacallePou y con el secretario@AlvaroDelgadoUy para saber y negociar mi puesto. Estoy esperando respuesta a algo que se comprometieron”, ventiló por Twitter.

Otro que recurrió a esta red para reclamar un cargo como premio a su militancia fue el el Dr. Maute Saravia. Furioso con el presidente, lo incineró: “Le pregunto a Luis Lacalle Pou sobre la estancia ‘Piedra Cabeza’, en ruta 7, que él me decía que era de su madre y nunca fue declarada. Que responda sobre el cable de Lascano que se le adjudicó a Horacio Abadie (síndico del Banco Pan de Azúcar) y que era testaferro de Julia Pou y en 2007 le pidió que se lo devolviera. ¿Cómo logró la ‘emprendedora’ esposa del presidente tener como cliente de ‘paisajismo’ al Hipódromo de Maroñas? ¿Y es casualidad que el gerente de ese hipódromo, Gurméndez, haya sido designado presidente de Antel?».

El problema es que hay muchos nenes y nenas para pocos trompos.

Algunos cobran lo suyo (ya sea por apoyo durante la campaña, como por amistad o parentesco) de manera lateral; caso del amigo de Luis Lacalle Pou, al que el Ministerio del Interior decidió comprar en forma directa 55 vehículos todo terreno haciéndole un dribbling a la licitación. En octubre, el Mides volvió a contratar de manera directa al asesor de campaña de Lacalle, Daniel Supervielle, escritor del libro La Positiva, que había sido contratado por cinco meses en marzo y ahora es contratado por cinco meses más, tarea por la que cobrará 457.500 pesos.

Mientras Isaac Alfie no para de hablar de ajuste y recorte, acomoda como asesores de la OPP a sus amigos Julio Brun, Gustavo Michelin y Guzmán Ifrán, todos con remuneraciones de $ 142.189 + IVA. Por su parte, el gobierno contrata como asesores y consultores a los hijos de dos exministros: Juan Andrés Ramírez Saravia, con una remuneración mensual de 140.466 pesos más IVA (para el MI) y Marcela Bensión Mallo (para el MEF) con 265.724 pesos más IVA.

Quienes militan en estos partidos, difícilmente lo hacen por vocación de servicio o amor a la patria, sino por succionar al Estado hasta la última gota. Excepciones hay, por lo que no extraña que odiaran a Ernesto Talvi cuando como canciller se negó a meter a dedo en el Ministerio de Relaciones Exteriores a toda una lista de referidos.

Julio Luis Sanguinetti fue otro de los reclamantes, poniendo por delante sus dos años de militancia. Por culpa de Talvi, no pudo entrar a la apetitosa CARU (donde se mueve una fortuna impresionante); pero como al parecer tiene capacidad para lo que sea, lo nombraron vicepresidente de UTE. Si su padre no fuera también el padre de la coalición multicolor, no le daban un cargo ni de guardia en la Estancia Anchorena.

Explícamelo, Freud

Uno de los acomodos más insólitos fue el de Gonzalo Ferreira, hoy senador por Cabildo Abierto como suplente del general. En ese partido están todos los que querían a Wilson preso o muerto y, si no fuera mucho pedir, torturado previamente. Lo odiaban desde lo más profundo de su alma por la lucha del caudillo contra la dictadura, más allá de que, ya en democracia, terminó apoyando la ley de Caducidad. En ese partido están los que defienden a los violadores de derechos humanos y a los que provocaron el exilio de su familia y los asesinatos de Zelmar Michelini y Gutiérrez Ruiz, salvándose Wilson de milagro, porque iban por él en la misma noche.

¿Tanto odiaba Gonzalo a su padre? ¿Tanto vale un cargo para él como para apoyar al partido que defiende a quienes aportaron a su familia los años más amargos?

Siga el baile

En fin, el circo y la repartija siguen, y mientras los multicolores solucionan la economía de sus parientes y amigos, los funcionarios del Mides siguen sin cobrar sus sueldos desde hace meses y, en plena crisis económica, Gerardo Sotelo deja sin trabajo a decenas de colegas y el directorio del INAU deja en la calle a 29 personas vinculadas a la atención y educación de niñas, niños y familias.

Se hacen anuncios escandalosos sobre auditorías que vienen realizando y, al final, entre las cosas más trascendentes, hay “hallazgos” que demuestran que los informantes no tenían mucho para llenar las hojas. Entre las conclusiones más ridículas de Uruguay XXI, referida a las rendiciones de viáticos, está la queja de que es “difícil evaluar la pertinencia y control de los gastos en el exterior dado que se rinden comprobantes en otros idiomas”. Esto llevó al diputado Gustavo Tato Olmos a plantear: “Vaya uno a saber a quién se le pasó por la cabeza que un organismo que se dedica a la promoción de exportaciones y que organiza misiones comerciales a los mercados objetivo, puede pedir en Beijing o Moscú un comprobante en castellano”. Estos brillantes investigadores también descubrieron que a la Dirección Nacional de Migraciones se le coló en 2019 una persona (sí ¡una!) que no debió haber ingresado al país. Genios.

Por otra parte, el gobierno se sigue vistiendo con plumaje ajeno inaugurando obras realizadas por el gobierno anterior o anunciando cosas o medidas ya existentes, como el boleto estudiantil gratuito o la red eléctrica en las localidades de Las Chircas, Las Pajas y Minuano, en Tacuarembó. El presidente no perdió la oportunidad de hacerse presente. Estoy seguro de que aprovechó la inauguración para felicitar al anterior gobierno por este avance; pero no encuentro la noticia. Quizá espere a hacerlo cuando anuncie algo llamado Plan Ceibal.

Mientras tanto, otro indigente fue agredido en el Parque Batlle de Montevideo. Cuando dormía junto a un contenedor, un sujeto intentó prenderle fuego. Ya son demasiados casos como para pensar que están desconectados.

Y como al final todo se sabe, Isaac Alfie ha sido desenmascarado. Ha quedado demostrado (gracias al semanario Búsqueda) que le mintió a su país sobre su participación en la demanda de Aratirí contra el Estado uruguayo. El sombrío titular de la OPP hizo todo lo posible para que la empresa privada le quitara a Uruguay 3.000 millones de dólares.

No sabemos cuánto le habrían pagado si se hubieran salido con la suya; pero no hay drama para él. Con la repartija actual, él, su familia y sus amigos quedarán salvados por décadas.

En fin, esto es lo que votaron y acatamos el veredicto de las urnas. Eso sí, orientales, no vengan luego a pedirle al próximo gobierno frenteamplista que levante de nuevo a Uruguay de las ruinas de la noche a la mañana.

Esta vez, así como vamos, no dejarán ni los escombros.