El prosecretario detalló que la iniciativa fue construida por un grupo de trabajo coordinado por la Prosecretaría de Presidencia e integrado por representantes del sistema judicial, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y Cultura, la Fiscalía y el Colegio de Abogados.
Inquietudes planteadas
Durante la sesión, los legisladores plantearon inquietudes sobre diversos aspectos del proyecto, entre ellos la prisión preventiva, la libertad a prueba, la libertad anticipada, el proceso abreviado y el rol del juez. “Hubo un conjunto muy importante de preguntas sobre los diferentes institutos”, indicó, y consideró que el intercambio marcó “el comienzo de la labor parlamentaria”.
En relación con la polémica sobre delitos de lesa humanidad y libertades anticipadas, Díaz confirmó que el oficialismo resolvió retirar uno de los artículos del proyecto. “Hay un acuerdo entre la bancada y el gobierno de retirar ese artículo”, sostuvo, al tiempo que señaló que se buscará una nueva redacción que alcance los consensos necesarios.
El jerarca subrayó que el objetivo es corregir situaciones que, en la aplicación actual de la normativa, pueden derivar en “una serie de injusticias”, y puso como ejemplo casos de penas sin posibilidad de reducción ni acceso a beneficios. "Nosotros no renunciamos a que se le pueda otorgar la libertad anticipada, por ejemplo, a una mujer que por ingresar 50 gramos de marihuana a un establecimiento carcelario tenga que cumplir una pena íntegra de 4 años y no pueda reducir pena por trabajo y estudio, y tampoco pueda pedir la libertad anticipada".
Finalmente, afirmó que la suspensión del proceso a prueba está contemplada en los proyectos en discusión y cuenta con respaldo unánime del grupo técnico. “Es un instituto que es necesario para darle herramientas a los operadores del sistema”, señaló.
