El proyecto de Ley de Urgente Consideración dado a conocer por el presidente electo entraña un profundo acto de deshonestidad cuyas consecuencias pueden ser dramáticas. Es deshonesto, porque Lacalle Pou reveló que venían trabajando en esta ley en octubre de 2018 –en entrevista concedida al diario El País–, pero se cuidó de mantener su contenido oculto durante trece meses, aunque ya lo sabía y hasta conocía el número aproximado de artículos con los que contaría la norma. Es deshonesto porque se ampara en una urgencia que no existe y que abarcaría a todas las funciones del Estado, para imponer un programa de restauración mediante un trámite expedito que clausura la discusión parlamentaria.
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Para los que seguimos la política cotidianamente y conocemos el pensamiento de la derecha, no hay ninguna novedad llamativa en un proyecto de punitivismo rancio, antisindical, desregulador y hondamente neoliberal, pero a la gente la estafaron. Le escondieron la ley durante toda la campaña electoral, tanto el mismísimo Lacalle Pou como los medios de comunicación afines a él, que eran, son y seguirán siendo la inmensa mayoría y los más poderosos; medios que, además, surgen, sobre todos los canales, fuertemente retribuídos en este proyecto, que les va a permitir hacer los negocios que querían y no podían, cuando La Ley de Urgencia derogue parcialmente la Ley de Medios y además se les autorice a ofrecer internet.
El 30 de agosto del año pasado, en Caras y Caretas publicamos lo que habíamos podido averiguar de lo que se estaba tramando. Así señalamos que si Lacalle Pou resultaba electo, la Ley de Urgencia iba a incorporar la “eliminación de la representación docente en la ANEP”; la “creación de una regla fiscal para financiar el gasto público”; la “reorganización del Ministerio de Desarrollo Social”; la “presunción simple de legítima defensa” para los policías; el “control de las sociedades anónimas de los entes públicos”; la “ley de derribo”; la “autonomía absoluta de las unidades reguladoras”, que calificamos como “otro paso para avanzar sobre las empresas públicas, fijándoles parámetros y estándares hasta que consigan su sueño (derrotado en el plebiscito de 1992) de privatizarlas en todo o en parte”; la “desregulación de la importación de combustibles”, cuyo propósito es liquidar Ancap; la “eliminación de la bancarización obligatoria”; la “conformación de una comisión para establecer reformas a la seguridad social”; y hasta la “creación de una Agencia de Monitoreo y Evalaución de Políticas Públicas”.
Aunque estuvimos finos en los pronósticos, nos quedamos cortos. La ley es todavía peor que todo lo que podíamos imaginarnos y regula materias de una heterogeneidad asombrosa. Valga de ejemplo que en un artículo se mete con la Ley Orgánica de la Universidad de la República y le quita a la Universidad la competencia de revalidar títulos extranjeros, y en otro artículo autoriza a las carnicerías a hacer chorizos artesanales.
Usted se preguntará por qué Lacalle Pou incurrió en la torpeza de regular mediante esta ley asuntos tan disímiles y de trascendencia incomparable. Sin perjuicio de la existencia de normas a demanda de amigos y particulares –la de los chorizos no puede tener otro fundamento–, cabe admitir que la urdimbre de la ley respondió a la lógica megalómana del hijo de un patrón de estancia cuando le escribe una carta a Papa Noel: lo mismo pide una Play, una tabla de Surf, un pasaje a Disney y un sobre de figuritas del álbum del Mundial. Es una ley para materializar sus sueños, confiado en la robustez inicial de una coalición multicolor, que debería darle los votos para darle vuelta y vuelta al Uruguay porque se le canta. Más que una ley, es una bravata de baladrón.
Dicho esto, ¿qué opción le deja a la sociedad que no comparte su delirio? Debatir está claro que no, porque el trámite parlamentario previsto para una Ley de Urgente Consideración obligaría a cada una de las dos cámaras a dar tratamiento, debate y aprobación a la friolera de diez artículos por día y, así y todo, con ese ritmo frenético, le faltaría un día a cada cuerpo legislativo para abordar los 459 artículos de la norma. El único instrumento posible, si se aprueba, es promover su derogación por medio de un instituto de democracia directa, lo cual tampoco representa una novedad, porque varios de los proyectos más ambiciosos de esta la Ley de Urgencia ya han sido derrotados en las urnas. Entre ellos, la ley de desmonopolización y asociación de Ancap aprobada en 2001 en el gobierno de Jorge Batlle y derogada en referéndum por más del 60% de la ciudadanía el 7 de diciembre de 2003, que ahora Lacalle Pou quiere reintroducir como a un zombie que emerge atravesando la tierra con las falanges agusanadas.
De ahora en adelante, la izquierda y el movimiento popular uruguayo deben abstenerse de llorar sobre la leche derramada. Porque llorar no sirve para nada. La única estrategia para contener el daño tremendo que este verdadero aparato legal puede producirle a nuestro país es poblar de argumentos la cancha, compartir la información, analizarla colectivamente, recorrer el país, casa por casa, para que todo el mundo sepa lo que se está votando, y organizar la mayor juntada de firmas de la historia que nos lleve derechito al referéndum, donde una vez más el pueblo los derrote. No hay otro camino que el debate y la lucha. No hay otro camino que volver a lo que éramos cuando no teníamos la sartén por el mango ni la máquina de ganar de votaciones en el Palacio Legislativo. No hay otro camino que volver a ser la izquierda de la resistencia, la que nos dio todo, desde la organización hasta la esperanza, la que nos hizo lo que fuimos, cuando éramos más flacos y perdíamos siempre, sin cargos para repartir ni ambiciones desmesuradas, pero capaces de forjar la historia en la mitad de avenida. Vamos a necesitar de la memoria de nosotros mismos.