Hay una intención cruzada evidente entre el presidente saliente y el presidente electo durante este período de coexistencia: Tabaré Vázquez quiere llevarse bien y Lacalle Pou quiere llevarse mal. Mientras Tabaré busca asegurar una transición ejemplar, y se prodiga en gestos de un republicanismo atípico en el mundo, como llevar a Lacalle Pou de paseo a la asunción del presidente argentino Alberto Fernádez, Lacalle Pou no pierde oportunidad de increpar a Tabaré y a sus ministros, incluso por motivos absurdos, como la declaración de emergencia social por la violencia machista.
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Los noventa días que separan la elección nacional de la asunción del nuevo presidente nos permiten contrastar a un estadista consumado con un aspirante que ha obtenido, con un poco de chiripa, su primera victoria electoral. Todo eso influye en la forma en que transitan este interludio institucional. Pero obviando el psicologismo, o maquiavelizando, si la actitud componedora de Vázquez persigue un objetivo político concreto –por ejemplo: dar un mensaje de lealtad institucional y seriedad a tono con el carácter democrático y republicano del período progresista–, la beligerancia de Lacalle Pou también es con arreglo a fines.
Hipótesis. Lacalle Pou quiere ensuciar la transición, llenar de dudas la calidad y buena fe del gobierno actual para llevar adelante este proceso, porque necesita instalar un relato de herencia tremendista que le haga más sencilla la tarea de justificar medidas dramáticas, impopulares y, por si fuera poco, urgentes. Si el proceso de transición transcurre en bajada, con apariencia de cuentas claras e información completa, derrochando sonrisas y sensación de transparencia, entonces se vuelve cuesta arriba aplicar terapias de shock, soluciones de máxima y la gama de “auditorías” persecutorias que componen la hoja de ruta implícita. Por el contrario, si logra convencer de que todo es un desastre, que el gobierno saliente está actuando de mala fe, plantando obstáculos, minando el campo del próximo ejercicio y pateando problemas para que le queden a él, entonces le cabe recurrir a la victimización profiláctica que lo blinde del mal humor social.
Conforme pasa el tiempo y el contenido de Ley de Urgente Consideración se mantiene oculto, aunque el propio Lacalle Pou adelanta que tiene un borrador con 457 artículos que podrían escalar hasta los 600, cada vez resulta más tenebrosa la estrategia. El presidente electo está jugando a la escondida, ya no con la futura oposición, sino con toda la sociedad que desconoce completamente de qué irá la ley. Y se la ignora por partida de doble: porque no solo es un misterio el contenido de la ley, tampoco se saben cuáles son los problemas cuyas urgencias la justifican.
Una ley así, precedida por tres meses de mala onda y suspicacias entre los que vienen y los que se van, rodeada de secretismo, súper extensa y abarcativa de una variedad indefinida de aspectos de la vida del país, redactada por un Mary Shelley de la legislación capaz de satisfacer en una sola norma los apetitos múltiples de una coalición frankesteiniana, no puede terminar bien. Como método es delirante. Es un trámite prepotente, sin posibilidad real de debate, que aspira a legislar sobre temas en los que el parlamento ha invertido años, pero hacerlo en dos meses. Y como además no permiten que se conozca antes, es obvio que persiguen deliberadamente la ignorancia social. Y esto es bien grave: el ocultamiento ya no tiene propósito electoral, tiene el objetivo de que a la gente no lo dé el tiempo para digerir lo que se está tratando y no pueda prepararse resistirlo.
Ya me imagino toda la escena. El presidente electo Luis Lacalle Pou va a asumir el primero de marzo y va a pronunciar un discurso frente a la Asamblea General, presentándose como el exorcista en un película de terror. No viene a gobernar, viene a extirpar el mal. Un mal que no quedó encapsulado en los años que gobernaron sus hacedores, sino que acecha el futuro, porque habría trampas e inóculos sembrados plagando el camino que conduce a la salvación. Por eso tendrá que actuar con firmeza y celeridad para desactivar las bombas de la herencia que amenazan la tranquilidad del futuro. Así se va a intentar justificar, y para dotar su discurso de credibilidad tiene la obligación, por los próximos dos meses, de llevarse mal.