La mirada del adiós

El 16 de mayo fue el último día de Ricardo Pérez Manrique como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Pérez Manrique debió retirarse al alcanzar el límite de edad impuesto por el artículo 250 de la Constitución de la República para el desempeño de ese cargo: 70 años. Una semana después de dejar su puesto, Pérez Manrique recibió a Caras y Caretas en su casa y habló sobre diversos asuntos que marcaron los cinco años que integró la Corporación, entre ellos, los preparativos para la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), la falta de presupuesto para el Poder Judicial y la necesidad de mejorar el servicio que se brinda a la ciudadanía.   En diciembre de 2014, usted dijo que había que “repensar el sistema de justicia” y se refirió a la forma en que el Poder Judicial estaba desplegado en el territorio. ¿Considera que en este tiempo se pudo repensar el sistema? El Plan Estratégico, aprobado en 2015 después de un largo proceso de discusión a la interna del Poder Judicial, pero también con organizaciones de la sociedad civil, es la piedra angular en la que se asienta un cambio en la forma de pensar el Poder Judicial. Uno de los vectores de ese Plan Estratégico es mejorar el acceso a la justicia y el relacionamiento con la ciudadanía, para, de esa forma, mejorar la imagen del Poder Judicial y lograr la satisfacción del usuario, que es el objetivo máximo de este plan. Ahí hay una discrepancia que he marcado durante toda mi carrera: hay un servicio de Justicia para Montevideo, con especialización, con disponibilidad de medios técnicos, y un servicio de justicia para el interior. En 2008, el Comité Cedaw [Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, por su sigla en inglés] realizó un taller para analizar las respuestas que Uruguay brindaba a los problemas de discriminación contra la mujer y dedicó un párrafo a marcar esta clara dicotomía entre Montevideo y el interior. Un fuerte desafío que tiene el Poder Judicial en los próximos años es poner en funcionamiento ese Plan Estratégico, articularlo con sus objetivos transversales, que son la cuestión de género, la ética y la modernización, y el trabajo que se está realizando genera muy buenas perspectivas de cambio. Pero hay cambios que no se pueden realizar sin el apoyo presupuestal imprescindible. Si queremos crear nuevos juzgados en el interior, enviar nuevos equipos técnicos, entre otras cosas, se requiere un fuerte apoyo presupuestal.   ¿Quebrar esa dicotomía Montevideo-interior es un problema exclusivamente de índole presupuestal o también hay un problema cultural a la interna del Poder Judicial? Como en toda institución hay una tendencia a cierta inercia y a admitir como válido lo que ya existe. Hay temas que escapan a la visión general de la ciudadanía, pero quien está dentro del sistema no sólo los conoce, sino que los sufre. Cuando en un departamento “x” del interior, hay un solo juez penal y un solo juez que atiende las otras materias, el juez penal está sobrecargado de trabajo –y ahora tendrá toda la recarga del nuevo proceso penal, porque no en todos lados se podrán crear nuevos juzgados–, pero el juez de las otras materias está absolutamente sobrecargado, porque tiene que atender los asuntos de familia, civiles, laborales –que imponen períodos muy cortos para resolver– y todas las materias de urgencia en violencia doméstica y de los artículos 117 y siguientes del Código de la Niñez y la Adolescencia (en Montevideo hay ocho juzgados para atender esta materia). Ese juez, esos jueces y esos juzgados están absolutamente recargados de trabajo y eso conspira contra una mejor prestación del sistema de justicia. Pero no sólo es un tema que implica mejorar el servicio para la ciudadanía, sino mejorar las condiciones en que se presta el servicio para los propios operadores judiciales.   ¿Por qué no eclosionó un sistema con tantos problemas? En gran parte el sistema funciona en base a sacrificios personales y por eso a veces el sistema se resiente. Hay operadores que actúan dejando todo en el cargo –su tiempo, sacrificando su familia– y hay otros que actúan con otra distancia, lo que no quiere decir que esté mal –no estoy haciendo críticas de carácter ético ni moral–, pero se aprecia el cambio de un juez a otro. Eso lógicamente conspira contra el sistema. Otra área dónde el sistema judicial está absolutamente en déficit es el área de las Defensorías Públicas. Por ejemplo, hace unas semanas me tocó junto al doctor Eduardo Turell realizar la visita de cárceles en todo el litoral y en los departamentos con las cárceles más grandes, como Salto y Paysandú, se dieron situaciones que demuestran este déficit. En Salto, la defensa de la mayoría de los procesados que desfilaron la hizo una funcionaria administrativa, con título de abogada, a la cual se le paga un plus para que se haga cargo de una defensoría; ella era la única defensora pública que teníamos, y lo hizo muy bien. En Paysandú pasó algo similar: por un problema de salud del titular, fue el defensor público de Familia quien tuvo que afrontar toda la defensa de todos los patrocinados. Entonces, con base en esfuerzos individuales y de compromiso se mantiene un sistema que no aguanta más y que requiere una sólida inversión presupuestal.   ¿Usted considera que en estos últimos años existió una idea de ahogar financieramente al Poder Judicial como se planteó desde el gremio de funcionarios? Hay que admitir que fueron períodos muy difíciles, sobre todo a partir de 2013, cuando a raíz de diversas sentencias de inconstitucionalidad existieron situaciones de enfrentamiento con el Poder Ejecutivo y con el partido de gobierno. Pero no puedo atribuir la intención política de ahogar al Poder Judicial. Lo que sí puedo decir es que, en los hechos, esta actitud negativa de acceder a los reclamos presupuestales llevó a que, en algunos años, se negaron incluso artículos sin costo, que no implicaban ninguna carga para el Poder Judicial. Paulatinamente se ha logrado revertir esa situación. El año 2016 puede ser considerado un año bisagra para lograr los fondos necesarios para cubrir los desniveles presupuestales y llegar a fin de año. También el acuerdo por el CPP es promisorio. Y se está ingresando en el umbral de una nueva Rendición de Cuentas y espero que quienes siguen en la Corte y quienes están en el manejo de la política económica puedan tener un nivel de diálogo adecuado para tener mente abierta para algunas cosas que no implican gastos desmesurados y que, con inventiva y creatividad, pueden lograr mejoras sustanciales en el servicio.   Un sinceramiento Con esta realidad que usted plantea, ¿el Poder Judicial está preparado para un cambio como el del CPP? El Poder Judicial está trabajando desde hace muchísimo tiempo para poder ponerlo en práctica. Sabemos que hay varias posiciones que pugnan por una prórroga de su entrada en vigencia. El actual presidente de la Corte, el doctor Jorge Chediak, dijo en febrero de este año que no se podía pretender que la puesta en funcionamiento fuera perfecta y que iban a existir inconvenientes. En lo personal, creo que hay inconvenientes que se relacionan con opciones de política que se han tomado. Para mí es un error, lo he dicho muchas veces, empezar a aplicar el CPP de una vez en todo el país. Debió haberse previsto aplicarlo por zonas. Hay dos países sumamente exitosos en la aplicación por regiones: Chile y Panamá.   ¿La aplicación por regiones no era inconstitucional? Esa fue una versión que surgió de la propia Corte, por parte del doctor Daniel Gutiérrez y que compartía el doctor Jorge Ruibal Pino. Pero nunca tuvimos la oportunidad de plantear la que para nosotros era la forma de evitar caer en una inconstitucionalidad. La fórmula era muy sencilla: el único factor distorsionante que ameritaba una inconstitucionalidad –y lo puedo decir ahora que no estoy en la Corte– era el régimen de prisión preventiva. Si aplicábamos el nuevo régimen procesal al norte del río Negro –por poner un ejemplo–, pero aplicábamos a todo el país el régimen de prisión preventiva, no iban a existir mayores diferencias. Esto nunca se pudo manifestar así, se dio por cerrado que había riesgos de inconstitucionalidad y se decidió aplicarlo en todo el país. Me parecería muy bien que existiera un sinceramiento de todos los actores en cuanto a determinar, departamento por departamento, en qué condiciones estamos para aplicar el nuevo CPP.   ¿Nunca se pudo plantear esa hipótesis? Nunca hubo una oportunidad adecuada para plantearla. Extraoficialmente se habló con algún legislador, pero una cosa es lo que uno pueda hablar y otra plantearlo oficialmente. Ahí hay un problema de diseño, pero lo damos por superado. Todos partíamos de la base que había un compromiso político institucional de empezar a aplicar el CPP el 16 de julio, pero han surgido hechos que imponen que algunos sectores soliciten una prórroga. Tiene que llegar un momento de sinceramiento en el que se encuentren todos los poderes del Estado y el Ministerio Público y que cada cual diga sinceramente en qué nivel está de implementación y definir si se puede o no se puede, si se aprueba o no la prórroga, y fijar una fecha.   ¿Por qué no se produce ese sinceramiento? Es un proceso que está en camino. Hay una instancia de diálogo –la Comisión Interinstitucional– en la que están los tres poderes del Estado y el Ministerio Público, y en ella estos temas tendrán que conversarse. Una cosa que aprecio es que el conflicto salarial de los funcionarios judiciales está complicando el proceso de implementación porque una de las medidas que han tomado es no participar en capacitaciones ni en ningún acto concreto de implementación. Hay complicaciones.   ¿Por qué la Corte no acompañó diversas propuestas que están en el anteproyecto, como la creación del sistema de doble juez? Porque un proyecto de ley de esa envergadura no se puede proponer 70 días antes de la fecha de entrada de vigencia del código, porque no hay tiempo para aprobar la ley o porque no habrá tiempo para implementarla. Por ejemplo, el sistema de doble juez está planteado desde siempre. Cuando fuimos al Parlamento a fines del año pasado a aprobar las reformas del CPP, quedó muy claro que se deja sin efecto el sistema de doble juez porque no hay rubros presupuestales para aplicarlo en todo el país. Si antes no había posibilidades de aplicarlo, no las hay ahora. Otro tanto pasa con el régimen penal adolescente; soy el primero en decir que tiene que haber un proceso penal acusatorio, pero hace falta tiempo para ajustar todo. Si trabajamos con la hipótesis del 16 de julio, a esta se puede llegar únicamente mediante un proyecto de ley corto, que prevea sólo cambios institucionales, a lo que se agrega la eliminación del sistema de la libertad condicional y de la suspensión condicional de la pena, pero nada más que eso. Si se aprueba una prórroga de varios meses, quizá se pueda discutir todo y quizá el Poder Ejecutivo introduzca los recursos para crear los cargos y juzgados necesarios para trabajar con doble juez en todo el país.   La relación con la Fiscalía ¿Está al tanto de la versión que señala que muchos de los posicionamientos de la Corte en relación al CPP eran ‘pases de factura’ a ciertas actitudes que tuvo la Fiscalía General de la Nación en otras etapas de este proceso? ¿Qué reflexión le merecen? Esas versiones las oí. Lo que creo, ahora como ciudadano, es que la Corte definió una línea de trabajo que la mantuvo siempre y que desde la Fiscalía hubo más de una posición. Cada uno sabe en qué está fundamentado. La Corte no ha variado nada en función de “pasar facturas”. La Corte siempre manifestó cuál era su orientación de trabajo.   ¿El relacionamiento con la Fiscalía es distinto al que se podía esperar con un exjuez al frente de esa institución? Son instituciones diferentes. El fiscal de Corte, en definitiva, es alguien que actúa como un representante de la sociedad frente al delito y eso le da el carácter de parte en el proceso penal y le permite opinar como parte en muchas cosas. También desde el punto de vista institucional tiene una libertad que un ministro de la Suprema Corte no tiene. Un ministro de la Corte es la cabeza de un poder del Estado. Hay una diferencia institucional muy notoria y eso puede hacer parecer que hay diferencias donde no las hay.   El CPP entrará en vigencia en un contexto en el que los jueces están muy presionados por los niveles de violencia. ¿Eso puede ser un riesgo para el sistema, que se le exija más de lo que el sistema puede ofrecer? Hemos insistido desde un principio, y es una carencia que como ciudadano me preocupa, en la necesidad de instrumentar, ya desde principios de este año, campañas de difusión pública sobre el contenido del CPP para explicarle a la ciudadanía qué puede esperar y qué puede exigir de las instituciones respecto al CPP. No he visto un spot todavía. Me preocupa.