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La Revista | ladrones | crisis |

José y Carlos Rohm

Banqueros del poder y ladrones de dos orillas

La crisis del 2002 fue una tragedia provocada por ladrones de traje y corbata, con complicidades políticas y abogados siempre vinculados al poder.

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Veinte años después todavía no se ha escrito todo sobre la crisis bancaria de 2002. Una tragedia nacional que mandó a la pobreza de un día para otro a un millón de uruguayos, obligó a emigrar a 30.000 compatriotas, provocó el suicidio de centenares y una deuda que aún pagamos.

El banquero monegasco Edmond Safra -quien tenía varias propiedades en Punta del Este- decía a sus socios que “la mejor forma de robar un banco es comprarlo”.

Eso fue lo que hicieron exactamente los hermanos uruguayos Carlos y José Puchi Rohm. Residiendo en Argentina en 1971, con 20 y pocos años, trabajaban en una financiera que en poco tiempo controlaron y que en 1976 transformaron en el Banco General de Negocios (BGN).

En esos años, en dictadura y con el contexto de “la plata dulce” instalado por el ministro de Economía José Martínez de Hoz, los hermanos Rohm eran ciudadanos ejemplares, exitosos hombres de negocios, con iniciativa y audacia para solucionar problemas a muchos argentinos que necesitaban esconder o lavar su dinero.

En los años siguientes, los Rohm se asociaron con el Credit Suisse First Boston, el Chase Manhattan Bank y el Dresdner Bank. Con un pie en Suiza, otro en EEUU y un tercero en Europa, desembarcaron en Uruguay –participando en el Banco Comercial, creando la Compañía General de Negocios– y se registraron en los paraísos fiscales del Caribe.

Con esos antecedentes se convirtieron en los banqueros preferidos del menemismo. Aunque también se podría decir que, en función de sus fines, Carlos Menem era su presidente predilecto.

Entre sus amigos se contaba David Mulford, exsubsecretario del Tesoro de EEUU, uno de los propietarios del Credit Suisse First Boston y luego suegro de José Rohm.

El BGN no tenía locales, ni cajeros automáticos ni muchos funcionarios. Se dedicaba a intermediar operaciones financieras y a poner a salvo dineros argentinos con gran discreción, lejos de miradas estatales y sin hacer preguntas. Es decir, lavaban dinero. También tenían una diversificada cartera de empresas en propiedad. Por ejemplo, Química Estrella, asociada a fondos norteamericanos de inversión.

La década menemista los hizo protagonistas porque contaban con la confianza del poder como para intermediar en la puesta en el mercado de las acciones de YPF cuando se la privatizó. Un impresionante negocio que les dejó ganancias de decenas de millones de dólares en comisiones. Le siguieron las privatizaciones de Segba, Petroquímica General Mosconi, Petroquímica Bahía Blanca, Somisa, Altos Hornos Zapla y el Banco Hipotecario.

Intermediaron en la construcción del hotel Hyatt en Buenos Aires, con fondos del traficante de armas egipcio Gaith Pharaon, definido entonces por el FBI como “el mayor lavador de dinero en el mundo”. Laith Pharaon, su hijo, se asoció con el argentino Eduardo Pacha Cantón y desarrollaron Miramar Acres, un fraccionamiento de lujo ubicado en La Barra de Maldonado y también el hotel 5 estrellas de Carmelo, llamado Hyatt al principio.

Los Rohm estuvieron vinculados a la ruta de las coimas del caso IBM-Banco de la Nación. Según probó la Justicia argentina, por la Compañía General de Negocios de Uruguay pasaron 21 millones de dólares rumbo a bancos en Estados Unidos, Suiza y Luxemburgo. Por esta causa en 1997 fue procesado Carlos Rohm, pero “en 1999 logró ser sobreseído por el juez Adolfo Bagnasco y la sala 1 de la Cámara Federal, que entendieron que no podían probar que el banquero sabía que esos fondos eran coimas. Curiosamente, los cheques que movía la cuenta investigada aparecían a nombre de mozas de pizzería y de muertos”, escribió el periodista argentino Sergio Kiernan.

Kiernan afirmó que “el BGN era uno de los poquísimos bancos privados autorizados a pagar obras públicas en nombre del Estado. Otro era el Galicia, exponencialmente mayor que la pequeña entidad de Esmeralda 120. El negocio de la venta de bonos de deuda argentina en los mercados internacionales llegó de la mano de David Mulford, exsubsecretario del Tesoro de Estados Unidos, que casualmente es el representante del Credit Suisse First Boston en el BGN. El tránsito de estos bonos fue tan focalizado en el BGN que para 1993 ya tenía el puesto el número uno entre las agencias colocadoras de esos papeles”.

Este no es un dato menor porque, como se verá más adelante, en Uruguay también tenían gente que trabajaba “de los dos lados del mostrador”.

En los años 90 los hermanos controlaban el denominado “Grupo General de Negocios” integrado por: Compañía General de Negocios Sociedad Anónima de Inversión Financiera en el Exterior (Saife); Compañía General de Negocios SA; Banco General de Negocios SA y el Banco de Santa Fe, ambos de la República Argentina; y el Banco Comercial, la Compañía General de Negocios en Uruguay; y la sociedad Saint Louis Investment, con sede en Panamá.

Se lo vendieron a los ladrones

Históricamente el Banco Comercial perteneció a la más rancia oligarquía uruguaya. Sus propietarios eran los grupos Braga Salvañach, Gallinal Heber, García Capurro, Irureta Goyena, Ameglio, Supervielle, Santayana, Peirano, Taranco y Aramendía. Tenía varias colaterales y en 1971 sus accionistas eran propietarios de 300.000 hectáreas.

En los 80 tenía una importante cartera de incobrables. El Estado lo capitalizó más de una vez en 187 millones de dólares. Hasta que en 1989 mediante el convenio de Reestructuración Bancaria pasó a manos de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Aunque en total el Estado “invirtió” 400 millones de dólares para salvar a un banco fundido por sus propios dueños.

En 1990 gobernaba Luis Lacalle Herrera, su ministro de Economía era Enrique Braga, el subsecretario, Nicolás Herrera y el presidente del Banco Central, Ramón Díaz.

Entonces aparece en escena la Deutsche Sudamerikanische, asociada al Dresdner Bank. El estudio Guyer & Regules era su representante legal en Uruguay. El subsecretario de Economía, Nicolás Herrera, era socio principal del bufete.

Pero lo que pocos sabían era que detrás estaba la sociedad Saint Louis Investment de los hermanos Rohm. Casi todos los negociadores nombrados por el gobierno habían tenido vinculación con los interesados, según reveló el periodista Samuel Blixen en su libro Bancotráfico.

Finalmente se acordó su venta en 30 millones de dólares. Pero el gobierno debió enfrentar tres interpelaciones, una fuerte oposición del FA, de legisladores colorados y en la interna del propio Partido Nacional, encabezada por el diputado Jorge Machiñena, quien calificó a los banqueros como “ladrones” y motivó su ruptura definitiva con el herrerismo.

Luego de pasar raya y de los “quítame de ahí esas deudas”, el contador Ricardo Lombardo, representante colorado en el BCU, informó a su partido que “Uruguay pagó 1.500.000 dólares para vender el Comercial”. Sí, pagamos, nunca cobramos.

Así llegamos hasta el 23 de enero de 2002, cuando Carlos Rohm, vicepresidente del Banco Comercial, fue detenido por la Justicia argentina arriba de un avión de Lufthansa intentando huir. Su hermano José, director del mismo banco, había logrado fugar. Los hermanos se acusaron mutuamente de haber robado 250 millones de dólares de sus depositantes para “pagar deudas de Saint Louis Investment”.

Los socios extranjeros del Comercial anunciaron que “no se iban a hacer cargo y lo dejarían caer”.

Entonces el gobierno de Jorge Batlle lo capitalizó en 118 millones de dólares, lo que evitó “corridas” y escraches contra los Rohm.

La caída del Comercial, casi al mismo tiempo que la del Galicia, operó como aluvión sobre el sistema bancario uruguayo. Así marcharon enseguida el Banco de Cobranzas, el Montevideo y el de Crédito.

En diferentes documentos a los que accedió este cronista se establece la forma operativa empleada por el grupo para desviar el dinero que le confiaban sus clientes hacia empresas fantasmas que dirigían personalmente y lejos de los controles del gobierno uruguayo.

La CGN Saife era una banca offshore autorizada a funcionar en nuestro territorio por el Banco Central del Uruguay. Tenía sede en el lujoso edificio ubicado en Plaza Independencia al 749 bis.

En la puerta anterior, que corresponde al 749, tenía su sede Exterbanca Institución Financiera Externa (IFE), el banco uruguayo offshore propiedad de la familia argentina Werthein, por donde circuló gran parte del dinero vinculado al contrabando de armas argentinas hacia Croacia y Ecuador. Según señaló en abril de 2001 el diario argentino La Nación, “el resto de ese dinero que circuló por Uruguay girado por croatas y ecuatorianos lo hizo a través del Banco de Montevideo (del Grupo Velox), que también canalizó dinero del contrabando de oro argentino a Estados Unidos”.

Las transferencias entre Exterbanca y el Banco de los Rohm figuran en todos los expedientes abiertos con motivo de la investigación que, incluso, mantuvo detenido varios meses al expresidente Carlos Menem, a su exministro de Economía, Domingo Cavallo, y a otros ministros, jerarcas y familiares de esos exgobernantes. Varios de ellos fueron luego desprocesados. En el medio de las operaciones financieras estaban los Rohm

Pero en la misma sede de la CGN Saife, los Rohm habían dado forma legal a una estafa. A mediados de 1999 crearon una empresa de idéntico nombre -CGN-, pero esta vez con diferente estatus legal. Es decir, tenía ojos de gato, cola de gato, patas de gato, pelos de gato, pero no era gato.

La operatoria financiera paralela tenía como objetivo captar fondos de ahorristas para ser depositados en una plaza financiera extranjera, siendo receptoras sociedades vinculadas a los accionistas de la entidad bancaria.

Así se acreditaban los depósitos efectuados en Buenos Aires, en la sede del BGN, "a favor de la Compañía General de Negocios Saife o SA, con asiento registral en el Uruguay y en las Islas Vírgenes Británicas, respectivamente.

Exactamente lo mismo que hicieron después los Peirano con el TCB de Islas Caimán.

El monto total del fraude de los Rohm es desconocido porque estafaron tanto en Uruguay como en Argentina, pero algunas fuentes del sistema financiero lo estiman en una cifra cercana a los 1.000 millones de dólares.

El impacto en la sociedad uruguaya

Blixen lo definió así: “Durante la crisis el valor del dólar pasó de 13 pesos a 30, las reservas de divisas cayeron un tercio y la asistencia financiera del gobierno de Estados Unidos por 1.500 millones de dólares evitó que prosperara un juicio político contra el presidente Batlle. La crisis financiera amenazaba, en agosto de 2002, con convertirse en una crisis institucional, Batlle admitió en una de sus últimas entrevistas que, para convencer a Alejandro Atchugarry de que asumiera como ministro de Economía, le planteó que, de lo contrario, él renunciaría a la presidencia.

No ocurrió, pero la crisis financiera derivó en una crisis económica y social, expresada en un aumento de 100.000 desocupados, una caída del 25 por ciento del salario real y un endeudamiento externo que alcanzó al 56 por ciento del producto interno, de modo que uno de cada cuatro pesos que recaudaba el Estado fueron a pagar los intereses de la deuda pública”.

Vale agregar que 30.000 uruguayos se vieron obligados a emigrar y centenares se suicidaron.

Impunes

En Argentina los hermanos Rohm estaban acusados de haber incurrido en la "captación clandestina, desvío al exterior y apropiación de fondos; desvío de depósitos de ahorristas; asistencia irregular a empresas vinculadas; apropiación de títulos valores y acciones del ex Banco Comercial del Uruguay".

Carlos Rohm fue citado a indagatoria el 25 de enero de 2002, cuando Argentina estaba en una situación crítica por la confiscación de dólares en el sistema bancario, pero la causa fue convocada a juicio el 7 de agosto de 2014, es decir, 12 años después de los hechos. Entre el momento en que el expediente pasó a la etapa de juicio oral, el 13 de noviembre de 2006, y el llamado efectivo de las partes a juicio, pasaron ocho años, es decir dos más del máximo de la pena para la "administración fraudulenta", que es de seis años de cárcel. Esa es la razón por la que el caso quedará impune porque en 2017 fue declarado "prescripto" por el paso del tiempo.

La fiscal Cristina González, en parte de su dictamen, que reveló el diario El País, consideró que "la creación falsa de aparente solvencia y prosperidad de la institución bancaria, mediante la utilización de instrumentos y operaciones rodeados de falsedad fue de tal magnitud que engañaron a auditores internos y externos del banco".

Los puestos gerenciales "estaban dirigidos por personas que vinieron con Carlos Rohm a Uruguay en 1990 (cuando adquirió el Comercial) y eran Antonio Lago, Peter Shearer, Ignacio Llambías y Juan José Curone. En estas personas se estructuraba y resumía todo el poder", agregó la fiscal.

El dictamen responsabilizaba a los integrantes de la cúpula gerencial del Banco Comercial -o sus empresas subsidiarias- así como al corredor de bolsa Ignacio Rospide por participar en el "maquillaje financiero" del Banco Comercial.

Asimismo, se informó que cuando el Comercial adquirió el ING Bank Uruguay, la institución ofrecía a sus clientes la posibilidad de colocar depósitos a plazo fijo en ING Amsterdam.

Un informe de los peritos señaló que la "Compañía General de Negocios y CGN SA de Islas Vírgenes, colaterales de los Rohm, fueron herramientas desarrolladas con propósitos de desviación y desaparición de cientos de millones de dólares para lo cual el Banco General de Negocios y San Luis Financial ingeniaron múltiples y enredadas operaciones financieras", por lo cual "se ha producido un verdadero vaciamiento de la empresa".

El diario La Nación de la República Argentina informó sobre cómo se realizó la maniobra financiera que tenía preso a Carlos Rohm, exvicepresidente del Banco Comercial del Uruguay, y que afectaba a esa institución bancaria y a una casa de cambio propiedad de los hermanos, también uruguaya, llamada Compañía General de Negocios, en 290 millones de dólares de deudas incobrables.

El domingo 18 de mayo de 2003, el juez uruguayo penal José Balcaldi procesó a siete personas, cuatro de ellas con prisión, por la estafa organizada por los hermanos Rohm en el ex Banco Comercial, por la cual desaparecieron cientos de millones de dólares. El ex controller de la institución, Juan José Curone, el ex gerente financiero, José Antonio Lago, el ex gerente de créditos, Ignacio Llambías, y el ex gerente general de la Compañía General de Negocios (CGN), Francisco Estrada Maschewitz (alias Paco Estrada), fueron a prisión acusados de coautoría de un delito continuado de estafa. A Curone y Lago se les agregó un delito de uso de certificado falso. También fueron procesados, aunque sin prisión, el exgerente de banca privada del Comercial, Peter Shearer, el corredor de bolsa, Ignacio Rospide, y el auditor del San Luis Financial, José Medeiros.

José Puchi Rohm permaneció en Estados Unidos hasta que murió en abril de 2014, a los 69 años, sin haber sido juzgado ni haber estado preso ni un día.

Cómplices

Para desarrollar su corta trayectoria bancaria en Uruguay, apenas 11 años, los Rohm contaron con varios cómplices. Entre ellos Ramón Díaz y Agustín de Urtubey, entonces presidente y vice del BCU, respectivamente.

El entonces ministro de Economía, Enrique Braga, fue procesado con prisión y luego, ya fallecido, sobreseído. Pero ocultó información muy importante al Parlamento, que tal vez hubiera impedido la venta del Comercial.

El caso del subsecretario Nicolás Herrera es particular. Desde ese cargo representó al país en la refinanciación de la deuda externa para solucionar el problema que ocasionaban los bancos gestionados. Pero al mismo tiempo, representaba al grupo Rohm en la compra del Comercial. Y todo esto en las oficinas del mismo bufete legal que asesoraba al Citibank como acreedor de Uruguay.

Por su parte, el periodista Víctor Carrato denunció en Caras y Caretas que dos integrantes del bufete de abogados Guyer y Regules tenían a su nombre la sucursal en Montevideo del estudio panameño Icaza-González Ruiz & Alemán, que dio origen a la Compañía General de Negocios de Islas Vírgenes y fue utilizada por los hermanos Rohm para vaciar el ex Banco Comercial.

El estudio Guyer & Regules representó a la multinacional Philip Morris cuando inició juicio a nuestro país por los decretos antitabaco firmados por el presidente Tabaré Vázquez.

A principios del año pasado el presidente Luis Lacalle Pou, al anunciar las compras de vacunas anticovid, le agradeció públicamente a “Nicolás Herrera por su importante contribución en la negociación con los laboratorios”.

Seguro fue casualidad que pocas semanas después el gobierno aprobara la venta de cigarrillos electrónicos (vapeadores), cuyo principal fabricante en el mundo es, casualmente, Philip Morris.

La reunión

El 1º de diciembre de 1999 en una importante residencia de La Recoleta se realizó una reunión, que si no hubiera sido por una oportuna foto publicada por Página 12, hubiera pasado inadvertida.

Allí estaban los expresidentes George Bush (padre), Luis Alberto Lacalle y Carlos Menem, junto al presidente Fernando De la Rúa y el electo Jorge Batlle. También estaban el banquero David Mulford y los anfitriones Carlos y José Rohm.

Según trascendidos de la época, “en la reunión se habló sobre lavado de dinero”.

En el año 2004, Lacalle (padre), entrevistado por el periodista Daniel Figares en el programa Ciudad oculta (Canal 12), dijo que “había sido una reunión social en la que se encontraron viejos conocidos”. Pero repreguntado recordó “que los banqueros estaban preocupados por una posible legalización del consumo de drogas, asunto en carpeta de Batlle, y cómo ello afectaría la circulación de dinero por el sistema bancario”.

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