Duro con las ideas, suave con las personas, implacable contra los trabajadores

La política entre otras cosas es el arte de la gestualidad; los políticos emiten señales a sus posibles electores y cautivos partidarios que buscan generar alguna suerte de conducta, de reacción, afín a los intereses de la colectividad política. Luego la práctica, la vida, esa tan manida e irreverente con el discurso, convierte las señales, los gestos, en promesas de campaña electoral que no se cumplen o brillantes propuesta que se disipan tan pronto se acallan los aplausos.

Algo de esto pasó con el encuentro de presidentes del Frente Amplio, Cabildo Abierto, los partidos Colorado, Nacional e Independiente, realizado el 13 de setiembre en el Parlamento.

La propuesta de “bajar la pelota al piso” en el debate político no pasando el límite de agraviar a las personas por parte del Frente Amplio, no fue un acuerdo siquiera verbal, y no será mas que una tibia sugerencia para los parlamentarios, dirigentes y responsables de comunicaciones de los partidos políticos.

Así las cosas, es dable que el tono del debate vuelva a subir aún antes de la campaña electoral; los partidos de la coalición multicolor dejaron bien en claro que toda la hidalguía que puedan sostener hacia el Frente Amplio no la tendrán hacia el movimiento sindical y las organizaciones estudiantiles y sociales, a quienes consideran los promotores de los hechos de violencia.

Otro de los objetivos fue poder llegar a un acuerdo sobre la necesidad de que se apruebe una ley sobre financiamiento de los partidos políticos; sobrevuela el escándalo del narcotraficante Sebastián Marset, y en el otro extremo de financiamientos observables, nos permitimos recordar, el de Juan Sartori.

La otra mejilla

Fiel a su condición social cristiana, Fernando Pereira, en nombre del Frente Amplio, fue a ofrecer “la otra mejilla” a los presidentes de la coalición multicolor.

Un gesto cargado de ingenuidad salvo que el veterano dirigente sindical devenido en dirigente político confunda las críticas al gobierno (que es el rol natural de una fuerza política en oposición y minoritaria en el Parlamento) con un tono agraviante.

Al decir del propio Pereira, el objetivo en este punto, citando al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, es ser “duro con las ideas pero suave con las personas”, algo que no ha caracterizado precisamente al elenco del partido de gobierno y sirvan como ejemplo las actitudes de los senadores nacionalistas Graciela Bianchi y Sebastián da Silva, a quienes en la misma reunión el Presidente del Partido Nacional Pablo Iturralde no piensa contener en sus dichos, porque “el Partido Nacional es un partido de mujeres y hombres libres”.

Ofrecida la mejilla, ni lerdos ni perezosos los dirigentes de la coalición multicolor asestaron la bofetada, atenuando el golpe con el reconocimiento positivo del gesto del frenteamplista.

Julio María Sanguinetti en nombre del Partido Colorado apuntó a los hechos que tuvieron como protagonista a su correligionario Presidente del Codicen, Robert Silva, con las pintadas contra su casa y la rotura de su vehículo particular en el Cerro. También cargó contra el tono de los discursos de los dirigentes del Pit-Cnt (a quien considera por su capacidad de movilización el principal enemigo) y al fin de cuentas, viejo zorro político, desmarcó el gesto del Frente Amplio de las actitudes de su aliado histórico y natural, como es el movimiento social y sindical.

Y también dejó claro que la reunión de ayer no implica un acuerdo de nada.

El presidente cabildante Guillermo Domenech recogió el guante del frenteamplista aludiendo a un debate sobre el pasado reciente (los crímenes del terrorismo de Estado), apostando a que esta propuesta de diálogo sea una suerte de “armisticio” para la guerra que vivió Uruguay en la década de los años 70. A buen entendedor, que el Frente Amplio y el movimiento popular dejen de insistir con la investigación judicial sobre los crímenes de funcionarios policiales, militares y civiles durante la dictadura, no se cumpla con las resoluciones de organismos internacionales como la CIDH y se permita la prisión domiciliaria para los presos por terrorismo de Estado en Domingo Arena.

La posición mas incómoda fue la de Pablo Mieres; como ministro de trabajo y representante de la centroderecha de la coalición, sumarse al discurso de Sanguinetti lo deja con poco margen de maniobra para dialogar con los trabajadores.

Con los tapones de punta y directo al mentón, a la salida de la reunión, se expresó el presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde.

Como si hubiera estado en otra reunión, “salió a cobrar todas las facturas políticas” que entiende le debe el Frente Amplio; recordó el no reconocimiento de la victoria del Partido Nacional por parte del entonces candidato presidencial Daniel Martínez, las críticas realizadas al manejo de la pandemia, los cuestionamientos y la movilización contra la LUC, los caceroleos y una suerte de constante estado de “poner palos en la rueda” por parte del Frente Amplio.

Hasta que los periodistas no se lo preguntaron, no mencionó las actitudes de sus correligionarios en el Parlamento, las salidas destempladas presidiendo el senado de la vicepresidenta Beatriz Argimón, y cuando se lo recordaron explicó, con todo fundamento y razón, que este encuentro sin resoluciones ni acuerdos no era aplicable para dirigentes y militantes de un partido de mujeres y hombres libres.

Nuestra violencia autóctona

El intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández y el tono del debate político en Argentina es utilizado como un espejo en que la clase política y la sociedad uruguaya no deben mirarse.

Es casi infantil seguir usando ese ejemplo desconociendo el poder de los “amortiguadores batllistas”, el “colchón de las tensiones sociales” que forma parte de la cultura política uruguaya.

Salvo obra de un desquiciado, a nadie se le ocurre atentar contra el presidente Lacalle, aunque esté comiendo una húngara con cerveza en un comercio del barrio Carrasco.

Pero eso no implica desconocer la gradualidad de los hechos de violencia que conviven en la sociedad uruguaya y, como siempre, la peor es la que se ejerce por parte del Estado.

Los uruguayos seguimos siendo violentos en el fútbol pero fundamentalmente puertas adentro de nuestros hogares, la violencia, hija de la exclusión y de la falta de oportunidades, y el estímulo al hiperconsumo gana los centros liceales y el narcotráfico los barrios periféricos.

En la disputa política en campañas electorales, los discursos de muchos dirigentes de la coalición multicolor han exacerbado los ánimos al punto de llegar militantes de dichos partidos a golpear a otros durante actividades de propaganda, atentar contra locales partidarios, agredir físicamente a los adversarios en puestos de reparto de listas o propinarles palizas y seguimientos en vehículos identificados con adhesivos de la coalición de izquierda.

Los ribetes de persecución política que alcanza el hostigamiento al senador frenteamplista Charles Carrera integran la nómina de violencia autóctona de los últimos tiempos, donde un alto funcionario de gobierno, como el secretario de presidencia, Álvaro Delgado, le mete la pechera a una periodista.

En ese sentido, el último informe de Cainfo sobre la pérdida de calidad democrática del gobierno contra el periodismo es una suerte de violencia más sutil.

No todos somos Robert

En la edición Nº 1.083 de Caras y Caretas, en el artículo sobre Robert Silva, condenábamos los hechos acaecidos contra su persona, tanto en las pintadas contra su domicilio como contra los empujones y la rotura de un vidrio de su vehículo en el Cerro.

Pero dentro de un tiempo, estos hechos serán una triste anécdota en la gestión de Silva; dejará de ganar $ 190.000 como presidente de la ANEP y volverá a ocupar su cargo de $ 250.000 como asesor de la Secretaría General en la Ursea.

Distinta suerte corren los 70 trabajadores de Riogas, a punto de ser demandados civilmente por la empresa, o los dirigentes de Fuecys (trabajadores del comercio), el Sunca (trabajadores de la construcción)y algunas organizaciones sindicales de la Foica (trabajadores de la carne) o de la Mesa de Panaderos, que, además de las demandas civiles, recibieron denuncias penales.

El proyecto de ley que obliga a la personería jurídica de las organizaciones sindicales, ahora se sabe, es para darles la posibilidad a las empresas de iniciarles juicios, y para las tradiciones uruguayas de convenios y acuerdos tripartitos, esto también es violencia.