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La Revista | política de Estado | Ministerio del Interior | Heber

El balde en la cabeza

Sin política de Estado no habrá seguridad

Cadáveres descuartizados, otros quemados; una pareja asesinada frente a sus hijos, balaceras en plena calle y frente a centros educativos son algunos de los hechos cada vez más frecuentes de las últimas semanas.

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Pasó lo que todos sabíamos, pero el Ministerio del Interior se negaba a reconocer: el descenso en los delitos fue producto de la escasa circulación ciudadana durante la pandemia. Apenas se levantó la emergencia sanitaria, la realidad comienza a ser brutal.

“Es el debate más estúpido que he visto”, dijo a Caras y Caretas un alto oficial de la Policía en relación a los datos sobre inseguridad. Agregó: “Los números deberían ser de manejo interno para definir prioridades en el combate al delito. Pero al trasladarlo al debate público cometen un grave error: olvidan que detrás de cada número hay seres humanos. La ciudadanía termina leyéndolos como hinchadas… vamos ganando”, dijo.

Otros policías señalaron que “la realidad demuestra que los temas de seguridad no se solucionan con cambios de ministro, sino con políticas de Estado”.

Pero agregan otros problemas: “Tenemos policías mal pagados a los que se les exige un máximo de esfuerzo; crece el número de funcionarios afectados psicológicamente; hay muchas dependencias, sobre todo en el interior, que carecen de móviles; se reincorporaron viejos funcionarios que pueden mostrar voluntad, pero no están preparados para enfrentar las nuevas modalidades delictivas y, por sobre todo, faltan policías”.

El año pasado, cuando varios sindicatos policiales reclamaron por chalecos antibalas vencidos, Santiago González, director de Convivencia Ciudadana, los desmintió. Pero el ministerio cambió 300 chalecos fuera de uso. “El problema es que ahora tenemos un lote grande de vencidos o a punto de vencerse y no tenemos novedad sobre posibles cambios”, dijo una fuente policial.

“Tampoco hay móviles. Muchas dependencias están atadas porque no tienen cómo movilizarse”, agregaron.

¿Dónde está Heber?

En los primeros 10 días de mayo se cometieron 16 asesinatos, algunos con características brutales. Según la Policía, “casi todos vinculados al narcotráfico”.

Sin embargo, en esa semana, en la que además de los crímenes hubo balaceras en la calle frente a centros de enseñanza o el robo a mano armada a estudiantes que estaban en el patio de su liceo, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, parece haber cedido las explicaciones públicas a Santiago González.

Un hombre cuyo único antecedente es haberse desempeñado como chofer de Jorge Larrañaga en sus campañas políticas, promovido luego como director de Convivencia Ciudadana, sin ninguna experticia en seguridad.

Vecinos de la plaza Varela, bulevar Artigas y avenida Brasil, cercanos a donde reside González, dijeron que “en esa plaza ocurren hurtos todos los días y allí hay gente en situación de calle, pero él no se da por enterado a pesar de que pasa todos los días por allí. Varios fuimos a la seccional 10ª para plantear el problema, pero nos dijeron que no podían hacer nada porque carecen de móviles suficientes”.

Finalmente el martes pasado reapareció Heber para formular desgraciadas declaraciones. "No era una familia que progresó por sí sola", dijo en referencia a la pareja asesinada a tiros frente a sus tres hijos en Colonia Nicolich.

El ministro olvidó que en Uruguay no hay pena de muerte, pero sobre todo demostró tener poca empatía con tres niños inocentes.

Y luego dijo lo que cuando era oposición negaba: “El aumento de homicidios es producto del enfrentamiento de bandas de narcotraficantes” y “se ha generado una disputa de territorio muy dura”.

Anunció además un plan de acción para enfrentar la violencia que incluye, según varias fuentes, la participación de Investigaciones, la Metropolitana y la Divin (División de Investigaciones) de Prefectura Naval.

Cerrar “bocas” no resuelve el problema

El gobierno y, particularmente, el ministro del Interior operan para una tribuna que solo pretende más gente presa. Heber dice que los hechos de violencia son “parte de una guerra entre bandas y ocurren por el éxito que hemos tenido en otras zonas”.

Así se entiende su combate a las “bocas” de droga. “Es como arar en el mar”, dijo un integrante de la Brigada Antidrogas. “Cerrás una y aparecen dos. No entienden que las bocas se han convertido en un negocio familiar. Y en una sociedad donde los límites éticos están por el piso, es una lucha perdida antes de empezar”.

La misma fuente señaló que “la única forma de combatir a los narcos con eficacia es ir por su dinero, cortar sus vínculos financieros. Si no tienen dinero, no pueden comprar y no podrán distribuir”.

El otro problema grave son las cárceles. En principio porque la mayoría de los presos son adictos y necesitan la dosis cotidiana porque no reciben ayuda para superar su enfermedad. O porque estar drogado es la única forma de transitar por el infierno que son muchas cárceles. Lo saben todos, afuera y adentro.

Y ese “mercado” vincula a presos, sus familias, policías y narcotraficantes.

Tenemos 16.000 presos.

La droga no es un asunto policial, sino de salud pública

Todos sabemos por la triste experiencia ajena, que llevar adelante una guerra contra las drogas es inútil y perdida antes de empezar. En todo caso, Colombia, México y Brasil son ejemplos de lo que no se debería hacer.

Hoy los jefes narcos en el mundo ya no son toscos campesinos devenidos en narcotraficantes. El negocio es manejado por empresarios, bien trajeados, educados en prestigiosas universidades.

Tienen mucho dinero para comprar todo tipo de afinidades. Conocen cómo funciona el mundo financiero y empresarial. No se manchan las manos con sangre. Para eso cuentan con sus propios ejércitos. En México, por ejemplo, han logrado que unidades enteras de la Policía se pasen a su lado.

Pero son exitosos porque tienen un enorme mercado de rehén, que los necesita.

Es imprescindible debatir sobre otra forma de encarar el problema.

En Uruguay se puede involucrar a muchos actores para establecer una política de Estado que trascienda partidos políticos y tiempos electorales. Ya tenemos una dependencia con experiencia como la Junta Antidrogas. Pero se tienen que involucrar Salud Pública, Economía, Mides, Educación, Trabajo, las intendencias.

La ley que legalizó la venta de marihuana tuvo varios efectos positivos. Pero tal vez el más importante, y en el que muy pocos han reparado, es que el mercado de marihuana no genera violencia.

Esta se produce con la cocaína, pasta base, anfetaminas y drogas sintéticas.

“La lucha contra las drogas no debería ser un asunto policial. Es imprescindible atender a los adictos problemáticos y educar a todos”, dijo un alto jerarca policial.

Estábamos avisados

Con razón muchos destacan la labor de Julio Guarteche y Mario Layera en el combate efectivo a los grandes cargamentos drogas que se pretendía ingresar para luego ser exportados a otros países. Y en las sucesivas advertencias sobre lo que podría ocurrir a futuro.

Pero, en rigor, antes de ellos fue el inspector principal (r) Roberto Rivero quién diseñó una estrategia policial que luego continuaron.

Desde su cargo al frente de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, combatió el centro de corrupción que era ese organismo y la Brigada Antidrogas, encabezadas por el inspector principal Nelson Rodríguez Rienzo y el comisario Ricardo De León, respectivamente.

En el año 2000 Rivero era director nacional de Policía, cuando se descubrió la operativa del Cártel de Juárez en Uruguay. La casa del periodista Danilo Arbilla en Punta del Este había sido adquirida por testaferros de Amado Carrillo Fuentes.

El entonces director del semanario Búsqueda fue vendedor de buena fe, no conocía a los compradores; en todo caso, su escribano sí. Pero para evitar un posible escándalo, el periodista ejerció su máximo poder de lobby frente al entonces vicepresidente Luis Hierro López y Rivero fue destituido.

En carne propia sufrió al enterarse de que el sistema político no tenía mucho interés en enfrentar a las grandes mafias de la droga.

Si bien entonces el narcomenudeo era incipiente, Rivero no era partidario de dedicar todo el esfuerzo a su combate.

En cambio logró diseñar una estrategia que involucraba a la Brigada Antidrogas, a Prefectura Naval y a Aduanas. Y además mantenía correctas relaciones con organismos internacionales y con la Policía regional.

Fue por su estrategia que Aduanas decidió poner en funcionamiento el primer escáner de contenedores en el Puerto de Montevideo.

Rivero explicaba que el tema drogas era un asunto de salud pública y la Policía debía encargarse de impedir su comercialización. Pero no era partidario de la guerra, sino del uso de inteligencia y análisis de información.

“La tarea más importante es combatir a las grandes mafias, cortarles la ruta del dinero, porque es una utopía pensar que vamos a impedir el ingreso de droga al país”, dijo el exjerarca policial.

Agregó que “hoy más que nunca es imprescindible pensar una política de Estado, porque la violencia no es responsabilidad de un ministro y supongo que ya todos se dieron cuenta”.

Malas noticias

Hoy no sabemos, aunque muchos lo sospechan, si los narcos financian a políticos. Tampoco sabemos si han logrado infiltrarse en la Policía.

Pero a partir de la experiencia internacional, todo es posible.

En muchos barrios las bandas organizadas sustituyen al Estado brindando “asistencia social” a familias muy pobres.

Pero parece que nadie se quiere enterar de que las bandas narcos afectan con su violencia a los barrios más pobres. Mientras, los que lavan su dinero o colaboran para el ingreso de grandes cantidades viven en barrios acomodados sin balaceras.

“Deseo que nunca pase, pero el día que maten a un policía, a un fiscal, a un juez o a un periodista habremos llegado a un punto de no retorno”, dijo un dirigente del sindicato de policías de Maldonado.

Para que eso no ocurra, son muchos los que deberán sacar la cabeza del balde.

(Nota del autor: Varias fuentes solicitaron mantener su nombre en reserva).

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