La trama del poder mundial

A propósito, según dice el diccionario el verbo embargar admite dos acepciones: se llama embargo a una retención judicial que tiene el propósito de garantizar el pago de una deuda o las acciones militares que se proponen poner obstáculos al comercio o tráfico de armas.

Como no hay ni uno ni otro la diferenciación que hace Sanguinetti entre embargo y bloqueo no es más que una manganeta más que hace Julio María, eterno jugador de la mosqueta.

Otro día escribiremos sobre los errores y aciertos de estos tres procesos revolucionarios; pero por ahora no se me antoja, porque no quiero caer en la trampa de discutir solo lo que los medios de derecha quieren discutir para ocultar las graves violaciones de derechos humanos que se practican en todos los países afines a su ideología.

Ya se habla poco y nada de la masacre de negros por parte de la policía racista de Estados Unidos, ni de sus más de 800 bases militares distribuidas por todo el planeta (sin contar las clandestinas), ni de los golpes de Estado que ha promovido.

Llama la atención que un régimen monárquico como el de España esté metiendo la nariz en América Latina, pretendiendo darnos clases de democracia. En ese país que parece salido de un cuento de hadas, no todo es color de rosa, y si alguien tiene dudas, que investigue el atropello contra los independentistas o que hable en dicho lugar contra el rey o contra alguno de los zánganos de la familia real.

Sin importar la edad, los policías molieron a golpes a quienes manifestaban pacíficamente por su independencia.

España cree que todavía tiene derechos sobre sus excolonias, mientras que Estados Unidos cree tenerlos sobre todo el mundo.

Muy poco se habla de Colombia, donde cada mes mueren decenas de niños por desnutrición. La comunidad wayuu, que con 270 integrantes es la más grande del país, es víctima de la indiferencia y la corrupción del gobierno, drama denunciado por Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins. Sin agua (la que hay está envenenada por las compañías mineras) ni alimentación adecuada, las niñas y niños mueren de manera espantosa, mes a mes, semana a semana.

904 líderes sociales y 276 combatientes desmovilizados han sido asesinados en los últimos tres años y medio. En 2020 fueron asesinados 101 líderes sociales y defensores de derechos humanos; pero para distraernos, los medios internacionales de comunicación dedican la mayor parte del tiempo a Venezuela, país que ha logrado desarticular innumerables intentos golpistas perpetrados por Estados Unidos y desde territorio colombiano. Mientras las hordas de Álvaro Uribe e Iván Duque saquean al país, a los colombianos les inyectan sobredosis de religión, sobre todo de los sectores evangélicos, mal llamados cristianos, que incrementan sus fortunas gracias a la superstición.

Este es uno de los países que le quieren dar clases de derechos humanos a Venezuela. A propósito, la cantidad de niños que mueren de hambre en Cuba es… cero.

Ahora sabemos que el expresidente Mauricio Macri, de Argentina, y los presidentes Lenín Moreno, de Ecuador, y Jair Bolsonaro, de Brasil, colaboraron con el golpe de Estado de Yeanine Áñez, en Bolivia, en 2019. Los embajadores de Brasil y la Unión Europea participaron en una reunión conspiratoria previa al golpe contra un gobierno legítimo y democrático. Todo el plan golpista fue complementado con las acciones del secretario general de la OEA Luis Almagro, cuyo nombre desprestigia a nuestro país; pero el Frente Amplio desde el gobierno careció del valor y la determinación suficientes para exigir su renuncia al cargo por violentar reiteradamente los principios fundacionales de dicha organización.

En cuanto a Brasil, su presidente fue acusado en junio por la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) ante la Corte Penal Internacional por genocidio y ecocidio. Este psicópata nunca ha ocultado su desprecio por los indígenas, negros y homosexuales, llegando a armar a los grandes terratenientes para exterminar a los Sin Tierra y ofreciendo el territorio para las operaciones de Estados Unidos contra Venezuela.

La denuncia se suma a la presentada por el Colectivo de Defensa de Derechos Humanos (Cadhu) y la Comisión Arns ante el Tribunal de La Haya por crímenes de lesa humanidad e incitación al genocidio de los pueblos indígenas.

A los 123 pedidos de juicio político en su contra, se suma una denuncia de su excuñada, la cual revela en conversaciones de WhatsApp publicadas por el sitio UOL y el diario Folha de Sao Paulo, que en su época de diputado Jair Bolsonaro desviaba fondos públicos mediante la contratación de familiares, empleados fantasmas y “ñoquis” que debían devolverle parte de sus sueldos. La excuñada del hoy presidente, la fisicoculturista Andrea Siqueira Valle, comentó que entre 1991 y 2018 Bolsonaro se quedaba con parte de los ingresos de sus colaboradores por concepto de retorno o rachadinhas. Esto lo hizo con su propio hermano André Siqueira Valle cuando era asesor parlamentario en el Congreso. En una de las grabaciones, Andrea dice: «André causó muchos problemas porque nunca devolvió el dinero que debía ser devuelto. Tenía que devolver 6.000 reales y el devolvía 2.000, 3.000. Hizo esto durante mucho tiempo hasta que Jair me llamó y me dijo: ‘Basta, podés sacarlo del cargo porque nunca me devuelve el dinero que tiene que devolver».

Y por si todo esto fuera poco como para hacerle cerrar la boca sobre la situación interna de Nicaragua, Cuba y Venezuela, Bolsonaro está envuelto en el “vacunagate”. Funcionarios del Ministerio de Salud negociaron la compra de 400 millones de dosis de vacunas británicas AstraZeneca con la condición de que la empresa Davati Medical Supply les pagara un dólar por cada una, por lo que cada vacuna subió de 3,15 dólares a 4,15. Los coimeros pertenecen al riñón de Bolsonaro.

Pero más escandalosa fue la negociación para la compra de vacunas indias Covaxin por 300 millones de dólares. En esta operación mañosa intervino como intermediaria Precisa Medicamentos, vinculada al grupo parlamentario que apoya al presidente. La maniobra llevó a que cada dosis costara 17,5 dólares por unidad, siendo evidente el sobreprecio. No es casual que el Ministerio de Salud se puso bajo el control de militares de máxima confianza del presidente. Al igual que Colombia, el presidente de Brasil se rodea de militares y religiosos corruptos para mantener el poder y multiplicar su fortuna. En Colombia son los evangelistas y en Brasil los mormones. Armas y religión, la fórmula ideal para mantener sometidos a los pueblos. Y mientras la derecha critica la situación económica de Venezuela, que padece un bloqueo económico brutal y el saqueo de sus cuentas en el extranjero, el gigante sureño tiene 14,8 millones de desempleados; pero nadie dice nada.

Por lo menos en el país vecino están descubriendo los detalles de las negociaciones, no pudiendo decirse lo mismo de Uruguay, ya que Luis Lacalle Pou las mantiene en secreto. El semanario Brecha dio a conocer que el 3 de febrero el presidente firmó la resolución CM/391 que dice: “Clasifícanse como confidenciales […] toda documentación vinculada a las negociaciones mantenidas y los contratos celebrados por el Estado uruguayo para la adquisición de las vacunas contra el virus SARS-CoV-2 producidas por los respectivos laboratorios, así como sus anexos, eventuales ampliaciones y/o enmiendas”. Y pensar que Uruguay era, hasta el año pasado y junto con Chile, considerado el país más cristalino de América Latina y el Caribe.

Uruguay, cuyo gobierno es otro de los críticos de los tres países mencionados, cubre con un manto de impunidad a los policías que abusan de la población más vulnerable por medio de la LUC, un engendro legislativo que contiene medio millar de disposiciones. Uruguay es ahora un país de gatillo fácil y que favorece los negocios turbios.

La LUC facilita el lavado de activos y los hechos son irrefutables. En una nota de Caras y Caretas, Ricardo Pose expresa: “Los últimos informes de la Unidad de Información y Análisis Financieros (UIAF) confirmados en su comparecencia a la Comisión Especial de Lavados de Activos del Parlamento reportan escasos informes de operaciones sospechosas durante 2020 y el primer semestre de 2021, generando la preocupación del Banco Central y parte del sistema político”.

En 2019 (cuando gobernaba el Frente Amplio y no estaba la LUC, la UAIF recibió 775 ROS (Registro de Operaciones Sospechosas), en 2020 (ya con la LUC) la cifra bajó a 694 y se constata una tendencia a la baja. La disminución más dramática se da en el sector no financiero (en especial en los reportes de los escribanos) debido a que la LUC les atenuó las obligaciones y sanciones. De 149 reportes en 2019, estos se redujeron a 68.

En tanto, los hechos de corrupción se han disparado en este país que fue hace muy poco tiempo atrás un faro para el mundo. El gobierno ha felicitado a China en un nuevo aniversario de la revolución y sin hacer el más mínimo comentario en torno a los derechos humanos. La diferencia entre China y Cuba es que una no está bloqueada y la otra sí, una tiene dinero y la otra no, Uruguay tiene intereses con China y con Cuba no. La hipocresía y cinismo del presidente uruguayo es incalificable.

¿Y por qué los medios hegemónicos nunca hablan de unos de los países más corruptos del universo? Paraguay está a merced de una banda de delincuentes agrupados en torno al Partido Colorado. Los políticos son multimillonarios mientras la inmensa mayoría de la población vive en la miseria.

Amnistía Internacional ha denunciado que: “Se registraron denuncias de tortura y otros malos tratos en el contexto de las políticas aplicadas en respuesta a la pandemia de covid-19. Los pueblos indígenas eran ignorados en las políticas públicas, al igual que su derecho al territorio. Los niños, niñas y adolescentes continuaban encontrando obstáculos para acceder a sus derechos, como el derecho a recibir del Estado protección frente a los abusos sexuales. Ni la legislación contra la discriminación ni las denuncias penales por el trato dispensado a personas Lgbti presentaron avances durante el año. Los defensores y defensoras de los derechos humanos seguían careciendo de mecanismos oficiales de protección”.

Según la Unicef, de cada 1.000 niños que nacen en Paraguay, 19 mueren antes de los 5 años, 16 antes de cumplir el primer año y 11 antes de llegar al primer mes de vida.

Pero el problema es Cuba.

¿Y por qué países tan lejanos como Israel se entrometen en Venezuela en lugar de intentar solucionar sus graves problemas internos?

¿Por qué la prensa internacional solo informó de un chavista quemado vivo por la “pacífica» oposición venezolana cuando son más de veinte? Porque el hecho se viralizó en las redes sociales y no pudieron omitirlo en las noticias.

Viendo quienes son los que acusan, no se me antoja profundizar en los errores y aciertos de cada uno de los gobiernos de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Quizá lo haga la semana que viene, o el mes que viene.

O cuando se me dé la reverendísima gana y no cuando lo exijan los medios de desinformación de la derecha.