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El gobierno reglamentó un acuerdo para que las personas en situación de calle que corran riesgo de muerte, o tengan una enfermedad grave que requiera atención médica urgente, sean trasladadas a un establecimiento sanitario aún contra su voluntad.
El acuerdo cuenta con la rubrica del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio del Interior.
De acuerdo al reglamento, si el personal del Mides y ASSE advierten riesgo de vida y la persona en situación de calle se rehúsa a trasladarse, podrán solicitar el apoyo de la policía.
Caras y Caretas Portal dialogó con el exdirector de Evaluación y Monitoreo del Mides, Juan Pablo Labat, quien recordó que se trata de una ley que ya existía desde el año 2011 (N 18.787), pero que «nunca fue reglamentada».
Labat opinó que se tarta de una ley «sensata», pero que, a su gusto, «desplaza demasiadas responsabilidades sobre Salud Pública».
Por otro lado, consideró que no se trata de una ley policiaca, pero «todo depende de como se aplique».
«Para sacar a una persona de la calle, de forma compulsiva, tiene que existir riesgo de enfermedades graves o de muerte. Se puede suponer que cualquier noche con menos de cinco grados podría haber riesgo de muerte, pero un médico tiene que firmar caso por caso, no en forma genérica. El Mides, por su parte, tiene que intentar trasladar a la persona y si la persona se niega, llamar a ASSE para que constate que existe riesgo, y llamar a la policía para que la saque».
Otro aspecto a tener en cuenta, apuntó Labat, es que los casos que exista enfermedad, la persona no puede ir a cualquier refugio, sino que deben trasladarla a un lugar donde la enfermedad pueda ser considerada.
En términos generales, opinó el entendido, la ley tiene algunas «dificultades operativas» . No obstante, consideró que «si se instrumenta con muchos recursos humanos, buenas capacidades de refugio, un cuerpo policial bien dispuesto y con una interpretación liviana de la parte medica, podría llegar a funcionar»
«Lo que ha sucedido hasta ahora es que los médicos se niegan a firmar documentos que afirman que la persona se está por morir porque no tienen ningún parámetro científico para probarlo, ya que se debe analizar cada caso», agregó.
Para Labat, «podría existir una normativa de carácter humanitario que estableciera que, por debajo de los cinco grados, toda persona que habite la calle tiene riesgo de vida, pero eso no existe, además de que se incurría en un lugar complejo desde el punto de vista de las libertades individuales». En tal sentido, agregó, «la responsabilidad queda en el médico».
«Como siempre, se delega la responsabilidades en quienes están actuando. No existen criterios institucionales que definan las situaciones, por lo cual se torna muy difícil de administrar».
Según el ex jerarca, «siempre hay formas de echarle la culpa al funcionario y no a las instituciones».
Con respecto a la participación de la policía, opinó: «En el fondo no tiene nada que ver con esto. Poner a la policía a solucionar este problema es un problema más».
«Las soluciones sobre los síntomas de este problema son muy complejas. El problema de calle solamente es abordable en el largo plazo y con políticas que eviten que las personas lleguen a la calle».
«Estas políticas son, en buena medida, contra la pobreza y contra otro conjunto de problemas sociales vinculados a la salud mental, el consumo y las perspectivas de reinserción social de las personas que salen de la cárcel. Intentar sacar a la gente de la calle, sin evitar su llegada a esa situación, parece ser un asunto derrotado en cualquier parte del mundo».
