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Macrismo en el campo

Las consecuencias de «el cambio» para trabajadores rurales argentinos

El cambio de autoridades en el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios congelará procesos como el de persecución de la trata y la explotación laboral en el campo.

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Tras el cambio de autoridades en el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea), las medidas que se estaban implementando tales como la fiscalización del territorio, denuncias de casos de trata y explotación o el registro de trabajadores serán frenadas.

El ascenso de figuras en esta institución, como Ramón Ayala o Ranulfo Bazán, bajo las órdenes del empresario y político Gerónimo “Momo” Venegas, llevará a que esta institución vuelva al viejo sistema de registro (Renatre), el cual estaba manejado por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) y las patronales agropecuarias Sociedad Rural, CRA, Coninagro y FAA.

Según informó Página 12, las nuevas autoridades ya anunciaron el despido de 600 trabajadores. También el organismo dejará de colaborar con el Ministerio Público Fiscal en las denuncias por casos de trata y trabajo infantil. Recientemente, el organismo ya despidió a 30 personas y disolvió la sección que se dedicaba a la realización de investigaciones económicas y sociales relacionadas con el área rural.

El organismo a partir de ahora sólo manejará el seguro por desempleo, una caja que, según denuncian varias voces críticas, está financiada por parte de la estructura política de Momo Venegas. También las capacitaciones volverán a tercerizarse a la Uatre.

Explotación rural

La Renatea había realizado entre 2013 y 2015 varias denuncias penales que involucraban a más de mil víctimas de trata laboral en el campo argentino. Ciento veinte mil trabajadores fueron registrados como peones rurales y 9.500 nuevos empleadores.

La principal diferencia entre el modelo del Renatre y de la Renatrea en lo que a resultados se refiere, se encuentra en que a finales de 2011 del total de trabajadores inscritos en el primero sólo 42% tenía a portes registrados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Actualemente la proporción ascendió a 82%.

(Nota redactada con información de Página 12)

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