Las multinacionales antes que Uruguay

Tenía la intención de escribir sobre la Ley de Urgencia. Hay mucho para decir. Violaciones a la Constitución; modificación de códigos por este mecanismo; poder ser detenido sin que la Policía se identifique; hasta cómo hay que hacer los chorizos de rueda. No es broma. Yo lo oí en una murga y creí que era una exageración. El artículo 318 dice cómo deben hacer las carnicerías para elaborar chorizos de rueda (¿?). Pero algo ocurrido en EEUU nos afecta directamente y nos obliga a encarar otro tema: el futuro director de OPP declaró contra el Estado uruguayo (que se supone deberá servir) en un juicio por 3.536 millones de dólares. De una multinacional, cliente del Cr. Alfie.

La empresa querella contra Uruguay por una ley que dice que la perjudica. Estará acostumbrada a lidiar con países donde no hay separación poderes. Acá un contrato se somete a la ley y no a la inversa. Bueno: ahí está el juicio. Lo lleva un exministro de Lacalle (padre), el Dr. Carlos Delpiazzo. Y Alfie era asesor de la empresa, y lo citan: “No pude negarme a declarar”, explicó.

Yo no declararía contra mi país, y punto. Resulta obvio que durante la transición, Alfie se confirma como el futuro conductor de la política de nuestro país. El entusiasmo inicial de Luis con  Arbeleche va dando paso a darse cuenta de que no calza los puntos a la hora de gobernar. Ya no sale por TV, no hace de portavoz del tema económico. No lo nota el que no lo quiere ver. También es claro que en esos cargos claves ha ido poniendo colorados. En el esquema actual, Alfie, desde OPP, con despacho a metros del de Luis, dirigirá la política económica.

Luis está en medio de su preparación para tomar el poder, en medio de una transición donde la buena voluntad -sin precedentes- del Poder Ejecutivo saliente es respondida siempre con alguna patada en las canillas (se olvidan que terminó la campaña electoral). En eso, resurge el juicio de Aratirí contra el Estado uruguayo. ¡Qué ingenuos! Creíamos que todo el gobierno electo iba a estar del lado de Uruguay y no de la multinacional reclamante.

No fue así. Tras la reunión en presencia de Luis y su equipo, el futuro secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, calificó el proceso como una transición de gobierno «fluida, ordenada y transparente”. Resultó ser transparente de un solo lado. El prosecretario designado, Rodrigo Ferrés, mano a mano con su predecesor, Andrés Roballo, declaró a la prensa que no había nada que decir sobre los juicios contra el Estado. Afirmó que se estaban llevando muy bien y el nuevo gobierno, iba a seguir, al respecto, la línea del actual.

¿Entonces? Están de acuerdo con la posición del gobierno en los juicios, pero la figura clave del equipo económico va a declarar en contra de Uruguay a favor la empresa multinacional. ¿Por qué? ¿Porque cree que el gobierno actual no tiene razón? No. Si ya dijeron que estaban de acuerdo. La respuesta es que Alfie estaba contratado por la multinacional. Bueno, cada uno es como es y si el cree que valen más los honorarios que el interés nacional… allá él. Pero entonces renuncia y, si no  lo hace, el presidente electo se lo pide.

Todo lo contrario; Luis sale de ojotas, barba y sudadera a respaldarlo. El País del lunes 27 de enero afirma que el presidente electo, Luis Lacalle Pou, fue informado “desde un primer momento por parte de Isaac Alfie a propósito de una asesoría técnico profesional para un estudio jurídico contratado por la empresa Aratirí”.

Es más, el día previo, Luis había sacado un comunicado escrito en el que expresamente decía que sabía “desde un primer momento, por parte de Isaac Alfie, a propósito de una asesoría técnico profesional para un estudio jurídico contratado por la empresa Aratirí”.

Es decir, quien será nuestro presidente no considera incompatible dirigir la economía del país y estar contratado por una multinacional. Es más: si surge un conflicto de intereses, debe optar por su cliente y no por su país. O sea, el tema no se agota en un cipayismo puntual, sino que queda como precedente.

Hoy releía la conferencia de Wilson del 10 de julio de 1987 (una semana antes de caer enfermo mortalmente, casi un testamento polaco),  organizada por el Celadu. Fue en la sede del Banco Central, donde tras desarrollar la idean culminaba sentenciando: “¿Se dan cuenta? No necesito analizar una tesis que invoca al liberalismo para negarlo […] Cuando  se define el (neo)liberalismo económico, debo decir: ‘Yo no soy eso’”.

Uruguay estuvo representado en la audiencia en Washington por representantes de Presidencia de la República y los ministerios de Transporte y Obras Públicas; Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; de Industria, Energía y Minería. El gobierno electo: por el testigo de la contraparte que demanda a Uruguay. Alfie fue contrapreguntado por el estudio que representó a Uruguay, Foley Hoag, que lo apretó para demostrar que no tenía razón. Hizo un intenso interrogatorio.

Cuando me contaron, me pasó como la noticia del gobierno en la Ley de Urgencia con la receta de los chorizos; no creí. Creí que era un chiste. Pero lamentablemente no lo era. Como los chorizos,  era cierto.