La ley de urgencia presentada el miércoles por el presidente electo Luis Lacalle Pou es una suerte de flashback de los años 90, al mejor estilo de un documental de Netflix. Es que es así. Entre sus principales lineamientos está un refuerzo de la actividad policial como fuerza represora, la desmonopolización de actividades de las empresas públicas, pone en jaque a la ley de inclusión financiera, y una intervención flagrante al derecho de huelga.
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Seguridad. Esta es una de las materias que más se han desarrollado en el anteproyecto. Se establece una extensión del delito de légitima defensa. Se incluye, en este sentido, a quienes contraponen una agresión contra él o un tercero, los funcionarios policiales, de prefectura o del Ministerio de Defensa. Están incluidos quienes salgan en defensa del cónyugye, de los padres o hijos, y todo el que actúe en defensa de una persona.
Otro punto a resaltar es la modificación del Código Penal. El gobierno electo propone incrementar la pena de 4 a 16 años, en la actualidad de 2 a 12 años, y es agravante el delito de violencia familar. Asimismo, en el caso de abuso sexual elevan la pena de 4 a 16 años de penitenciaria.
Aparece una novedad: el delito de desacato a quien se resiste a ser detenido por la policía o quien ataca a un policía. Asimismo, será castigado de igual manera quien impida la detención de una tercera persona. Se endurecen, además, las penas para quienes roben un arma de la policía o de las Fuerzas Armadas. A su vez, el personal policial en situación de retiro tendrá derecho a portar arma y podrá actuar en situación de delitos de flagrancia.
En otro orden, dice el texto que se creará una Secretaría de Inteliencia Estratégica del Estado (SIEE), como órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo en el ámbito de la Presidencia. El Conejo de Defensa Nacional (Cosena) actuará como un órgano asesor de Lacalle Pou en materia de Defensa.
Economía. Se propone crear una “regla fiscal” para la administración pública, y fijará una “meta indicativa”, establecida por el Poder Ejecutivo en la ley de Presupuesto. La misma será complementada con un tope de incremento anual de gasto real vinculado al crecimiento potencial de la economía.
El gobierno electo se propone destruir la “ley de inclusión financiera”. Se deroga la obligatoriedad de utilizar los canales bancarios o dinero electrónico para pagar remuneraciones y otras partidas generadas por los trabajadores, honorarios a profesionales fuera de la relación de dependencia, y los pagos del Estado a sus provedores. Además, se propone eliminar la bancarización obligatoria para los pagos “por todo concepto originado en transacciones entre particulares”, las que podrán efectuarse mediante la modalidad e instrumentos de pago acordados entre las partes.
Este es uno de los meollos del proyecto liberal de Lacalle: “Derógase el monopolio de la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y derivados”, los cuales son gesionados por la empresa pública Ancap. Se agrega que esta “podrá constituir una sociedad comercial” a tales fines.
Estado. En la ley de urgencia se propone una fuerte restricción de trabajadores al área pública. A saber, se les solicita a los organismos públcos que planteen una estrategia de “planes anuales de contración de bienes y servicios”. Asimismo, se establece crear una Agencia Reguladora de Compras y Contrataciones del Estado y la Unidas de Adquiciones. Además, se crea la Agencia de Monitoreo y Evaualación de Políticas Públicas (Anepp). A través de esta, el gobierno podrá “comunicar” su definición en el marco de la “fijación de pautas técnicas para la mejora de gestión en las empresas estatales. En cuanto a los funcionarios, las contrataciones serán una por cada tres vacantes.
Sindicatos. La norma establece que “el derecho de huelga” podrá practicarse “de forma pacífica, sin perturbar el orden público”, de forma tal de ir “asegurando la libertad de trabajo de los huelguistas y el derecho a la dirección a ingresar a los locales de la empresa”. Además, arriesga que el gobiernio “podrá disponer restricciones a dicha medida”, en tanto se contravenga la ley establecida. En otro orden, se ilegalizan los “piquetes realizados en espacios públicos o privados”. La Policía tendrá la postestad de disolver estos eventos.
Vivienda. Se establece crear la Dirección Nacional de Integración Civil y Urbana para desarrollar la regularización de asentamientos irregulares. El objetivo, según el anteproyecto de ley, es “administrar, adquirir, urbanizar, fraccionar, ceder y vender inmueble”. Esta nueva repartición podrá expropiar bienes inmuebles. En otro orden, promueve “un régimen de arrendamientos sin garantía”.
Salud. El gobierno electo propone otra agencia. Esta vez una que se dedique a la evaluación y control de medicamentos de alto precio y técnicas complejas.
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