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Desde la entrega del primer borrador de la Ley de Urgente Consideración, el ex asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, viene alertando que las modificaciones planteadas favorece el Lavado de Activos bajando la calificación de Uruguay ante la GAFI pudiendo pasar a integrar la lista gris, y deja en condiciones de inferioridad a los trabajadores para negociar la forma de pago de su salario.
«Una modificación fundamental tiene que ver con el manejo de dinero en efectivo, que en la Ley de Inclusión Financiera (LIF) el tope eran 4 mil dólares, estándar también utilizado como máximo en otros países de Europa, ( efectivo entre mil y 4 mil euros) que enfrentan el lavado de activos como España, Italia y Portugal, por mencionar algunos.» explicó.
«La LUC eleva el monto a 100 mil dólares, y elimina el articulo de la LIF, que impedía el fraccionamiento de pagos, evitando así que por ejemplo alguien pudiera pagar con 1 millón de dólares en efectivo en diez cuotas de 100 mil dólares.»
Los pagos por encima de 4 mil dólares, se debían realizar mediante medios electrónicos, cheques o letras de cambio, por lo que se podía realizar una trazabilidad del dinero, controlado por escribanos que debían autentificar el monto en escritura, y pasaba por la supervisión de los Registros Públicos y en algunos casos, la secretaria anti lavados.
Esto hizo que Uruguay no integrara la lista gris y mereciera el reconocimiento de la GAFI, en el combate al lavado de activos y fondos provenientes del narco tráfico u otras actividades delictivas o especulativas.
Con las modificaciones que a ultimo momento se incorporaron en la LUC y que fueron cuestionados por integrantes de la coalición multicolor, entre ellos el doctor Leonardo Costa, se hace difícil realizar una identificación del origen de los fondos.
La otra moficiacion tiene que ver con la eliminación de sanciones que incluía la LIF; si se realizaban pagos en efectivo por encima de los 4 mil dólares, la ley preveía una multa del 25% del monto pago y una detención de la operación financiera hasta que se regularizara la situación.
Al eliminarse las sanciones, no quedan claros cuales serán los mecanismos para evitar pagos por encima de los 100 mil dólares. en principio, no habría medidas punitivas.
El Colegio de Contadores y Economistas del Uruguay salieron en defensa de las modificaciones planteando que las mismas no representan un riesgo que haga perder credibilidad al país ante los organismos oficiales.
Vallcorba responde que» la LIF otorga herramientas a los controles del Banco Central que le permite actuar en las transacciones de entidades financieras con operaciones de bajo riesgo, ya que el sistema no es infalible.»
Puso como ejemplo que «con la LUC alguien puede vender su casa en 100 mil dólares y recibir el pago en efectivo; con la escritura de la venta de la casa, puede realizar un deposito en un banco por ese monto, y con la escritura hacerlo en 6 bancos mas. Como no hay cruce de datos por el secreto bancario y la LUC habilitó el pago en efectivo, esta persona puede tener cuentas por un monto de 600 mil dólares cuando solo obtuvo 100.»
La otra modificación preocupante para Vallcorba en la ley de urgente consideración tiene que ver con el pago de salarios.
«La LUC propone que la negociación de la forma de pago, en efectivo o electrónica, se realice entre el empleador y el asalariado en el momento de iniciar la relación laboral, lo que claramente claramente favorece al empleador, esto es a quien tiene mayor poder de negociación».
Explicó que «con el pago electrónico uno de los objetivos fue aumentar la formalizacion del mercado de trabajo, y que esta medida no tenia carácter obligatorio para localidades menores a dos mil habitantes, donde se dificultaba el uso o existencia de mecanismos de pago».
En aquellas localidades mayores a dos mil habitantes, reconoció que faltó mas información sobre los distintos puntos de extracción de efectivo, pues una de las criticas al sistema de inclusión fue la posibilidad de acceder a los cajeros. «en zonas con mas de dos mil habitantes que las relevamos, a los cajeros se sumaban los puntos de extracción de efectivo como las redes Urupagos en el Interior, Abitab, Redpagos y otras redes que funcionaban en supermercados».
Ante la critica de que la LIF favorecida los intereses de los bancos, manifestó que :» la ley de Inclusión Financiera es una política publica que buscó equilibrar el sistema. Todos los bancos buscan un retorno rentable pero nosotros logramos que el retorno fuera razonable y no extraordinario. Incluso obligamos a los bancos a que el pago de salarios sea gratuito, y permitió incluir a sectores de la población que no eran de interés para el sistema bancario»
Resaltó que por la LIF, fue posible que la gente pudiera llevar adelante las medidas de aislamiento social por la pandemia, realizando pagos y cobros en forma electrónica.
Recordó que antes de los gobiernos del Frente Amplio, la informalidad laboral ascendía al 41% , logrando bajarla hasta el 25% con la que la recibe este gobierno, y ese era un dato público.
Detalló que «el 67% de la informalidad la representa en ese 25 % los cuentapropistas y un 11% del mismo son asalariados»
