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Lo que te dicen y lo que realmente es

Columna de Dr. Sergio Rodríguez, militante independiente del Partido Nacional.

Dr. Sergio Rodríguez
militante blanco independiente

Para entender la LUC partimos de la base que se dicta en el contexto de un gobierno con orientación neoliberal; que pretende  de manera constante generar un espejismo de ejercicio de autoridad, enviando mensajes constantemente hacia la opinión pública y la sociedad en su conjunto. En las diversas temáticas que legisla se advierten errores jurídicos, violación de normas constitucionales, retrocesos en derechos y garantías individuales. Predominando una clara intencionalidad político-simbólica en todas las áreas. Se quiere exhibir musculatura de gobernabilidad, pero no se percataron que el pueblo, las organizaciones sociales y la militancia de a pie también la tiene.

En el caso de las normas sobre Seguridad son la expresión más pura de una concepción del “derecho penal simbólico” (Winfried Hassemer). Más preocupado por el impacto comunicacional cultural que provoca en la sociedad, que por la sustancia concretamente contenida en el mensaje. Utilizando el Derecho Penal con clara finalidad política. Recurriendo a perimidas recetas de política criminal como por ejemplo creando delitos nuevos (que en realidad son repetición de delitos ya existentes) aumentando penas (punitivismo), limitando institutos liberatorios (aumentando aún más la tasa de prisionización) u otorgando mayores potestades al cuerpo policial en desmedro de las garantías individuales de todos los ciudadanos, sin hacer aportes jurídicos sustantivos en toda la legislación que interviene y modifica. Las modificaciones al Código de Proceso Penal que se discutió por espacio de ocho anos desnaturalizan la principal característica del proceso instalado: que las investigaciones las dirija la fiscalía. Ahora tiene más potestades la policía con demasiada discrecionalidad en la indagatoria preliminar lo que SERPAJ denomina “proceso comisarial”. Las modificaciones a la Ley de Procedimiento Policial profundizan las inconstitucionalidades que ya traía de nacimiento. Las realizadas a las normas sobre adolescentes en conflicto con la Ley Penal son también regresivas que chocan de frente con principios recogidos en la legislación que tienen su base en el Art. 37 de la Convención Universal de los Derechos de los Niños y Juventud ( que las penas privativas de libertad deben ser siempre el último recurso) . Limitar la redención de la pena tenia la opinión contraria del comisionado parlamentario, pero… la votaron igual.

En el caso de las normas sobre Educación subvierte una serie de principios largamente arraigados en la historia que tienen su base en la propia constitución (obligatoriedad, laicidad, autonomía de los Entes Desconcentrados, organización colegiada de los consejos, unidad del estatuto de la función docente). Cede además demasiados espacios de decisión en el ámbito privado, a la vez que recorta a las competencias de la UDELAR y en general concentra en el MEC mayores espacios de competencias y decisión. En esta área se advierte el autoritarismo en su más pura expresión. Pretendiendo dar un mensaje que “se hacen cargo de la autoridad en la Educación” realizando modificaciones a aspectos que forman parte de la esencia e historia de la educación, instaurando un régimen donde predomina la autoridad política (MEC). Es en esta área donde vemos inconstitucionalidades evidentes flagrantes y en varias normas (Por ejemplo violenta el Art. 168 Nral. 7 Literal b, la necesidad de mayorías especiales para aprobar determinadas modificaciones que no comulgan con la declaración de urgente consideración). Como resultado de este marco legal e l CODICEN viene tomando medidas inconsultas que afectan las condiciones de trabajo sin respetar la negociación colectiva, como por ejemplo disponer la elección de horas de trabajo para el 2022 de forma virtual en la mayoría de los departamentos.

La regla fiscal es en realidad una forma de ajuste fiscal encubierto, teniendo una rigidez que no permite acompañar adecuadamente épocas con derechos sociales comprometidos. La forma de fijación del precio de los combustibles establece una política que priorizando los aspectos puramente económicos y deja de lado la pata social del organismo ANCAP. Instituye un criterio demasiado amplio de intervención privada en las empresas públicas (Art. 287) que señala claramente una senda privatizadora, cuando ya la ciudadanía se ha manifestado contrario a ese tipo de políticas en forma más que contundente (referéndum de 1992). La des inclusión financiera desfavorece al trabajador que no tiene ninguna libertad de elegir, el trabajador tiene NECESIDAD, por otro lado flexibiliza también las normas que perjudican la imagen del país que van en camino contrario de las practicas internacionales relativas al control del lavado de activos.

En lo que tiene que ver con Instituto Nacional de Colonización claramente lo debilita (desafectación de tierras) y desnaturaliza la esencia de la institución (flexibilizando obligaciones). Desnaturaliza casi en absoluto el instituto de la adopción, pues abre la puerta a las entregas directas por fuera del INAU.

En materia de vivienda dice el mensaje del oficialismo que pretende instalar una política social de vivienda a través de la reglamentación del arrendamiento sin garantía; cuando esto ya era legalmente viable, pero además por la forma en que se lo legislo desequilibra la balanza de manera notable a favor del propietario y genera una situación de absoluta precariedad para el inquilino. Lo que no dicen los voceros del gobierno es que el arrendamiento sin garantía está regulado en los artículos 421 hasta 459 de la LUC pero a referéndum se someten desde el artículo 425 en adelante (normas sobre desalojo exprés y lanzamientos) dejando vigente entonces el arrendamiento sin garantía de la LUC. Pero esto no lo dicen.

En lo que tiene que ver con la portabilidad numérica perjudica claramente a ANTEL pues declara un supuesto derecho a la conservación del numero de telefonía móvil con el fin de implantar un sistema de competencia libre, lo que es INSOLITO pues perjudica a la propia empresa del estado, algo realmente extraordinario solamente visto en un gobierno herrerista. La portabilidad numérica es una experiencia superada en el mundo, no fue útil para la finalidad original: garantizar el acceso a las comunicaciones en condiciones equitativas (en Colombia tuvo que intervenir el estado y declarar la esencialidad de las comunicaciones marcando la inutilidad de esta implementación). Otra vez el mensaje no se condice con la realidad, y el Estado se perjudica a si mismo tendiendo al desmantelamiento de su propia empresa. Cosa insólita nunca vista.

Finalmente las normas relacionadas con la huelga unidas a la referidas a la protesta social que reprimen derechos amparados constitucionalmente, aplicando criterios claramente criminalizadores sancionadores son la marca que representa la esencia de la LUC: autoritarismo, represividad, criminalización de la protesta social conjugan un escenario realmente de retroceso de derechos, perdida de las garantías individuales, una notoria, clara, evidente perdida de democracia. Y la Constitución dejada de lado de manera clara e indubitable (Art. 57 de la Constitución).

Por la vía de abusar del procedimiento previsto en el Art. 168 Nral. 7 Literal “a” de la Constitución de la República la LUC modifica normas trascendentes de la legislación: penal, procesal penal, orgánica policial, de procedimiento policial, educación, inclusión financiera, economía, colonización, adopciones, vivienda, portabilidad numérica, protesta social. Instalando un REGIMEN represor, que por el contexto social general que se vive actualmente (en proceso de referéndum) se encuentra claramente anestesiado no habiendo mostrado lo peor del mismo (por ahora)

Sin dudas que el factor referéndum está condicionando la efectividad de las modificaciones de la LUC, el gobierno está decidido a defender la LUC y la mejor estrategia es no aplicarla

 

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