A pesar del presagio de Lacalle Pou, el gobierno se quedó sin “espalda” para sostener sin cambios el precio de los combustibles, luego de que el informe mensual de Ursea indicara que debían aumentar fuertemente otra vez. Recordemos que luego de 3 subas seguidas desde que comenzó a aplicarse lo dispuesto en la Ley de Urgente Consideración, el gobierno optó por no aplicar más la LUC que le hubiese obligado a aumentar las combustibles mes a mes los últimos seis meses. La decisión de congelar los precios de nafta, gasoil y supergás del gobierno no tuvo nada que ver con ningún criterio técnico sino con un criterio político: sabían que si aplicaban la Ley de Urgente Consideración y aumentaban nueve veces seguidas antes del Referéndum los combustibles -y con ellos todos los precios asociados al transporte-, el 27 de marzo más que una contienda electoral iba a haber un trámite.
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Sin embargo, la voluntad de engañar a la población es tan ostensible que el gobierno no aumentó lo que debía aumentar de acuerdo al precio de paridad de importación, ese criterio que tanto tiempo entronizaron, sino que lo aumentaron bastante menos, para que el tarifazo no doliera tanto y la impopularidad de la ley no se dispare, sobre todo entre sus amigos, los estancieros. Aun así, los combustibles llevan más de un 30% de aumento desde que asumieron hace menos de dos años, alcanzando un guarismo de ajuste al alza sin precedentes en la historia reciente.
El gobierno difundió esta semana por los medios de comunicación que el déficit fiscal había caído más de dos puntos. En realidad es un abatimiento con respecto al año 2021, porque si se lo compara con el último año de la izquierda está más o menos igual. No obstante, el problema acá es cómo hicieron para achicar el déficit: y lo hicieron bajando el salario real de públicos y privados dos años seguidos, por consiguiente bajando el poder de compra de las jubilaciones que se ajustan por índice medio de salarios, implementando una nueva forma de ajustar la base de prestación y contribución (BPC) por índice de salarios y no por inflación, de modo de incrementar el número de personas que pagan el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (ahora paga gente con menores salarios reales) y la cantidad que pagan (te puede cambiar de franja con salario real menor), y a la vez licuar las prestaciones y transferencias que se ajustan por una BPC que creció menos que los precios. Además de bajar salarios, jubilaciones, prestaciones y transferencias, aumentaron impuestos y tarifas muy por encima de lo que aumentaron los ingresos de la gente (ya vemos que más gente paga IRPF, por ejemplo) o que los combustibles aumentaron casi 20 pesos desde que asumieron, y en otro orden, plancharon violentamente la inversión en obra pública. De acuerdo a muchos consultores privados, la obra pública de este gobierno es, probablemente, la menor de la historia y todo lo que veas inaugurar por el presidente o sus ministros son obras licitadas y concedidas en el período anterior, que el gobierno inaugura como si fueran propias.
Así tenemos que bajaron salarios, jubilaciones, transferencias sociales, aumentaron impuestos, tarifas, destruyeron la inversión en obra pública, le bajaron el presupuesto a casi todos los ministerios y, para colmo, aprovecharon la pandemia para achicar el gasto, en lugar de desarrollar una fuerte inversión para contener el desastre económico y social que llevó a más de cien mil personas a la pobreza. Con esa receta medio bestial, bajaron el déficit fiscal en el medio de la crisis sanitaria más grande del siglo, y ahora lo celebran como un logro, aunque con ello haya florecido la gente en situación de calle, las personas que comen en ollas populares, la población desamparada y la desigualdad.
La difusión de este valor como un éxito de la abstracción cumple una función política medular: algún logro hay que presentar de acá al Referéndum. Con la gestión de la pandemia, o con su propaganda, venían tirando, pero ahora los números se dispararon otra vez en casos diarios, el aumento de las muertes ubica a Uruguay otra vez con entre 20 y 30 muertes diarias (y creciendo) y el aumento de la gente internada en terapia intensiva, mientras el presidente se jacta de no tomar medidas, lo cual no conforma un gran panorama sanitario para encomendarse.
Formalmente, la campaña del NO se lanzó el lunes, pero el martes aumentaron los combustibles desconociendo sus promesas de campaña, contradiciendo la supuesta espalda que tenían y aun sin aplicar completamente los artículos de la Ley de Urgente Consideración, porque son un penal en contra.
El panorama para el gobierno es malo. Por el momento se esfuerzan en censurar a los promotores de la derogación, es una práctica muy habitual de la derecha cuando gobiernan y enfrentan un Referéndum. Pero es difícil que eso les sea suficiente. No les fue suficiente para impedir las firmas no extender el plazo, pese a los miles de casos y más de 60 muertes diarias, no permitir la cadena nacional, que ellos mismos habían utilizado cuando se la pedían a los gobiernos del FA para difundir los Referéndum que ellos convocaban; es difícil que las chicanas de no dejar que se hagan actos en el Estadio, o intentar que las murgas no canten en el interior, o que no se puedan colgar pancartas en espacios públicos, o que los empresarios censuren las carteleras sindicales, les sea suficiente para vencer el 27 de marzo.