Los proyectos que esperan agazapados el resultado del 27 de marzo

Algunos proyectos ya fueron presentados y a pesar de contar con la mayoría de votos para su aprobación, entre el efímero debate político que han generado con la oposición pero también entre los socios multicolores, mas el paquidérmico ritmo parlamentario, han quedado en modo reposo.

Ha alguno de éstos proyectos se suman además propuestas que aún no han tomado el formato necesario para el trámite parlamentario, pero que mirando en el almanaque los últimos días de marzo, empiezan a agitar los contenidos, estudiando y  midiendo las reacciones que generan.

Carnaval y campaña

Las propuestas y proyectos presentados a nivel legislativo de aprobarse, modifican sustancialmente el contenido republicano en temas que van desde el derecho a la vivienda, los tratados internacionales firmados por Uruguay, y la soberanía de las organizaciones sindicales, entre otros.

Por ahora el centro de atención esta puesto por los coaligados multicolores en lo que sienten es una confrontación desde el carnaval y hacia allí dirigen los dardos.

Algunos dirigentes no pasan el limite del debate político, pero otros apuestan fuerte, como el Intendente Nicolás Olivera de Paysandú, prohibiendo la publicidad sobre las opciones en el referéndum durante el desafile oficial del carnaval en el departamento.

La medida que prohíbe tanto a los partidarios del Si como del No a expresarse, la impone con la trampilla de que afecta a las dos partes por igual, aunque es consciente del apoyo y fortaleza mediática con la que cuentan los partidarios del No.

Volviendo a los proyectos, el insistir con la aprobación de los mismos implica cierta prudencia pues a esta altura el resultado del 27/3 resulta incierto para ambas partes.

De triunfar el No, esta claro que el camino se les presenta a los legisladores de la coalición multicolor en bajada y parece mas sabio esperar a ese momento que despilfarrar energías ahora.

También es cierto, que intentar aprobarlos ahora con la atención puesta fuera del parlamento, puede ahorrar fuerzas, pero de ser derrotados el 27/3, el costo político puede ser importante.

Monzillo la excluyente

Aunque aún no ha tomado forma de proyecto legislativo, la diputada Inés Monzillo de Cabildo Abierto y ex candidata ala Intendencia de Canelones, impulsara en nombre de su partido una definición legislativa donde el lenguaje inclusivo no pueda ser utilizado en los centros educativos dependientes de la Administración Nacional de Educación Pública y en los distintos organismos del estado, así como en los colegios privados desde la educación inicial hasta los 18 años.

Para Cabildo Abierto el lenguaje inclusivo es una expresión de la ideología de género y como tal debe ser combatido ya que en particular para Monzillo, su uso viola la laicidad, equiparándola a la ideología politica o religiosa.

Aunque no adelantó como se llevará a cabo el control del no uso del lenguaje inclusivo y cuales podrían ser las sanciones, solo pensarlo da cierto escalofrío.

No obligatorias

El primero de diciembre del 2021 los diputados Gonzalo Mujica (por ahora en el partido nacional) e Iván Posada del Partido independiente, presentaron un proyecto de ley para que las elecciones en la Udelar y en la Anep dejen de ser obligatorias.

Resulta difícil dejar de pensar que los diputados han considerado el resultado donde las listas gremiales resultaron vencedoras a pesar del apoyo del gobierno de las listas no gremiales.

“El presente proyecto de ley deja sin efecto la obligatoriedad del voto en el caso de todas aquellas elecciones correspondientes a la Universidad de la República y a la Administración Nacional de la Educación Pública a diferentes organismos públicos que no constituyen ámbitos de gobierno nacional, departamental o local”, dice la exposición de motivos donde con la misma lógica se podía incluir las elecciones de los directores sociales del Banco de Previsión social, pero, allí votó bien Un Solo Uruguay.

Otro fundamento ingresa en una zona escabrosa; “el fundamento consiste en que los integrantes de estas instituciones, tanto públicas como privadas, pueden tener interés o no en participar de la decisión sobre la integración de las autoridades y , a diferencia del deber que surge de la simple condición de ciudadanos, la condición de integrante de una corporación no implica la correlativa existencia de tal deber, sino que la integración en estos colectivos se rige por el criterio de la voluntariedad con respecto a la integración en múltiples colectivos que son frecuentes en la compleja vida social moderna”.

Con la misma lógica resultaría mas oportuno entonces cuestionar todo el sistema de obligatoriedad y representatividad electoral, incluida la elección presidencial.

En todo caso, resulta mas que evidente el objetivo de ir debilitando al movimiento sindical en los ámbitos de la educación.

Reglamentación sindical

Con origen en el Poder ejecutivo y con la aprobación de la cámara de diputados, la creación en el ámbito del Ministerio de Trabajo de un registro con personería jurídica de organizaciones de trabajadores y empleadores, seguramente perjudique en gran forma, la organización de los primeros  en varias ramas de actividad.

Como de no obtener la personería jurídica no se permitirá entre otras medidas el cobro de la cuota sindical, la organización está condenada a su inamovilidad.

Pienso en las trabajadoras domésticas, en los peones de estancia, en los teletrabajadores.

Genera además desde el punto de vista legal, un antecedente que de futuro puede proyectarse en regir las formas de funcionamiento, como ya se ha intentado cuando el “Ministro” de trabajo era el coronel Bolentini.

La vivienda no será un derecho

Cuando el abogado Juan Ceretta presentó un recurso internacional ante un lanzamiento de unas familias que ocupaban un terreno, y el Poder Judicial intimó al Ministerio de vivienda a otorgar una vivienda de emergencia, desde Cabildo abierto se presentó un proyecto que apunta por un lado a quitar la responsabilidad del Estado en considerar como un derecho la vivienda y por lo tanto resolverlo, y a tomar distancia de los tratados internaciones que Uruguay ha firmado en la materia.

Con la firma de los tres senadores de Cabildo abierto, Manini, Domenech y Lozano, el proyecto de ley rotulado “Derecho a gozar de vivienda decorosa”, expresa en sus dos artículos dos modificaciones sustantivas:

“El artículo 45 de la Constitución Nacional no establece el deber del Estado de proveer de viviendas a las personas que carezcan de ella, sino le asigna el poder deber de fijar políticas públicas a través de la ley, que propenderán a la obtención de una vivienda decorosa, higiénica y económica de todos los habitantes, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales, estableciendo criterios de justicia social para su distribución.”

Quitando por ley el deber del Estado de proveer viviendas, se piensa allanar los conflictos y contiendas judiciales, que el déficit habitacional viene generando en el país.

Para tomar definitiva distancia d ellos tratados internacionales suscriptos el articulo segundo del proyecto expresa: “Las leyes vigentes, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratificado por Uruguay mediante Ley No 13.751, de 11 de julio de 1969, y la Convención de Derechos del Niño ratificada por nuestro país mediante Ley No 16.137, de 28 de setiembre de 1990, no establecen una obligación a cargo del Estado de proveer, de inmediato y en forma gratuita, una vivienda adecuada a las personas que lo necesiten y no puedan acceder a ella por sí mismos en lo inmediato”.

Cambios en Fiscalía

Con la firma del diputado y ex fiscal Gustavo Zubia y bancada del partido colorado se propone la modificación de la Fiscalía, en una reorganización que no apunta a la eficacia en su gestión, sino a la independencia politica de la figura del fiscal general. (estas modificaciones no pueden estudiarse sin el antecedentes de los intentos y criticas a la gestión del Fiscal Jorge Díaz).

“A la luz de diversas actuaciones, se observa que dicha concentración en manos de un único jerarca, en un órgano unipersonal, no parece oportuna”, dice entre los fundamentos.

Se propone la creación de un directorio de tres miembros con anuencia del senado.

Caducidad y reparación

Desde la bancada de senadores de Cabildo Abierto, dos proyectos se presentan en el tema derechos humanos.

Uno es la derogación de la Ley18.831 del 27 de octubre del 2011 de restablecimiento de la pretensión punitiva del Estado.

“Con la finalidad de sellar definitivamente un pasado de violentos antagonismos, que finalizó ya hace más de 35 años, las soluciones que entendemos deben adoptarse, con el propósito de lograr una pacificación definitiva, deberán hacerse respetando distingos del sentir colectivo, sin cuyo acatamiento la formulación propuesta puede parecer injusta”, fundamenta y aclara que el proyecto no busca impedir en la búsqueda de detenidos desaparecidos ni en que se retroceda en los derechos adquiridos por las victimas del terrorismo de Estado, pero, “no puede existir una tesitura de penalidad infinita, como se pretende, en base a un relato que no se condice con la realidad ni se ajusta a la clara existencia de los hechos, al hablar solamente de terrorismo de Estado sin reconocer la existencia de los desbordes violentos del movimiento guerrillero”.

El proyecto también apunta a que la justicia uruguaya deje de tomar en cuenta las sugerencias o resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

De los siete artículos planteados en el proyecto, los primeros cuatro establecen en forma clara:

“ARTÍCULO 1 Declárase el derecho de los sucesores y familiares a la búsqueda de los restos de los desaparecidos en los excesos que se hubieren cometido durante el período de facto.

ARTÍCULO 2 Mantiénese el derecho a percibir las reparaciones que se han otorgado a las víctimas y/o a los sucesores y familiares de las víctimas de los excesos que·se hubiesen cometido antes del 1 de marzo de 1985.

ARTÍCULO 3 Declárase que el Derecho Penal ya ha cumplido su función retributiva, restauradora y de prevención, en el marco de la llamada justicia transicional, por haberse cumplido todos los plazos de prescripción previstos por el sistema.

ARTÍCULO 4 Derógase la Ley Nº 18.831 y en consecuencia dejaran de existir todos los efectos que de ella se deriven”.

Por otro lado, otro proyecto prevé la reparación de los familiares de lo que se consideran victimas de la guerrilla.

En ella se incluye las personas que pueden haber resultado victimas del accionar de grupos insurgentes en el periodo 1962 y 1976.

La trilogía de estos proyectos se completa con el proyecto de prisión domiciliaria para mayores de 65 años.

Minimizando la gente

Un proyecto presentado el 27 de diciembre del 2021 por el senador nacionalista Sergio Botana, propone la Enajenación del paquete accionario de Ancap.

Tal como surge del texto, “ busca eliminar el subsidio indirecto a la actividad Portland de ANCAP a través del factor «X» incluido en el precio de los combustibles. El objetivo es eliminar las pérdidas que hoy provoca la producción de Cementos en ANCAP. La actividad del portland en ANCAP impacta de doble manera. Por un lado, encarece el precio de los combustibles a través del factor X y, por otro, encarece el precio de los cementos vendidos en el mercado, ya que, en oligopolios la presencia de un competidor con costos marginales mayores (Cementos ANCAP en este caso) implica mayores precios de mercado”.

Volcando la balanza deliberadamente ante la presencia de un competidor, el proyecto expresa claramente:  “A mediados del 2021 ingresó un nuevo jugador al mercado, lo que supone agregar capacidad productiva a un sector que ya presentaba capacidad suficiente para abastecer la demanda interna”.

Los trabajadores y ex autoridades de Ancap habían planteado la necesidad de invertir en los hornos para seguir sosteniendo soberanía y no perder puestos de trabajo pero el proyecto lo desestima de plano.

“Entendemos que ANCAP no está en condiciones de generar inversiones propias, por lo que, proponemos desprenderse de esta unidad de negocios bajo ciertas condiciones que minimicen los costos sociales”.