Las designaciones directas quedaron habilitadas únicamente de forma excepcional y con un límite estricto: no pueden superar el 4% del total de cargos presupuestados del respectivo gobierno departamental.
En el caso de Salto, donde existen 1.277 funcionarios presupuestados, ese tope equivale a aproximadamente 51 personas. Sin embargo, la información proporcionada por la propia Intendencia da cuenta de unas 200 designaciones directas durante la actual administración. La diferencia es abismal: casi cuatro veces más de lo que permite la ley.
Privilegios
Mientras cientos de salteños esperan oportunidades laborales a través de mecanismos abiertos y competitivos, estos números plantean una pregunta inevitable: ¿la Intendencia está priorizando los principios de transparencia e igualdad de oportunidades o continúa recurriendo a mecanismos discrecionales de contratación? El informe obtenido por El Enfoque mediante el pedido de acceso a la información pública cierra con una hipótesis que circula cada vez con más fuerza: ¿serán las fundaciones el mecanismo que tendrá el gobierno de Salto para zigzaguear la Ley 20.451?
