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La lucha por el metro cuadrado en Brasil durante la pandemia

Con la emergencia sanitaria y la crisis económica, se agudiza la situación de la vivienda en las principales áreas metropolitanas: desalojos, aumento y criminalización de la población en situación de calle y formación de nuevos asentamientos irregulares.

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Caras y Caretas Diario

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Por Gerardo Osorio

desde San Pablo

 

Según Tribunales de Justicia de algunos estados y Distrito Federal, ya en los dos primeros meses de la pandemia, se iniciaron 15.509 acciones de desalojo en Brasil.

El Congreso Nacional anuló el veto que el presidente Jair Bolsonaro interpuso a un trecho del proyecto de ley 14.010/20, que define reglas transitorias para las relaciones jurídicas privadas durante la pandemia (Regime Jurídico Emergencial e Transitório nas Relações Privadas). El artículo vetado impedía los desalojos por atraso en el pago de alquileres durante la pandemia. De esta forma, los desalojos decididos por dictamen judicial preliminar, por acciones posteriores al 20 de marzo, están prohibidos hasta el 30 de octubre. La argumentación, con la que el gobierno defiende que miles de familias de trabajadores queden sin techo, es que impedir que los propietarios sean favorecidos en sus demandas de forma urgente por una decisión provisoria de un juez es contraria al interés público. Con el alegato de que se estaría dando una protección excesiva al deudor en perjuicio del acreedor, además de promover e incentivar la morosidad y la desconsideración de la realidad de muchos arrendatarios cuyo sustento depende parcial o totalmente del alquiler, Bolsonaro se muestra, una vez más, insensible frente a las consecuencias de la pandemia en los trabajadores. En fin, otro episodio en el que el Poder Legislativo de Brasil, como ya fue el caso del Supremo Tribunal Federal, ha tenido que intervenir, a instancias de la oposición, para intentar una mínima defensa del pueblo.

 

Quitando la miseria del paisaje

Cada persona en situación de calle carga una historia individual que lo ha llevado a una vida de carencias, abandono y prejuicios que resultarían no solo insoportables, sino impensables para gran parte de la población. Cada morador de rua es parte de una historia social de falta de solidaridad, empatía y ausencia de unión y organización social. Los meses de pandemia han dejado ya unos 120.000 fallecidos, miles de enfermos con secuelas, pérdidas humanas invaluables. Estas pérdidas se suman a otras anteriores al mes de marzo, dada la crisis económica y el desempleo frutos de las políticas del gobierno ultraderechista ya conocidas por todos.

En el centro de San Pablo, así como en otras capitales brasileñas, se observa un escenario con cada vez más personas viviendo en situación de calle, generalmente debajo de puentes y viaductos, algunos de hasta 4 kilómetros de extensión que ofician de techo para miles de familias de Brasil. Algunos trabajadores en esa situación expresan su desilusión al “sentir que el sistema les da la espalda”, otros no saben “hasta dónde aguantarán esta vida”, aunque algunos afirman “tener planes de vida y querer concluirlos” aferrándose a una esperanza y a sus creencias religiosas. La presencia de mujeres y niños pequeños ha aumentado visiblemente.

Según la municipalidad, a través del programa Consultório na Rua, 25 equipos multidisciplinarios distribuidos por la ciudad ofrecen consultas médicas y de enfermería a las personas en situación de calle, también se afirma que se han creado 1.222 lugares de acogimiento. Estas medidas son insuficientes si consideramos que ya en 2019 el número de personas en situación de calle era de 24.344. En esa dirección apunta la crítica de los referentes en cuanto al trabajo social que llevan adelante, entre otras organizaciones, la Pastoral do Povo de Rua al considerar “muy tímidas” las respuestas del poder público “que dice hacer lo posible, pero ese posible nunca es aquello que las personas necesitan de hecho”. Lo “posible” tal vez hubiera evitado las más de 5 víctimas fatales por las bajas temperaturas, esta semana, según el Movimento de População de Rua do Estado de São Paulo. Esta organización lleva adelante acciones que buscan ayudar e integrar a las personas en situación de calle. A través de foros y talleres estimulan la participación ciudadana. Al mismo tiempo han actuado como mediadores con las municipalidades. Entre las ayudas están la entrega de carpas y frazadas que lamentablemente acaban siendo retiradas por la policía. Entre las propuestas está la de que se instalen campamentos con servicios en lugares que hoy están ociosos, aunque no han conseguido aceptación de las autoridades.

La población en situación de calle en Brasil se compone por mendigos y personas que han caído en la marginalidad por falta de atención psiquiátrica o consumo problemático de drogas, así como expresidiarios rechazados por sus antecedentes y trabajadores que no cuentan con ingresos necesarios para acceder a un espacio de vivienda aceptable.

Ya casi no llaman la atención los repetidos operativos de remoción por los que se les retiran colchones, frazadas, utensilios de cocina y aseo, etc. Es un conflicto desigual entre una población desesperada, que solo pretende salvar sus únicas pertenencias, y la policía, civil y militar, que emplea insultos racistas, golpes, gases lacrimógenos, detenciones arbitrarias, con absurda superioridad material y de armamento. Las autoridades, sin embargo, insisten en que no es posible controlar absolutamente los desbordes policiales y que cada caso denunciado es estudiado, en una muestra de cinismo frente a personas que han perdido muchas veces hasta el sentido de ciudadanía.

 

Crónica de un desalojo: ¿el drama televisado?

El último domingo 23 de agosto, la TV Globo, el mismo medio hegemónico, cómplice ideológico de dictaduras y derrocamientos de presidentes electos en Brasil, expone a sus televidentes una nueva tragedia como parte de uno de sus programas domingueros con más rating y formador de opinión, Fantástico: la cobertura del desalojo de una favela construida recientemente por familias que, como consecuencia de la crisis económica y el desempleo, acentuados por la pandemia, quedaron en la calle al no poder pagar alquileres.

La nota comienza, precisamente, haciendo referencia al ruido constante por la construcción en ese mismo momento de 178 barracos de placas de madera y techo de chapas. Esta nueva favela está debajo de un enorme viaducto en la ruta que une San Pablo con la portuaria ciudad de Santos. El único cartel visible dice “No somos invasores, somos trabajadores” y esta filosofía de sumisión a la propiedad privada se refuerza con las palabras del primer entrevistado: “Yo siempre fui como cualquier otra persona, viviendo en alquiler, trabajando y todo lo demás”. Otro entrevistado, con tres hijos y su esposa embarazada, muestra mayor empatía con los propietarios de inmuebles: “Si vamos a entrar a alguna casa para alquilar, ya sabemos que vamos a entrar dando trabajo para el dueño de la casa”. La voz en off nos adelanta que estas familias que ya fueron desalojadas van a repetir la experiencia en breve, por pedido de reintegración del terreno de los administradores privados de la ruta. Las escenas de la policía y ruidos de helicópteros nos llevan al día posterior a los testimonios, es decir que la brevedad del aviso y la rapidez con que la justicia determinó el nuevo desalojo no da tiempo a retirar las pocas pertenencias de los ahora sí considerados invasores.

La secuencia siguiente es de gente saliendo con lo puesto mientras los tractores avanzan, algunas barracas siendo incendiadas y la policía lanzando bombas de gases contra gente indefensa (incluso algunos niños) que repite que ha perdido todo y que no tiene dónde ir, gente “como cualquier otra persona”, desconsolada, viendo cómo todo se va con el fuego.

Finalmente, el reportaje localiza a algunos de los entrevistados “resolviendo” su situación, siempre transitoriamente, junto a otras comunidades de ocupaciones, lo que no significa necesariamente la generación de espacios de ayuda solidaria mutua ni de organización para reclamar por sus derechos fundamentales. Dos hechos llaman la atención en la emisión de este programa: la espectacularización de la tragedia, sin la cual este tema no entraría en la “pauta” de la población y la sospecha de que la emisora tenía información previa y privilegiada acerca del inevitable desalojo. Este tipo de programa causa conmoción en la población, que en general se mantiene ajena a las causas populares, evidenciando un cambio en la pauta de la emisora, que se posicionado como opositora del gobierno Bolsonaro.

 

Vivienda popular: una demanda social histórica

La demanda de viviendas populares tiene raíces profundas en Brasil, que se remontan al final del siglo XIX, a la abolición de la esclavitud. Cuando millares de hombres y mujeres esclavizados fueron “liberados”, sin formación y sin tener a dónde ir, comenzaron a poblar las faldas de los cerros –morros– y periferias, formándose así las primeras favelas.

Durante el siglo XX, hubo más períodos autoritarios que democráticos y un modelo de concentración de la riqueza. El Estado, ausente, nunca colocó como prioridad la creación de planes de vivienda realmente populares.

La propiedad privada y la meritocracia son pilares en el plano ideológico. El patrimonialismo como matriz cultural y la religiosidad mantienen al margen de la decisión sobre los destinos del país, a la vez que carga en los propios desposeídos la culpa individual de su destino.

El derecho a la vivienda (reconocido e implantado como fundamental para la dignidad humana desde 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos) fue incluido en la Constitución Federal Brasileña de 1988, por Enmienda Constitucional Nº 26/00, artículo 6 como derecho social. Los derechos sociales entran en la consideración de fundamentales, por lo que, de acuerdo con el artículo 5º de esta Constitución, se subordinan a la regla de aplicación inmediata. El desarrollo de las capacidades de cada individuo, su integración social, su identidad cultural y fundamentalmente la propia sobrevivencia está en riesgo cuando este derecho no es contemplado.

Con los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil hubo un cambio en la pauta y programas como Minha casa, minha vida hicieron posible, para millones de brasileños y brasileñas, el derecho a la vivienda digna.

Aunque queda claro que, para gobiernos de corte neoliberal, como el actual, el único techo que importa es el de los gastos. Cabe a los movimientos sociales, y a los colectivos de organizaciones, enfrentar esta nueva/vieja ola neoliberal y mantener la lucha por la vivienda y contra la incomprensión, el odio y la lumpenización, así también como del trabajo de concientización y organización de los moradores de rua.

 

Não tem nada, não, seu doutor…

La temática de los desalojos ha sido abordada por todos los géneros literarios y musicales en Brasil, y en los últimos dos años, se ha priorizado, incluso desde ámbitos escolares y académicos.

La canción Despejo na favela (San Pablo, 1969) de Adoniran Barbosa, es uno de los sambas más hermosamente tristes y más populares de Brasil. La letra trata sobre la realidad que enfrentan quienes sufren las acciones de desalojo de una favela, villa miseria, cantegril, asentamiento. Fuera de toda poesía, también se desaloja de la calle, de alguna región inundable, de la base de un viaducto, expulsados en definitiva de todas partes.

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