El Ministerio Público de Guatemala afirmó que ciertas actas electorales de los comicios ganados por Bernardo Arévalo son "nulas", y solicitó un antejuicio para retirar la inmunidad del presidente electo, actual jefe de bancada del partido Movimiento Semilla.
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"Hay diferencia en el formato de actas 4, por lo que son nulas", informó la fiscal Leonor Morales en rueda de prensa, en la que anunció además la solicitud de antejuicio para Arévalo y para el también diputado Samuel Pérez.
Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la impunidad (FECI), cuestionó la certeza de los datos que fueron consignados en las llamadas actas 4, que contienen los resultados finales de los escrutinios, al asegurar que estos documentos no fueron los autorizados inicialmente por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
"Cuando uno analiza la información, se puede establecer, de acuerdo a la investigación, que hay actas tachadas; que hay actas donde no están las firmas; que hay más votantes que papeletas", dijo.
Curruchiche anunció que como parte de la investigación contra el partido Movimiento Semilla, el MP presentó otra solicitud de retiro de la inmunidad contra Bernardo Arévalo, fundador de ese partido y presidente electo, por el delito de lavado de dinero u otros activos.
Morales informó sobre irregularidades en la adquisición del sistema de transmisión de resultados de las elecciones de junio, además de alteración de muchas actas de escrutinio, las que consideró nulas.
"Se adquirió de forma sospechosa, y con fuertes indicios de sobrevaloración, un software que sirvió para el evento electoral, el cual, siendo manejado por terceros, comprometió la operación regular del proceso electoral, dando lugar a vulneración del sistema informático, que generó resultados irregulares, lo cual irrespeta la voluntad del pueblo", dijo.
Respondiendo preguntas de los periodistas sobre el futuro del proceso electoral, el secretario general del MP, Ángel Pineda, afirmó que la atribución final sobre si son anuladas o no las elecciones le corresponde al TSE, por la división de poderes en la república guatemalteca.
"Esta información será trasladada al TSE. Serán ellos los que tomarán la decisión correspondiente. Son hallazgos contundentes (...) Serán ellos los que puedan establecer lo que pueda suceder", agregó Curruchiche.
El titular de la FECI presentó el 12 de julio pasado acusaciones sobre irregularidades en el proceso de inscripción de Semilla en 2017 al juez Fredy Orellana, quien decretó la suspensión temporal de la personería jurídica de ese partido 30 días antes de la segunda electoral del 20 de agosto.
Arévalo participó en el balotaje pues quedó segundo en los comicios del 25 de junio, en los cuales ninguno de los 22 candidatos alcanzó la mitad más uno de los votos necesaria para ser ganador.
La Corte de Constitucionalidad aceptó un recurso de amparo de Semilla, pues según la ley, ningún partido puede ser anulado durante el proceso electoral, y Arévalo ganó el balotaje con el 60,91 por ciento de los votos válidos.
Desde entonces la dirigencia de Semilla, los líderes de los pueblos originarios y otros sectores de la sociedad han denunciado que está en marcha un intento de golpe de estado desde el MP, señalado como operador del llamado pacto de corruptos, para anular la voluntad popular expresada en las urnas.
Actualmente cuatro de los cinco magistrados del TSE se encuentran de licencia y fuera del país por temores a persecuciones políticas desde el MP, luego que el pasado 30 de noviembre las bancadas oficialistas del congreso les retiraran la inmunidad por supuestas irregularidades en la compra del sistema de transmisión de datos de las elecciones.
Tras la conferencia del MP, el TSE convocó a una rueda de prensa en la que descartó una eventual repetición de los comicios.
La magistrada presidenta del TSE, Blanca Alfaro, enfatizó que los resultados "están validados, oficializados y son inalterables".
A su vez, la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado en el que calificó de "intento de golpe de Estado" las acciones anunciadas por Curruchiche y Morales, las cuales consideró "una alteración del orden constitucional del país, un quebrantamiento del Estado de Derecho y una violación de los derechos humanos de la población de su país".
(Sputnik)