Milei y la invención del "enemigo externo"

Legalizar la persecusión

Este DNU constituye una operación discursiva cínica y perversa. En primer lugar porque el marco legal contra “la apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia” ya existía. En segundo lugar porque el mismo gobierno que ahora se rasga las vestiduras en supuesta defensa del “pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional” es el mismo que relega permanentemente soberanía, tierras, recursos e intereses nacionales. Pero por sobre todo, porque utiliza los derechos humanos y la figura del discurso de odio, jurídicamente moldeada por el derecho internacional de los derechos humanos para proteger de la violencia estructural a comunidades históricamente vulnerabilizadas y subalternizadas, como arma contra los derechos que dice defender. Al invertir el sujeto de protección, al colocar al Estado, o la abstracción de la “nación”, como víctima de discurso de odio, la administración libertaria transforma una herramienta de reparación en un dispositivo de persecución y censura. La crítica política, la protesta, el disenso cultural o el cuestionamiento a la matriz racista criolla quedan automáticamente susceptibles de ser rotulados como un “ataque al pueblo argentino”. La dilución del concepto de discurso de odio implícito en el DNU habilita un margen de arbitrariedad administrativa incompatible con cualquier estándar básico de libertad de expresión.

Alineado al plan antimigratorio de Trump

Por otro lado, este nuevo decreto dialoga de forma directa con el andamiaje punitivo que la Casa Rosada viene ensayando de manera sistemática. La persistencia en restringir el acceso a la ciudadanía a través de decretos previamente frenados por la justicia, sumada a la creación de Unidades de Seguridad Migratoria dentro de las fuerzas de seguridad federales para dotarlas de facultades de inteligencia, persecución y deportación, evidencia la articulación de un régimen migratorio abiertamente discriminatorio. Al otorgar a las fuerzas de seguridad la facultad de detectar e interpretar en la vía pública categorías tan ambiguas como la “actitud hostil” o el “mensaje de odio contra la patria”, la norma traslada la sospecha legal al terreno del arbitrio policial. En la práctica, ante la falta de criterios objetivos para medir un discurso en la calle, el control se despliega inevitablemente sobre el acento, la vestimenta y la apariencia física, institucionalizando el perfilamiento racial sobre las poblaciones no blancas y migrantes del Sur global.

En el plano internacional, sincroniza perfectamente con el ideario de la “remigración” que la Internacional Blanca consolida en los foros del Norte global. La retórica de la "campaña antiargentina" cumple en nuestro territorio la misma función ideológica que la teoría del Gran Reemplazo —esa narrativa explícitamente racista y supremacista que postula la sustitución de las poblaciones blancas— o las plataformas de “restauración civilizatoria” impulsadas por el trumpismo en Estados Unidos y la extrema derecha europea. Se construye de manera deliberada la figura del inmigrante como un enemigo externo para justificar el endurecimiento del control social y neutralizar la disidencia. La defensa de los “símbolos patrios” y de la “identidad nacional” opera como el disfraz republicano bajo el cual se naturaliza la sospecha sistemática sobre los cuerpos racializados del Sur global.

Desmontar este avance autoritario exige rechazar las lecturas simplistas que reducen la política migratoria a un mero debate sobre la hospitalidad o el patriotismo. La pretensión de regular el discurso mediante la amenaza de deportación erosiona la libertad de expresión, liquida las garantías judiciales básicas y profundiza la vulnerabilidad de quienes habitan nuestro suelo. El discurso de la identidad nacional es solo la excusa de este gobierno cipayo para usar el poder represivo del Estado para sembrar el terror y consolidar un modelo de exclusión y descarte.

Por Federico Pita para Página12