Organizaciones de la sociedad civil y familias pertenecientes al colectivo se congregaron frente al Congreso para manifestar su rechazo a la decisión del Presidente de continuar con los recortes en el sector. La Gendarmería intentó impedir por la fuerza el corte en la avenida frente al Parlamento, pero finalmente se retiró de la Plaza ante las manifestaciones de repudio.
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Desde la movilización se exigió el rechazo al veto presidencial de una ley que había obtenido un amplio respaldo en ambas cámaras legislativas.
Los carteles, las consignas y los reclamos no han cambiado desde diciembre: el valor de las prestaciones en salud, educación y rehabilitación permanece congelado desde hace ocho meses.
El veto de Milei
Según estimaciones de la Oficina del Presupuesto del Congreso, la Ley de Emergencia implicaba un costo fiscal del 0,03 % del PBI para este año. La iniciativa contemplaba, entre otras medidas, un bono compensatorio de 100 mil pesos netos para los profesionales que trabajan en el área de discapacidad. También proponía que el valor de la hora de servicio —fijado por un nomenclador estatal y abonado por las obras sociales, incluyendo Incluir Salud, PAMI e IOMA— se actualizara según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Además, el proyecto preveía eliminar las restricciones vigentes para acceder a la pensión por invalidez, lo cual implicaría un gasto adicional estimado entre el 0,22 y el 0,42 % del PBI. En cuanto a los talleres protegidos, el respaldo estatal demandaba apenas $7.160 millones, lo que representa solo el 0,0008 % del producto interno bruto de este año. No obstante, el presidente Milei vetó la totalidad del proyecto con el argumento habitual de mantener el "equilibrio fiscal inquebrantable", una expresión que incluso figura de forma literal en los fundamentos del decreto 534/2025, que oficializó la decisión.
*Con información de Página12
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