ONGs reiteran críticas a proceso de elección de ministros de la Suprema Corte

El retiro por motivos de edad del ministro Jorge Larrieux (cumplió 70 años) dejó una vacante en la SCJ. Un acuerdo político había establecido que su lugar sería ocupado por la ministra del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), Alicia Castro. Pero el mismo quedó sin efecto, por lo que se inició una nueva negociación para buscar su sucesor. A esto se le sumó, la posibilidad de lograr un acuerdo para la designación de tres futuras vacantes en el TCA y un cambio en los ministros de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas. En este contexto, una treintena de organizaciones de la sociedad civil expresaron, una vez más, su “preocupación” en relación al proceso parlamentario que precede a la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, porque el mismo carece de aspectos sustanciales para el Estado de Derecho, como ser la transparencia y la participación ciudadana. En una misiva pública, estas organizaciones -entre ellas, Serpaj, Ielsur, Cotidiano Mujer, Fundación Mario Benedetti y el Pit-Cnt- consideraron “inaceptable” que ese proceso de selección “se continúe realizando sin cumplir ninguno de estos estándares que hacen a la esencia del sistema republicano y que contribuyen a fortalecer la independencia judicial y la confianza en el sistema de justicia” “La actitud asumida hacia la ciudadanía desde el parlamento nacional como institución que encarna la democracia representativa es preocupante, pues se continua con la práctica de designación como producto de un acuerdo entre partidos políticos con representación parlamentaria, sobre el cual muy poco trasciende y al que se arriba con prescindencia del reiterado reclamo realizado desde el movimiento social con el propósito de que se garantice la transparencia y la rendición de cuentas en el nombramiento de los integrantes del máximo órgano judicial”, expresa la misiva. En este sentido, las organizaciones recuerdan que su reclamo “no es nuevo” y que en octubre de 2014 se presentó una “petición administrativa” ante la Asamblea General, para posibilitar que la ciudadanía “conozca cómo se adoptan las decisiones en torno a las designaciones de los ministros y ministras de la SCJ, y para promover la posibilidad de que exista un verdadero proceso de elección previo a la designación, que contemple la transparencia, la participación social y la rendición de cuentas, como pilares en el marco de las disposiciones constitucionales hoy vigentes”. “La petición fue archivada al inicio de esta legislatura sin que nunca fuera tratado el asunto”, dicen. Por este motivo, en junio de 2016 se realizó un nuevo planteo, de similares características, pero al pasar un año y medio, “el Parlamento continua sin dar respuesta a nuestra petición”. “En una actitud que mucho lamentamos, el sistema político resuelve continuar transitando por el camino de la negociación política partidaria a espaldas de la ciudadanía y adoptó la decisión de dos designaciones y en los próximos día una tercera, sin expedirse en forma previa sobre la petición y sin brindar ninguna respuesta formal como entendemos correspondía ante la seriedad y formalidad de nuestro planteo”. “Pese a que desde octubre de 2014 venimos insistiendo en este asunto las organizaciones sociales nos enteramos por la prensa que se redobla la práctica de secretismo, -no sólo negociando partidariamente cada cargo- con una negociación que pretende abarcar las vacantes futuras, todo lo cual nos parece una muy mala señal hacia la porción importante del movimiento social que representamos”, señala. Por este motivo, las organizaciones hicieron un llamado a todos los legisladores a que “abandonen una práctica que no se encuentra a la altura del desarrollo democrático del país y la sustituyan por un proceso de elección transparente, basado en criterios objetivos de evaluación establecidos con antelación, que permita considerar los talentos y virtudes de quienes aspiren a ocupar cargos en el máximo órgano judicial”. En este sentido, se afirma que el procedimiento seguido por el Parlamento desconoce los estándares y recomendaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, incluido el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Y se afirma que los parlamentario deberían hacer público el fundamento de su voto y explicitar los motivos, consideraciones y el alcance de los acuerdos políticos partidarios para la definición de los ministros de la Corte.