Ante la decisión de OSE de aumentar el porcentaje de cloruros y de sodio en el agua potable el director por el Frente Amplio (FA), Edgardo Ortuño, presentó una serie de medidas para hacer frente a los problemas de abastecimiento generados por la sequía. Entre estas se cuentan un descuento del 50%, “o la totalidad”, a la población de la zona metropolitana, a cargo de Rentas Generales. En ese sentido recomienda emplear el mismo mecanismo usado ante los eventos de olor y color en Maldonado en 2015.
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El aumento de la salinidad del agua dispuesto por la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE), para hacer frente a los problemas de abastecimiento, fue decidido a fines de abril. Según las autoridades no afectaría la salud de la población. No obstante la ministra de Salud Pública, Karina Rando, advirtió que puede haber consecuencias negativas ya que puede afectar la dieta “sobre todo de pacientes con hipertensión arterial severa, insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal”.
Ortuño recuerda en su propuesta que “de mantenerse la situación (…) tendremos que adoptar medidas extremas como las que se plantean”. Ante esto sostiene que se puede tomar una semana de tiempo para analizarlas y adoptar no una medida aislada “sino un paquete que de respuesta a aspectos sociales y sanitarios que van a afectar a la población en general”.
Precisa que el 33% de la población tiene hipertensión arterial y se ignora cuantos tienen hipertensión severa.
Respecto al pedido de la ministra Rando de que quienes tienen hipertensión deberían tomar agua embotellada, Ortuño precisa que se debería “preparar la atención de diálisis de agudos que se da en centros asistenciales”.
Sobre quienes deben recurrir a la compra de agua embotellada Ortuño propone un subsidio para atender a la vulnerabilidad social.
“También se debe informar, preparar y compensar a la población en general, realizando una campaña de comunicación previa”, propone. Advierte que un sector de la población va a sentir un rechazo al sabor del agua y no podrá beber de la canilla. “Eso requiere una compensación económica por la disminución de la calidad del servicio mediante un descuento en la tarifa, de un 50% o la totalidad a toda la población de la zona metropolitana, financiada a cargo de Rentas Generales, tal cual se realizó en los eventos de olor y sabor en Maldonado de 2015 por cianobacterias, y de soda en Canelones”.
“Insistimos en ejecutar las obras de infraestructura necesarias” y “realizar un shock de inversiones” para reparar roturas y evitar pérdidas de agua.
Finalmente propone crear un comité de crisis, integrado por varios organismos, para hacer frente a la situación y estudiar soluciones duraderas.
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