PADO ha contribuido a reducir delitos en Área Metropolitana

El programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) es un  sistema de patrullaje destinado a zonas que muestran concentración de delitos. Se aplica en Montevideo, Canelones y San José desde abril de 2016. Su objetivo es reducir delitos contra la propiedad, incrementar la eficacia en el esclarecimiento de delitos, aumentar la confianza de la ciudadanía en la Policía y  mejorar la percepción de seguridad en la población. Se integra con funcionarios de dedicación exclusiva, que reciben por ello una compensación salarial específica. Para obtener esos resultados se ha implementado un servicio de patrullaje disuasivo y represivo en zonas con alta concentración de delitos, relevamiento ambiental y capacitación de los funcionarios. La intervención es llevada adelante por la Dirección de la Policía Nacional (DPN) del Ministerio del Interior (MI), a través de la Unidad de Análisis Criminal (UAC), y es implementada por medio de las jefaturas de Policía y de la Dirección Nacional Guardia Republicana. Su ámbito de acción corresponde entonces a estos tres departamentos, donde se concentra más 90% de los delitos. Se enmarca en un conjunto de cambios caracterizados por concentrar el esfuerzo en los problemas centrales de una comunidad, más que en eventos delictivos particulares, señala un informe elaborado por la División de Análisis y Evaluación de Políticas Públicas de la Dirección de Gestión y Evaluación (AGEV) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Para los primeros meses de funcionamiento, se definieron 52 circuitos distribuidos en los tres departamentos. En conjunto, estos circuitos representan 8% del territorio de la región metropolitana y 1% del total de las calles (25 km de longitud). Además, PADO concentra el patrullaje en el período de ocho horas del día en el que ocurre la mayor cantidad de rapiñas (aproximadamente entre las 16 y las 24 horas). En ese lapso, los circuitos donde actúa concentraron 23% de las rapiñas durante 2015. Recuerda el informe que el principal problema que da origen a la intervención es el incremento en la cantidad de delitos constatados en los últimos años, particularmente contra la propiedad con uso de violencia (rapiñas). Esta intervención parte del diagnóstico de que el crimen se concentra en pequeñas unidades territoriales y de que existe una vinculación fuerte entre lugar y delito (más que entre delito y persona), lo que significa plantear la hipótesis de que los microterritorios tienen características físicas y sociales que incrementan las oportunidades para cometer delitos. Estas características pueden ser calles mal iluminadas, casas abandonadas o el tránsito frecuente de potenciales víctimas. Al mismo tiempo, la intervención debe atender el problema planteado porque los horarios donde se concentran los eventos delictivos -en la tarde y noche- son opuestos a los horarios en los que se dispone de mayor cantidad de funcionarios en actividad (la mayoría cumple funciones en la mañana). La estrategia general responde al objetivo de reducir delitos en circuitos patrullados por el programa. En base al diagnóstico realizado, se ha concentrado el patrullaje en los lugares donde el delito se presenta con mayor frecuencia. Esto implica disponer personal en los puntos críticos y segmentos de manera fija, con el objetivo de disuadir. También se realizan pedidos de identificación a los transeúntes, y eventualmente se hacen registros personales o de vehículos. Para desarrollar dicha estrategia y alcanzar los resultados esperados, la intervención propone en su diseño la prestación de tres servicios-productos: patrullaje preventivo y represivo en circuitos, segmentos y puntos críticos. En general, se organiza asignando a cada circuito un equipo conformado de manera estándar por un oficial (con vehículo de cuatro ruedas), entre dos y tres policías de a pie por segmento y de dos a cuatro policías en moto. Cada grupo de policías de a pie se ubica en un segmento, sin salirse de sus límites. El resto del equipo patrulla el circuito, también sin salirse de sus límites. Cada grupo de policías y cada móvil tienen un equipo que, además de las comunicaciones, permite la trazabilidad de los recorridos. El equipo móvil dispone además de una tablet con acceso remoto a bases de datos para controlar vehículos y personas. Durante su permanencia en el segmento, los funcionarios pueden pedir identificación e interrogar a personas o conductores de vehículos en circulación y eventualmente registrarlos. Si se produce un evento delictivo, el grupo asignado lo reprime de forma habitual. De igual manera, si se observa un delito fuera de los límites del segmento, el personal podrá actuar, pero con la condición de no perderlo de vista. Se realiza también el denominado relevamiento ambiental para detectar situaciones de desorden ambiental o al menos incrementar las oportunidades para la comisión de delitos. Se hace con un formulario que contiene diversos ítems para caracterizar el área, describir las instalaciones y servicios existentes, constatar el estado de la infraestructura y mantenimiento de la zona. A esto se agrega la capacitación de los funcionarios para la implementación del programa. Este prevé dos horas semanales de capacitación, aunque en la práctica se realiza a lo largo de una semana al mes. En cuanto a  la evaluación del programa, se ha constatado la congruencia entre los objetivos de la intervención y los objetivos estratégicos del Área Programática Seguridad Pública. En segundo lugar, la intervención ha identificado de forma correcta como problema el incremento en la cantidad de delitos contra la propiedad y su concentración en territorios delimitados, así como la escasa disponibilidad de personal en los momentos en que ocurre con mayor frecuencia. Para el caso de Montevideo, la hipótesis de la concentración del delito ha sido comprobada, lo mismo que la tendencia creciente, en especial del delito de rapiña. En tercer lugar, las definiciones adoptadas como población potencial y objetivo son adecuadas. La focalización en el delito de rapiña también se considera acertada, ya que es un delito que ha crecido en la última década e impacta directamente en la sensación de seguridad de la población. Por otra parte, la presencia policial para hacer prevención y eventualmente represión en lugares seleccionados es consistente con el problema representado por la concentración del delito contra la propiedad en determinados segmentos de calle, agrega el informe. Sobre el objetivo de “contribuir a disminuir globalmente los delitos contra la propiedad”, los datos durante 2016 parecen confirmar la eficacia de la intervención, ya que se constata un descenso en las rapiñas, lo que puede considerarse, al menos en parte, un efecto de la actuación de PADO. La disminución ha sido diferente según el departamento. Existe disparidad en los resultados, al punto que en Montevideo la caída de las rapiñas es menor que en los departamentos de Canelones y San José. Mientras tanto, los hurtos también tienen comportamientos dispares, con incrementos en San José y Montevideo. Es posible que parte de estos aumentos correspondan a adaptaciones del comportamiento ilegal frente a la intervención, señala el documento. Las reducciones son particularmente pronunciadas en las zonas en que actúa el PADO, agrega, lo que justifica atribuirle la mayor parte de la reducción del delito de rapiña. Además, otros delitos también experimentaron reducciones durante el período en que la intervención comenzó a funcionar -particularmente, delitos contra la persona, como homicidios, violencia privada y lesiones-. Aunque estos datos no estuvieron disponibles durante la evaluación, muestran una evolución favorable que también es razonable atribuir a la intervención. En conjunto, la intervención se ha mostrado eficaz para reducir la cantidad de delitos, especialmente rapiñas, lo que es un resultado auspicioso. Un segundo objetivo de mediano y largo plazo es incrementar la eficacia en el esclarecimiento de delitos. No se ha dispuesto de datos sobre la actuación global de la Policía, pero los datos referidos a PADO muestran que hay una importante cantidad de registros de personas por cada detenido (muy por encima de la relación de cuatro registros por detenido que ha sido recomendada por consultores internacionales). Señala el informe, en cuanto a conclusiones y recomendaciones, que se establece en primer lugar que la intervención tiene una base teórica sólida y su aplicación se apoya en evidencia empírica. La estrategia adoptada es una respuesta consistente a los problemas que se intentan resolver, los que a su vez han sido bien caracterizados. Se señala una oportunidad de mejora en la explicitación de la relación medioambiente-delito, recomendándose profundizar el conocimiento de dinámicas locales que puedan alimentar tanto situaciones de desorden como eventos criminales. La idea es que este conocimiento permitiría establecer estrategias diferenciadas según las características de cada territorio, así como establecer criterios de permanencia  y estrategias de salida. Por tanto, se recomienda el diseño y la implementación de evaluación de impacto y estudios locales (por barrio), incorporando indicadores para resultados no esperados. Un aspecto relevante es la evaluación de la percepción de los residentes en las zonas donde opera la intervención. En cuanto a la implementación -organización y gestión- de la intervención se establece que ha adoptado una forma organizativa flexible, en base a una coordinación directa entre la unidad responsable y las unidades operativas. Esta forma ha sido una elección adecuada para una etapa inicial del programa. Agrega que, a mediano plazo, pueden generarse tensiones por la superposición de funciones, por lo que se sugiere definir y consolidar el cargo de la Jefatura de PADO a nivel central. Esto debe hacerse en el contexto de mecanismos de coordinación sistematizados.