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Política

Para Korzeniak, a veces «se hace la vista gorda» a la Constitución

El constitucionalista afirmó que, por la autonomía que fija la Constitución, el gobierno no puede suspender la presencialidad a clases por su cuenta, pero ningún organismo de la Educación impugnaría la medida en plena pandemia.

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El constitucionalista José Korzeniak consideró que, a causa de la emergencia provocada por la pandemia, a veces «se hace la vista gorda» sobre la constitucionalidad de algunas decisiones, porque «hay un consenso nacional que determina que se toman ciertas medidas, porque existen razones sanitarias muy importantes».
Entrevistado por Caras y Caretas, Korzeniak mencionó que en función de la autonomía establecida por la Constitución, el gobierno no puede definir «por sí mismo» la suspensión de la presencialidad obligatoria en el sistema educativo, «pero ninguno de los organismos de la enseñanza está en contra de la medida, ni se le ocurriría impugnarla».
«Estamos en una emergencia sanitaria, la Constitución dice que las medidas las deben tomar los organismos de enseñanza y no el gobierno, pero tampoco es constitucional que las elecciones se hayan hecho cuando se hicieron. Hay una cantidad de otras medidas, pero el caso de las elecciones es un buen ejemplo, porque no se hicieron en la fecha que dice la Constitución, y tampoco las elecciones universitarias se van a hacer en la fecha que dice la Ley Orgánica», recalcó.
El constitucionalista explicó que todas estas decisiones son posibles «porque nadie tiene un interés directo personal y legítimo para ir a impugnar su constitucionalidad».
«Digamos que hay un acuerdo, un consenso nacional que determina que hay cosas que se deben hacer por razones sanitarias muy importantes. Para decirlo en términos callejeros, se hace la vista gorda», agregó.
«Yo no tengo ninguna duda de que las elecciones se hicieron inconstitucionalmente, pero ¿a quien se le va a ocurrir impugnar eso en medio de la actual crisis sanitaria?. Lo mismo pasa acá con la autonomía de los organismos de enseñanza. Si hubiera algún organismo que dijera, nosotros no queremos eso, y el gobierno central estuviera interfiriendo, se podría impugnar ante el Tribunal en lo Contencioso Administrativo y no ante la Suprema Corte, porque se trata de un decreto. Pero, por las mismas razones, suponemos que ningún organismo de enseñanza está en contra de la medida y por lo tanto no se le ocurriría impugnarla», concluyó.

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