Pereira: un presupuesto retardatario y una perspectiva oscura

El gobierno presentó las pautas para el Presupuesto quinquenal. ¿Cuál es la evaluación inicial que hace el Pit-Cnt?

Es retardatario. Un presupuesto que es restrictivo sin duda afecta la calidad de los servicios. Para dar un ejemplo: un maestro que gana hoy $ 50.000 va a perder en cinco años $ 150.000 y va a tener una pérdida salarial de un 5% durante el período. No es que no se mantienen los salarios reales, no se está cumpliendo con la promesa de campaña, que era que se iban a mantener los salarios. Uno entiende que en una circunstancias de pandemia se puede decir “veremos cómo hacemos”, pero lo que no se puede es pensar que en el resto de los años no se puede recuperar lo perdido. Eso claramente afecta el poder de compra de los salarios de los trabajadores de la enseñanza y el resto de los funcionarios del Estado. Porque esto es lo que se ha presentado a COFE y otros organismos del Estado de forma tal que va a haber pérdida salarial.

Si no se invierte en salud, en vivienda y en educación, yo no sé cómo se va a hacer justicia social, porque entre déficit fiscal y déficit social, yo me quedo con déficit fiscal, sabiendo que es duro tener un déficit alto, pero es más duro tener a cientos de miles de personas por debajo de la línea de pobreza, en particular niños. Si Uruguay tenía 17,2% de los niños por debajo de la pobreza antes de la pandemia, ahora va a tener un número mayor. Eso es hipotecar el futuro. En términos conceptuales tenemos una diferencia muy importante. La política que el gobierno se fija, o las aspiraciones que el gobierno tiene, no son las del movimiento sindical, pero en una sociedad democrática eso se lauda debatiendo, discutiendo y luchando. Porque finalmente, si entendemos que la propuesta es inaceptable, va a haber jornadas de lucha.

Esto supone movilizaciones. ¿Cuáles serán estas?

El 27 hubo un paro de COFE, el 31 los sindicatos de la enseñanza van al Palacio Legislativo, el 10 hay una movilización por presupuesto que convoca toda la Intersocial. El 17 hay un paro general de 24 horas que pretende generar condiciones para que haya trabajo de calidad, para defender el salario, para que el Presupuesto atienda las necesidades de los sectores más vulnerados de la sociedad, pero también para criticar una ley que desde todo punto de vista es muy negativa, como la Ley de Urgente Consideración.

Hay un plan de acción bastante bien articulado. Hay que poder explicar a la sociedad cuáles son los daños que puede generar un Presupuesto de este tipo y generar las condiciones para que la gente entienda cuáles son las propuestas del movimiento sindical para tratar de atenuar la crisis. Y esto es ingreso básico de emergencia, servicios públicos para los sectores que no tienen ingresos, es tener políticas de empleo sectoriales que permitan mantener el aparato productivo mientras dure la pandemia. Hay condiciones que hay que atender y el gobierno tiene la obligación de tenerlas. De alguna manera, que Uruguay esté último en el ranking de lo que invierte, de acuerdo a la Cepal, mucho más que un tema estadístico supone revisar políticas públicas que atienden las necesidades de la gente. Porque si hay decenas de miles alimentándose en ollas populares, no me van a decir que no hay urgencias. Hay urgencias y hay formas de atenderlas.

No creo que el gobierno sea ingenuo, pero durante la presentación del Presupuesto se habló con ligereza de que la economía va a crecer a partir del año que viene y por todo el período.

Pero si aumenta el producto, ¿por qué no aumentarían los salarios? ¿Por qué no se recuperarían los salarios públicos? ¿Por qué se generaría una situación de inequidad absoluta? Parto de la base de que Uruguay va a crecer en la medida que el mundo supere la pandemia, pero tiene que crecer inclusivamente, no crecer dando solo datos macroeconómicos que a todos nos satisfagan. Tiene que haber datos microeconómicos que a todos nos satisfagan, que la gente tenga qué comer, que tenga cómo pagar la luz, el agua y los impuestos. Que la gente tenga vivienda, que cubra sus necesidades. Pero está claro que hay un modelo que no toma en cuenta estas iniciativas sindicales y sociales. De hecho, hasta ahora no hemos tenido una respuesta en cinco meses.

¿Pero se han reunido?

Hablar, hablamos. Nadie puede decir que el gobierno no dialoga con el movimiento sindical. Dialogamos mucho. Lo que nos cuesta es llegar a acuerdos. Dialogamos mucho sobre las pautas públicas. El viernes un grupo del gobierno acordó con el movimiento sindical y el lunes plantearon otra pauta salarial al sector público. Dialogamos, pero se actúa de forma, no diría mal intencionada, pero cuando se aprueba una fórmula desde el gobierno, después los compromisos hay que cumplirlos. La palabra vale lo mismo que un documento a la hora de la negociación colectiva. En todo caso, hubo un cambio que no se entiende: la pauta que presentaron el viernes mantenía el salario real, había pérdida, pero no se perdía al final del período. Sin embargo, con lo que presentan ahora se pierde durante el período y al final se pierde entre 4% y 5%. No es un cambio menor en la pauta, es un cambio que afecta a todo el sector público y que rompe lo que se había acordado tres días antes.

Durante la presentación del Presupuesto se habló de políticas sociales, pero no hubo mención a los millares de personas que se alimentan en ollas populares. ¿Esa es una urgencia?

Hay una situación que hay que atender. Las ollas populares, como cualquier instrumento que se financia con la solidaridad del pueblo, sufre agotamientos. Las organizaciones sociales, sindicales, deportivas, barriales, que sostienen las ollas populares tienen desgaste. Los vecinos que construyen la olla popular tienen desgaste. Que el gobierno no asuma lo que es obligación del Estado es un error garrafal que se va a cometer.

Se han conocido denuncias de intentos de uso de los aspectos represivos de la LUC contra los sindicatos. ¿Cómo lo evalúan?

Yo leo, leo y leo la LUC y no encuentro artículos positivos. De mí se podrá decir que soy una persona de izquierda y el que lo diga tiene razón. Desde la percepción humanista de que la justicia social, el desarrollo productivo, la distribución equitativa, son instrumentos que los Estados tienen que apoyar, parto de la base que utilizar mecanismos para restringir la lucha de los trabajadores es darle ganada la batalla a los que más tienen, que son los dueños del capital. Quitarles condiciones a los que no tienen esa fortaleza es debilitar una lucha que ya de por sí es muy desigual. Imagínense que en una entrevista de trabajo -lo que digo es una denuncia- le preguntan a un trabajador qué opina del sindicato, qué opina de las medidas sindicales. Por supuesto, si opina bien de las medidas sindicales, no lo toman. Hoy está pasando eso en Uruguay. Lamentablemente no me dieron la autorización para decir el lugar, si no, lo diría porque estas son las prácticas sociales negativas que algunos empresarios creen que tienen la impunidad de llevar adelante.

Como en la dictadura.

La primera vez que se supo que en Uruguay había una lista negra, se lo dijo Julio María Sanguinetti a Pepe D’Elía y Héctor Rodríguez, cuando les comunicó de la lista negra del sector textil en la década del 60. Y entonces esos trabajadores iban a buscar trabajo y no conseguían empleo en ningún lado. Eso hay que cortarlo de una. Por ejemplo, van a buscar trabajo las personas que estuvieron privadas de libertad, que el único derecho que perdieron fue el de la libertad, y nadie les da trabajo por los antecedentes que tienen. ¿Cómo los consiguen? No sé, pero los consiguen.

¿Piensa el Pit-Cnt que estamos ante la reedición de las listas negras?

Muchos empresarios ven en la pandemia la posibilidad de sacarse a los sindicalistas de arriba. Porque cuando dicen que van a hacer una reestructura, se ve que la hacen con el despido de los dirigentes sindicales. Yo creo en Dios, que es una cosa muy potente, pero creer que justo los dirigentes sindicales son parte de la reestructura no es cierto. Pero claramente hay un aprovechamiento de la situación para reducir las plantillas. Hay empresas que no aceptan la prórroga del seguro de paro, aun siendo un sector amparado por el Ministerio de Trabajo. Uno no entiende esas prácticas. El problema es en qué país queremos vivir. Si queremos vivir en un país donde el 30% sea pobre con esa gente excluida de la sociedad, como dice el papa Francisco, y el resto viviremos como podamos. Pero si lo que queremos es un país integrado, debemos destinar más recursos y el empresariado debería tener una actitud más responsable. No generalizo, pero hay una parte del empresariado que está en eso.

Sin embargo, hay sectores, como la construcción, en los que se llegó a un acuerdo entre las partes.

Hay que ir a la búsqueda de acuerdos porque estamos viviendo una etapa difícil. Puede ser que uno llegue a su trabajo y se encuentre que le redujeron el salario un 30% sin negociar con el sindicato. Hay cosas que son inaceptables. Entendemos las circunstancias en que estamos viviendo, de hecho, hemos negociado con estas pautas claramente negativas, pero no se puede negociar de cualquier manera. No se puede desproteger al sector más débil de la sociedad y ahí el Estado puede jugar un papel gravitante.

¿Cuál es la perspectiva?

Es oscura. Si va a haber 5% de caída del salario público, si va a haber algunos puntos de caída del salario privado, ¿qué significa esto en el índice medio de salarios? Que va a haber caída de las jubilaciones. Y si hay caída de las jubilaciones, del salario público y del privado, habrá una caída en el mercado interno porque ese sector es que el gasta y eso va a afectar al pequeño almacén, al pequeño comercio, la pequeña ferretería, al pequeño productor agropecuario. Yo no concibo un país que va a estar bajando los salarios.

Nunca un economista me pudo explicar en qué país del mundo se bajaron los salarios un 5% y creció el empleo un 25%. No lo he visto, pero he visto ejemplos contrarios en que se crearon puestos de trabajo, como está pasando ahora en Alemania, que en medio de la crisis se están invirtiendo fortunas para que no caiga el empleo. Porque todos sabemos que una sociedad integrada depende de cuánto trabajo haya.

Al contrario de lo que hace el gobierno uruguayo.

Para mí sí porque, aunque se discuta con la Cepal, esa discusión se laudará más acá o más allá; lo cierto es que no se está atendiendo un sector de la sociedad que está teniendo enormes dificultades de ingreso.

La gente está pasando mal. Hay un sector que no tenía ningún colchón, ningún resguardo, ningún ahorro, que no la está pasando bien.