Una nueva realidad está por surgir en el movimiento sindical: desde metalúrgicos a obreros del dulce y molineros, desde papeleros y cartoneros a la industria química, pasando por una gran variedad de sectores, los sindicatos se preparan para integrarse en una nueva confederación. La idea es potenciar al sector industrial. Darle más capacidad de negociación y convertir a los trabajadores actores relevantes del proceso económico, con propuestas para el desarrollo.

Se vienen tiempos de movilización y lucha. El 31 de agosto los sindicatos de la enseñanza se concentrarán en el Palacio Legislativo, en setiembre la Intersocial reclamará un mejor Presupuesto, el 17 habrá un paro general de 24 horas, el primero en lo que va de este gobierno. La “austeridad” del Presupuesto y las pautas salariales ponen al movimiento sindical en lucha.

El Parlamento tiene a estudio dos proyectos que reglamentan la actividad sindical. A eso se suman las opiniones casi a diario de referentes de la coalición multicolor sobre la actividad de los sindicatos y su vida interna. La intención de que tengan personería jurídica choca con la realidad al tiempo que la insistencia sobre las finanzas se parece a una campaña de desprestigio. El intento de reglamentar los sindicatos para anular su incidencia parece estar latente.

La Intersocial se presentó formalmente ante el gobierno. Ya lo había hecho el pasado 4 de junio ante la sociedad. Le plantearon al ministro Pablo Mieres su interés en participar en la discusión del Presupuesto quinquenal, la necesidad de la renta básica de emergencia y de evitar el corte de servicios a más de 25.000 familias.

Recortes de recursos, aumento de la Contribución Urbana, compromisos de gestión al borde de la violación de las autonomías departamentales. Eso, y más, incluyen las pautas presupuestales que la OPP remitió al Congreso de Intendentes. Si bien los aspectos más duros fueron eliminados, las dudas sobre la posibilidad de que el gobierno insista con ellos permanecen.

La posibilidad de un crecimiento de los asentamientos irregulares está latente como consecuencia de las nuevas normas para arrendamientos. Si bien hay alquileres sin garantía, los desalojos son sumarios.

La LUC ya es una realidad. A partir de ahora son más duras las normas y nada escapa a ellas. Desde mayores penas y nuevos delitos, agravamiento de penas para adolescentes infractores, limitación del derecho de huelga, prohibición de piquetes. Desde las organizaciones sociales ya se habla de buscar vías para impugnarla. El Frente Amplio espera este debate.

La realidad de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) se parece más a la de un campo de caza donde los recién llegados se apuran a quedarse con cargos y sueldos, desmantelando un organismo que le permite al país, entre otras cosas, hacer frente a la pandemia de Covid-19.

El representante de los pasivos en el directorio del Banco de Previsión Social consideró que la propuesta del gobierno conduce a la caída de las pasividades. Por eso proponen una serie de medidas para paliar esta situación.

La semana pasada el Poder Ejecutivo presentó sus pautas para negociar un convenio colectivo por un año. Estas establecen ajustes por debajo de la inflación, razón por la cual los ingresos de los trabajadores, y en consecuencia de los pasivos, tendrán una fuerte caída.