Sería redundante reiterar toda la información vertida en la conferencia de prensa, que fue tan abundante como explícita. Lo que queda claro es que existen responsabilidades civiles, en este caso de la empresa, administrativas, que comprometen a quienes participaron en el proceso de adjudicación durante el gobierno pasado, y penales, que deben recaer sobre los responsables políticos de la decisión, que son el senador blanco y exministro de Defensa Nacional, Javier García, y el expresidente de la República, Luis Lacalle Pou.
En este caso, el responsable no es el empresario, sino el Gobierno anterior, que se salteó toda la normativa y la legislación vigente y adjudicó la obra, en forma discrecional, a la empresa peor puntuada en las evaluaciones previas.
Aquí no hay intención de “destruir todo” como lo afirma la oposición, que no rebate ninguno de los argumentos jurídicos del gobierno porque no tiene herramientas para hacerlo, sino de abrir una Caja de Pandora de la cual emana un fuerte hedor a podredumbre y corrupción.
Las dificultades del astillero Cardama para obtener garantías se prolongaron durante todo este proceso iniciado en diciembre de 2023, cuando el Estado firmó este oscuro contrato. Hubo, en más de dos años, no menos de siete tentativas fallidas de la empresa para obtener una garantía de fiel cumplimiento, que es esencial para que el contrato tenga plena validez jurídica. Es obvio que ninguna persona u organización puede confiar en una empresa que estuvo al borde de la quiebra, que enfrenta, desde hace tiempo, serios problemas económicos, y que incumple sus compromisos.
Es claro que Cardama no era ni es confiable para nadie, excepto para el Gobierno de Luis Lacalle Pou, que le adjudicó el trabajo mediante la modalidad de contratación directa, luego de que la licitación internacional convocada naufragara, tras haberse desestimado la mejor oferta evaluada, que era la de la empresa China Shipbuilding Trading Co (CSTC). Las razones no fueron técnicas sino políticas, ya que la Administración derechista cedió a las presiones de la Casa Blanca para que tomara la errónea decisión. Habrá que indagar por qué se optó por esta empresa.
La pregunta que hay que formularle a Javier García, que saltó como una hiena enfurecida no bien se conoció la intención del Gobierno de rescindir el contrato, es la siguiente: ¿Por qué le encomendó el trabajo a una empresa que afrontó serios problemas financieros y tiene balances contables negativos y por qué la defiende con tanta energía, pese a que estafó al país?
En efecto, un informe de la consultora Dun & Bradstreet indicó que el astillero Francisco Cardama tenía un riesgo de quiebra alto, en cuyo contexto, en una puntuación de 1 a 100, donde 1 es el riesgo mayor, se le otorgó una puntuación de 2. Este análisis demostró que la empresa no era fiable para encarar un proyecto 200 veces superior a su rentabilidad anual y que tiene una facturación anual menor al 20 % del valor de una embarcación como la ofertada..
Según la investigación administrativa, durante el proceso se adoptaron “decisiones anticipadas o condicionadas”, en lugar de una “completa evaluación técnica y económica del resto de los oferentes”, la cual habría sido obviada.
Según el documento, Cardama pudo presentar una “segunda oferta mejorada”, pero no hay “información transparente” sobre cómo accedió el astillero español a las observaciones internas que había realizado el Ministerio de Defensa Nacional y “en el caso de los otros oferentes, no se aplicó el mismo mecanismo de mejora”. Es decir, se violaron las disposiciones del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), el cual establece que los procesos de compras estatales deben ser competitivos y garantistas para todos los postulantes.
Hay que avisarles a García y a otros miembros del gobierno anterior que las normas están para ser cumplidas y que no se debió actuar con la discrecionalidad con la que actuaron. En efecto, en todo proceso licitatorio o llamado estatal se debe evaluar la oferta más ventajosa, pero ese criterio comprende precio, calidad técnica del producto, experiencia previa y solvencia financiera del eventual proveedor. En este caso, sospechosamente sólo se evaluó el precio de la oferta, pero se ignoraron todos los demás requisitos. Por ejemplo, se obvió que Cardama carece de experiencia en la construcción de naves de estas características. Esa circunstancia le quita eventual relevancia a la calidad técnica, que no parece estar asegurada, según lo informado por los dos capitanes de navío y especialistas enviados a Vigo por el Ministerio de Defensa Nacional para supervisar la marcha de los trabajos que se están ejecutando en el astillero. Por supuesto, también estaba en tela de juicio la viabilidad y sostenibilidad financiera de la empresa, en una operación económica que, por su monto, equivale a nada menos que diez veces lo que factura en un año.
Hubo una flagrante violación del principio de igualdad de los oferentes, en un proceso que no fue competitivo, como lo establece claramente el Tocaf, a lo cual se suma, según el testimonio de integrantes de la Armada Nacional, que hubo una total falta de evaluaciones técnicas.
Ahora, los blancos proponen instalar una comisión investigadora parlamentaria para dilucidar los motivos de la rescisión, alegando que el contrato con Cardama está “ajustado a derecho”, lo cual es una grosera falacia ya que en el proceso de adjudicación se violó flagrantemente el marco normativo que rige en la materia. Los investigados deberían ser ellos y el ámbito competente para esclarecer esta oscura trama es la Justicia. Más allá de eventuales ilícitos, perpetraron un grosero daño patrimonial contra el Estado, en un negocio funcional a la empresa con apariencia delictiva.
