Esos fueron tres episodios que me afectaron en lo personal, aunque también fueron damnificados otros vecinos y miles de uruguayos pertenecientes a la clase trabajadora, quienes padecían, al igual que yo, “pungas” en unidades de transporte, cuando la tarjeta STM no existía y se abonada el boleto en efectivo.
En mi barrio “reinaban” los denominados Tumanes, una banda criminal integrada inicialmente por meros rateros de escasa monta, quienes luego perpetraron millonarios robos en comercios, aunque también asolaron casas de familia, además de extorsionar a comerciantes de la zona ofreciendo “protección”. Si bien el auge de estos delincuentes que no “perdonaban” a nadie duró poco, hace más de cuarenta años la delincuencia barrial estaba muy arraigada, y la radical diferencia con el presente era que los robos casi nunca se aclaraban, por la sospechosa pasividad de la Policía, en el caso concreto de mi zona de residencia.
Como siempre trabajé en diarios, tuve acceso frecuente a los partes policiales, por lo cual puedo dar testimonio de que la seguridad en Montevideo siempre fue un grave problema, incluso durante la dictadura, cuando la Jefatura de Policía enviaba a los medios de prensa toneladas de informes que daban cuenta de centenares de hurtos y rapiñas. Sin embargo, por entonces, todo lo que se publicaba pasaba por el filtro de la censura previa del régimen y se diluía.
Es decir, afirmar que Uruguay era un país seguro antes de 2005, cuando asumió el primer gobierno del Frente Amplio encabezado por Tabaré Vázquez, es, además de temerario, radicalmente falso. Una enorme falacia que pretende encubrir la responsabilidad histórica de la derecha en la inseguridad ciudadana.
En una oportunidad, el hoy expresidente blanco Luis Lacalle Herrera afirmó que en el pasado se podía dormir con la puerta abierta y, si alguien escuchaba algún ruido en horas de la noche, seguramente era el perro del vecino. Yo, que recuerdo el desvalijamiento de la casa de una familia amiga cuando era un adolescente en la décadas del sesenta, no conocí ese Uruguay “seguro” al cual se refiere al senador Pedro Bordaberry, quien durante la interpelación realizada al ministro del Interior, Carlos Negro, afirmó que “la década de 2010 a 2020 fue la peor en materia de seguridad en la historia de Uruguay”, en alusión al segundo y al tercer gobierno del Frente Amplio.
Bordaberry, que padece amnesia selectiva, o bien ya exhibe algunos prematuros síntomas de demencia senil, parece olvidar que su partido gobernó Uruguay durante más de un siglo, en solitario o en coalición. En consecuencia, tiene una inocultable responsabilidad en el deterioro de la seguridad.
Incluso, al legislador, quien fue ministro del peor gobierno de la historia encabezado por Jorge Batlle, que sepultó al Uruguay en la peor crisis de todos los tiempos, le debe doler prenda su apellido, aunque no lo admita.
En efecto, en lo personal, el período más inseguro que yo viví fue el comprendido entre junio de 1973 y febrero de 1985, durante el criminal gobierno autoritario inicialmente encabezado por su padre, Juan María Bordaberry, quien rompió su juramento constitucional y se transformó en dictador hasta que los militares lo destituyeron en 1976 porque ya no resultaba demasiado funcional al régimen. Tal vez Pedro por entonces se sentía seguro, pero ni yo ni la mayoría de los uruguayos compartíamos esa sensación porque, si éramos identificados como opositores, por nuestra mera militancia política o sindical, debíamos dormir vestidos a la espera de un allanamiento nocturno de las fuerzas represivas que, además de detener y encapuchar a sus víctimas, saqueaban las viviendas a su gusto. Eran meros rapiñeros.
Aparentemente, ese es el período de nuestra historia que le genera tanta nostalgia al hijo del dictador. Por entonces gobernaba el país una asociación para delinquir que integró su autoritario padre junto a militares y otros civiles colorados y blancos.
Incluso, antes de junio de 1973, la mayoría de los uruguayos vivíamos con miedo porque el gobierno de su correligionario, Jorge Pacheco Areco, instauró, desde fines de 1967, una suerte de estado policial, con medidas prontas de seguridad y suspensión de garantías individuales que se extendió hasta marzo de 1972, cuando su delfín, Juan María Bordaberry, prolongó el suplicio, antes incluso del arrasamiento de las instituciones consumado en la aciaga madrugada del 27 de junio de 1973. Por entonces, además de apalear y asesinar estudiantes y reprimir obreros, uno podía ser privado de libertad por el mero “delito” de usar el cabello largo. Yo lo experimenté en carne propia en varias oportunidades, ya que la Policía llevaba presos a jóvenes bajo el pretexto de que tenían “aspecto de revolucionarios”. Evidentemente, nuestra arquitectura institucional ya crujía y se desmoronaba.
Otra aseveración inadmisible de Bordaberry, durante la interpelación al ministro Carlos Negro, es acusar a los gobiernos del Frente Amplio de atribuir la inseguridad a la pobreza, lo cual es también una falacia. Lo que no está en tela de juicio es que la delincuencia es multicausal. Sin embargo, este espécimen no entiende lo que es la pobreza, porque nació en cuna de oro, es hijo y nieto de poderosos estancieros y, obviamente, junto a sus hermanos, heredó la fortuna familiar.
Pese a que la derecha lo niegue, las organizaciones criminales suelen reclutar sus cuadros en los barrios periféricos, porque medran con la necesidad de familias postergadas por un sistema que las margina. Por ende, la solución no pasa únicamente por la represión, como lo proclaman Bordaberry, su acólito colorado Andrés Ojeda y el inefable senador blanco Sebastián da Silva, sino por estrategias de fondo que combatan efectivamente las causas de la delincuencia, sin prejuicios ni anteojeras, con el propósito de mitigar daños a la población y con la plena convicción de que jamás seremos la “Suiza de América” mientras existan groseras inequidades sociales.
Aunque los primeros números del gobierno de Yamandú Orsi son auspiciosos, porque revelan la baja de todos los delitos y cayó la percepción de inseguridad de la población según una encuesta de Cifra, sólo con un plan integral como el presentado por el ministro Negro se podrá mejorar la situación, siempre y cuando se trabaje preventivamente y con un Estado presente que ataque la génesis del delito, que es el caldo de cultivo de la violencia.
