Si bien es factible que más trabajadores activos y más pasivos comiencen a pagar algunos de estos tributos a partir de este año, esa circunstancia no debería ser tomada como una mala noticia, porque, en esta ocasión, el aumento salarial fue superior a la inflación y también el ajuste de las pasividades es más alto que la suba de precios, lo cual supone que toda la población que depende de ingresos fijos comenzó 2026 con mejor poder de compra que hace un año.
En realidad, la oposición y particularmente el Partido Nacional, no tienen autoridad para criticar la decisión, porque el gobierno anterior hizo lo mismo en enero de 2021, aunque en sentido inverso, tomando en cuenta como indicador base, para la actualización de las franjas de imposición de ambos tributos, el Índice Medio de Salarios Nominales y no la inflación. La diferencia fue que, en ese contexto, la inflación fue superior al aumento de los salarios, que cayeron estrepitosamente en los tres primeros años de la administración derechista, lo cual supuso una flagrante violación de los compromisos de campaña de Luis Lacalle Pou.
En cambio, en este caso, la actualización de la BPC –siguiendo la evolución de la inflación– permite preservar el poder adquisitivo real de las prestaciones y mantiene el valor de mínimos y franjas del IRPF e IASS, alineados con la evolución del costo de vida, lo cual corrige asimetrías. Esta es la realidad y no la falacia que pretende instalar la derecha.
El economista Marcos Soto, en declaraciones formuladas a un medio impreso, puntualizó que en ambos casos se trató de una variación mínima, que altera de “manera marginal” la tasa efectiva de aportes sobre salarios y pasividades.
Incluso, consideró que el cambio de criterio va en la dirección correcta, porque pasará a tomarse en cuenta el “indicador óptimo o técnicamente válido”. En efecto, la BPC no solamente se utiliza para calcular los tributos que se pagan al Estado, sino también las prestaciones que este otorga. “Parece más razonable pagar prestaciones que sostengan la capacidad adquisitiva de los beneficiarios y que sus prestaciones evolucionen por la inflación y no por otro índice”.
Aunque el tema parezca engorroso, el técnico lo explicó en lenguaje simple y bien comprensible. Es decir, el impacto negativo de la medida será mínimo, pero esta tendrá si un impacto muy positivo sobre las prestaciones que paga el Estado, con énfasis en los sectores más vulnerables de la población.
Es decir, aquí no hay ningún ajuste fiscal, como lo denunciaron los impresentables senadores blancos Sebastián da Silva y Javier García y la mucho más impresentable ex candidata a la vicepresidencia Valeria Ripoll, a quien algunos medios insisten en otorgarle visibilidad mediática, pese a que no es nadie. Lo fue en el pasado, cuando era secretaria general de ADEOM. Sin embargo, con su actitud insultó al movimiento sindical, al cambiar de vereda ideológica y traicionar a su clase social adhiriendo a un partido antiobrero y de extracción burguesa.
Cuando la derecha coalicionista refiere a ajustes fiscales, alude a las modificaciones tributarias que rigen desde el 1º de enero, como la aplicación del IVA a las compras realizadas en el exterior, al IRPF para los incrementos patrimoniales en el exterior, ampliando el alcance del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, al Impuesto a la Renta de los no Residentes, sobre los dividendos distribuidos por sociedades uruguayas hacia el exterior y al Impuesto Mínimo Complementario Doméstico (IMCD), que apunta a que las multinacionales que fracturan más de 750 millones de euros anuales tributen este impuesto en Uruguay.
Salvo en el caso del IVA a las denominadas compras Temu, los otros tributos son neutros y no afectarán a los sectores de ingresos fijos, aunque sí mejorarán la recaudación destinada a atender políticas sociales, como la pobreza infantil. En este caso, se está cumpliendo con los compromisos de campaña.
Es falso que el anterior gobierno no aumentó impuestos y que el Frente Amplio no los bajó. En efecto, cuando asumió el primer gobierno de izquierda en 2005, abatió la tasa básica del IVA de 23% a 22% y la tasa mínima –que grava a frutas y verduras -del 14% al 10%. También eliminó el Cofis, que era del 3%. Todos esos impuestos impactaban sobre el consumo.
En cambio, el gobierno de Luis Lacalle Pou sí aumentó los tributos, cuando redujo la bonificación del 4% al 2% a las compras por medios electrónicos y aumentó en 2021 el IRPF y el IASS, al modificar la metodología de la base de cálculo. Este fue un ajuste fiscal encubierto, que le permitió a Rentas Generales recaudar 100 millones de dólares adicionales.
Es habitual que se afirme que el primer gobierno del Frente Amplio creó el único Impuesto a la Renta de la historia, que grava los ingresos de activos y pasivos, mediante un sistema progresivo de franjas. Sin embargo, no es así. El primer Impuesto a la Renta fue creado por el Partido Nacional, mediante la ley 13.032 de Rendición de Cuentas, sancionada el 7 de diciembre de 1961, durante el primer colegiado blanco (1959-1962)., que tenía mayoría herrerista.
En efecto, el gravamen que tanto criticaron los blancos cuando nació el IRPF durante el primer gobierno del Frente Amplio, tiene un antecedente que data de hace 64 años y el padre de la criatura fue el herrerismo, que por entonces era, como sigue siendo en el presente, el ala hegemónica de la colectividad blanca.
En junio de 1982, la dictadura modificó el Código Tributario y creó el Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP). Meses más tarde, luego del quiebre de “la tablita”, naufragó el sistema de cambio preestablecido, lo cual derivó en una crisis bancaria y en un escalofriante déficit fiscal de casi un 18%. Se aumentó el IVA del 18% al 20% y el aporte patronal y el de los trabajadores a la seguridad social pasó del 5% para ambos a un 12% y 13%, respectivamente. El IRP, que nadie ya parece recordar pese a que gravaba salarios y pasividades sin criterio de progresividad y sin deducciones a diferencia del IRPF, estuvo vigente hasta la reforma tributaria de 2006. La particularidad es que afectaba incluso a las retribuciones más bajas.
Esa es la realidad y no las falacias de la derecha, que es la campeona de los ajustes fiscales de carácter regresivo, que rigieron, por ejemplo, durante la presidencia del blanco Luis Lacalle Herrera y en el ruinoso gobierno de coalición blanqui-colorada encabezado por Jorge Batlle, que descargó el demoledor peso de la crisis de 2002 sobre las sufridas espaldas de de los asalariados y los jubilados, quienes perdieron casi un 20% de su poder de compra en cinco años de pánico.
