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Política Astessiano | Fossati | investigación

Causa sin fin

Astessiano - Fossati: se enredó la piola

Por más que el gobierno afirma que no pasó nada, aún no se sabe cuáles son los alcances de la corrupción y quiénes más están involucrados porque la causa Astesiano se cerró.

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Caras y Caretas Diario

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Una investigación que comenzó la fiscal Gabriela Fossati a principios del año pasado por la expedición de pasaportes falsificados giró abruptamente cuando descubrió que el jefe de la seguridad presidencial, Alejandro Astessiano, era partícipe de la banda de falsificadores. De ahí en adelante la piola se fue enredando de tal manera que en los últimos días el frenteamplista Gustavo Leal termina indagado y la fiscal denuncia por difamación e injurias a Fernando Pereira, presidente del FA; a Alberto Grille, director de Caras y Caretas y a tres ciudadanos por sus tuits.

Hasta el 25 de setiembre del año pasado muy pocas personas sabían que la fiscal Gabriela Fossati dirigía desde marzo una investigación sobre falsificación de pasaportes. Ella, su equipo y algunos jerarcas policiales sabían que el jefe de la seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, estaba involucrado con la banda de falsificadores. El viernes 23 de setiembre la fiscal solicitó la detención de Astesiano. El designado para esa tarea fue el comisario general Claudio Correa, director general de Información e Inteligencia de la Policía. Pero hasta ahora no sabemos qué cosa falló en medio. Astesiano se encontraba ese viernes en Costa Rica acompañando al presidente de la República Luis Lacalle Pou, quien disfrutaba unas vacaciones junto a sus hijos. Ese viernes fue detenido el escribano Álvaro Fernández, presumiblemente el jefe de la banda de falsificadores. Alguien le avisó a Astesiano, no se sabe si fue la esposa de Fernández o el comisario Correa. El asunto es que el jefe de la seguridad presidencial tuvo tiempo para borrar la información que contenía su celular. Astesiano arribó el domingo 25 por la noche a Carrasco y tampoco lo detuvieron allí. El responsable esperó que tanto él como el presidente llegaran a la residencia de Suárez, donde procedió. A partir de ese momento todo se comenzó a desbarrancar. Porque enseguida se supo que Astesiano usó su despacho ubicado en el 4º piso de la Torre Ejecutiva para recibir delincuentes y otras actividades ilegales. A primera hora de la tarde del lunes 26 pocos vieron el rostro desencajado del presidente Luis Lacalle Pou, reconociendo que el responsable de su seguridad había sido detenido. No era la hora habitual de las conferencias de prensa. El presidente dijo que no sabía que Astesiano tenía anotaciones policiales “porque no figuraban en su legajo”. Y agregó que “si lo hubiera sabido no pondría en sus manos a mi familia”.

Sin embargo el martes 27 reconoció que varias personas le habían advertido sobre ese pasado de su funcionario. “No recuerdo si me lo dijo Larrañaga, pero sí otras personas”. Las anotaciones y antecedentes de Astesiano eran públicos desde agosto de 2020 cuando los publicó Caras y Caretas. Un año después los difundió el informativo de radio Sarandí. Por qué razón lo nombró y mantuvo a pesar de las advertencias es algo que el presidente debería explicar públicamente en algún momento. Porque lo conocía desde hacía algo más de 20 años, ya que incluso había cumplido tareas para sus padres. Las dificultades en la investigación surgieron inmediatamente cuando Fossati dijo públicamente que “apenas se había recuperado el 2% de la información contenida en el celular de Astesiano”. Pero casi enseguida el ministerio del Interior informó que se había recuperado el 100%. Que nadie sabe qué es ni a qué refiere, porque Astesiano usaba otros celulares. La fiscalía recibió el equivalente a 2 terabytes de información. Durante la interpelación realizada por el Senado al ministro del Interior Luis Alberto Heber, desbarrancó el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, responsable administrativo de la seguridad presidencial, quien les mintió a los senadores cuando afirmó que “Astesiano no era el jefe de la custodia presidencial, sino un mero integrante”. Ese mismo día el senador Alejandro Sánchez mostró documentos que desmentían a Ferrés. Pero además en su dictamen la fiscal Fossati lo señala como “jefe”. Desbarrancó Heber, quien también les mintió a los senadores cuando afirmó que “Astesiano no tenía acceso a las cámaras de videovigilancia del ministerio ni al Sistema de Gestión de Seguridad Pública”. Con énfasis dijo que “eso es imposible”. La fiscal Fossati lo desmintió con contundencia. La publicación de algunos de los chats, realizada por varios medios, no solo dos “con vinculación política” como dijo el presidente, dejaron en evidencia un clima de corrupción generalizada del que era parte Astesiano. No la única parte. Por lo pronto varios miembros de la plana mayor de la policía aparecían haciendo tareas ilegales para el jefe de seguridad, en asuntos que nada tenían que ver con su función. A través de los chats se supo de negociaciones varias de Astesiano con empresarios privados por licitaciones, algunas otorgadas. Pero lo peor fue el establecimiento de una red para perseguir opositores. La propia fiscal dice en su dictamen que “hasta el presidente le pedía informaciones a su jefe de seguridad”. O sea, Lacalle Pou sabía de los vínculos de su guardaespaldas y se permitió recurrir a él para reclamar informaciones sobre temas que no tenían que ver con su seguridad personal. Desde el principio la fiscal consideró que “el presidente había sido sorprendido en su buena fe”. Pero claro, ahí están los chats. Que desde el 4º piso de la Torre Ejecutiva se había instalado un clima de corrupción generalizada no hay dudas. Por más que el gobierno pretenda que no pasó nada. Cuáles son los alcances de esa corrupción y quiénes más están involucrados es algo que por ahora no sabremos porque la causa Astesiano se cerró con el acuerdo abreviado. Aunque la propia fiscal dijo que “las investigaciones continúan”. Pero el pasado miércoles en el programa “En la mira” dijo al periodista Gabriel Pereyra que “habían cruzado muchísimos nombres de figuras públicas nombradas en los chats y no habían encontrado nada”. Veremos cuando conozcamos todos los chats, incluso los que mantuvo con Lacalle que se mantienen en reserva. Todos sabemos que más temprano que tarde se van a conocer.

Desbarrancó Fossati

La fiscal Gabriela Fossati es una profesional con larga trayectoria en la magistratura. Entre 1993 y 2000 se desempeñó como juez de Paz en Maldonado y a partir de ese año pasó a Fiscalía también en este departamento. Su carrera no estuvo exenta de problemas e incluso de sanciones. Pero en líneas generales se la considera inteligente, formada, sólida en sus dictámenes. Por qué razón se desequilibró con el caso Astesiano es algo desconocido. Al principio estaba molesta con las filtraciones, con que muchos de los funcionarios que debía indagar eran quienes, o jefes de quienes debían colaborar con ella en la investigación. También estaba molesta con algunos periodistas. Hizo pública su molestia con el fiscal de Corte, Juan Gómez, a quien acusó de incumplir el compromiso de trasladarla de Flagrancia a Delitos Económicos. Luego comenzó a hacer públicas sus críticas a través de Twitter. Anunció a fines de noviembre que solicitaría ser exonerada de continuar con esta investigación. Hasta llegar a los dos últimos sucesos: la indagatoria a Gustavo Leal y la denuncia por difamación e injurias contra Fernando Pereira, Alberto Grille y tres tuiteros. Resulta bien curioso que Fossati diga que Astesiano es una persona con derechos humanos a proteger pero a renglón seguido viole los derechos humanos de Leal al indagarlo sin decirle los motivos. Más curioso es que el único político indagado y el único denunciado por difamación sean de la oposición, cuando todos los protagonistas de la trama son del oficialismo. Con respecto a la denuncia por difamación e injurias es algo a lo que tiene derecho. Aunque ella misma reconoció al periodista Gabriel Pereyra que “esperaba que la decisión la tomara Juan Gómez como superior, para defender a una trabajadora agraviada”. Pero eso no ocurrió. Es más, Gómez dijo que “él no era censor de nadie”. No hay antecedentes en el país de que un fiscal lleve a juicio a un dirigente político y a un periodista por presuntos delitos de difamación e injurias. En varias fuentes Caras y Caretas confirmó que la denuncia cayó muy mal en el ámbito de Fiscalía. Es conocido que Fossati no solo no pertenece a la Asociación de Fiscales, sino que también ha tenido duros enfrentamientos con algunos de sus colegas y en particular con el exfiscal de Corte, Jorge Díaz, y con Juan Gómez actualmente en ese cargo. Los debates han revelado las discrepancias que Fossati tiene con la implementación y aplicación del Nuevo Código del Proceso Penal. Pero como todo en la vida, a veces la discusión se tornó personal.

Del autor de la nota

Por razones de honestidad intelectual debo hacer algunas precisiones

1) Conozco a la fiscal Gabriela Fossati desde hace por lo menos 23 años ya que tuvo una larga trayectoria en Maldonado, primero como juez de paz y luego como fiscal. Siempre la tuve en alta estima.

2) No me consta su pertenencia partidaria si la tiene. Jamás la oí referirse al tema.

3) No somos amigos, en el sentido textual del término, como maliciosamente se ha deslizado por parte de personas malintencionadas. Sí tuvimos hasta hace poco un trato cordial y amable como corresponde a la tarea de ambos y como tengo con muchísimos funcionarios y magistrados.

A principios de febrero escribí una nota criticando sus comentarios posteriores a la declaración en Fiscalía de la señora Lorena Ponce de León. La doctora Fossati se molestó, me bloqueó y se cortó el diálogo.

4) Conozco la grabación que ha mencionado el director de Caras y Caretas, Alberto Grille, y la reproducción que hizo es textual. Coincido con que lo que allí se dice es gravísimo.

5) Desde que la conozco, la doctora Fossati ha mostrado su preocupación por la existencia de actos de corrupción en el ámbito público. Incluso ha participado en seminarios realizados sobre el tema en el exterior.

Lamento profundamente que teniendo ahora la posibilidad de investigar una de las tramas de corrupción más complejas de los últimos tiempos haya decidido cerrar el caso con el argumento de que “Astesiano no es un monstruo ni la persona que hay que seleccionar como un ejemplo de lo que está peor en Uruguay".

Tal vez no sea un monstruo, pero sin duda es una rémora de un pasado que nadie quiere que regrese. Probablemente hay cosas peores en este país, como el hambre y la pobreza. Pero llevarse puesta a la plana mayor de la policía, obligar a mentir a un ministro y a su jefe administrativo, vincular al presidente, hacer negocios para sí y para otros desde la Torre Ejecutiva, son actos de corrupción que imperiosamente deben ser aclarados y juzgados.

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