Entre las 30 personas que declararon hasta ahora, se encuentran funcionarios del Ministerio del Interior, funcionarios de Sanidad Policial que realizaron curaciones y fisioterapia a Hernández, y exfuncionarios de Tesorería de la secretaría de Estado. Las fuentes consultadas indicaron que la fiscal plantea los interrogatorios con el objetivo de ir por “la cabeza de Carrera”, intentando demostrar los delitos de fraude y utilización indebida de información privilegiada por los que se formalizó en junio pasado al exsenador del Frente Amplio.
Cabe recordar que la Fiscalía sostiene que Carrera pudo autorizar el pago de los tickets de alimentación al Sr. Hernández haciendo uso de información reservada porque conocía la existencia de estas partidas, debido a su cargo en el Ministerio del Interior. Sin embargo, al mismo tiempo, la fiscal indicó en su pedido de formalización que la información sobre los tickets de alimentación que, precisamente, califica de reservada, es una partida creada por ley. Y acerca del fraude, la fiscal Fleitas dice que el vecino baleado de La Paloma, Víctor Hernández, fue ingresado al Hospital Policial por orden de Carrera “en ejercicio de su cargo y actuando dentro de su competencia”.
Sin embargo, ante este punto, la defensa de Carrera sostuvo que del organigrama del Ministerio del Interior surge que el exsenador no tenía competencias en Sanidad Policial. La Justicia de Primera Instancia también había coincidido con la fiscal en formalizar a Carrera por el delito de falsificación ideológica de documento público, delito este último que fue revocado por el Tribunal de Apelaciones de 2do Turno.
Respuestas ya dadas pero igual repreguntadas
Acerca de las respuestas que ya existen desde que se inició la investigación en 2022, consta en la carpeta investigativa que “el software de Sanidad Policial, una vez que una persona es ingresada en calidad de ‘autorización especial’, por defecto le coloca el cargo de oficial subayudante y ya se encuentra explicado en la carpeta investigativa que se trata de una mera denominación”.
En la carpeta investigativa se registra, además, según pudo conocer Caras y Caretas, que en los casos de cada una de las personas no usuarias del Hospital Policial que fueron autorizadas a atenderse, en la carátula de su historia clínica, donde dice “Grado”, al costado se coloca “Of. Sub-Ayte”. Las fuentes consultadas indicaron que luego de la formalización la fiscal no convocó a la defensa del exsenador, el penalista Juan Manuel González Rossi, para que presenciara la declaración de las 30 personas citadas.
Los consultados indicaron que acerca de la presencia de la defensa de un imputado durante la investigación en Fiscalía “el CPP no dice claramente que el abogado tenga que estar presente, siendo que hay algunos fiscales que igualmente citan a los abogados y otros avisan las declaraciones que van tomando pero sin citar a la defensa. Sin embargo, otros fiscales nada dicen y cuando un abogado ve la carpeta investigativa se entera de esa forma de que el fiscal tomó nuevas declaraciones.
Al respecto de la causa, en caso de que llegue a juicio oral, se discutirá, entre otros puntos: el organigrama del Ministerio del Interior, la escala jerárquica entre el director general de Secretaría y el director de Sanidad Policial, las órdenes verbales o escritas impartidas por Carrera, las condiciones por las cuales se habilita la asistencia a través de Sanidad Policial a personas que no son funcionarios del Ministerio y cómo son ingresadas en el sistema informático. Se espera que, luego del cúmulo de declaraciones recabadas, la fiscal Fleitas acuse antes del mes de junio al exsenador Charles Carrera o, de no encontrar pruebas, solicite sobreseimiento. La otra variante que existe es que la fiscal solicite prórroga para extender la investigación hasta otro año más.
