Caso Penadés: fiscalía advierte dificultades en investigación

El presidente Luis Lacalle emigró de un gesto de lealtad política, institucional y de amistad hacia mantener las reservas, reconociendo las graves denuncias que su correligionario empieza a enfrentar.

Pero de todas las muestras de apoyo y ciertas reservas, la más compleja fue la de su compañero de partido y sector del viejo herrerismo, nada menos que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber.

Si uno toma en cuenta el informe fiscal que expone el escaso apoyo del Ministerio del Interior a la investigación, se confirma la preocupación que evidenciamos de aquel encuentro del ministro Heber en el despacho del propio senador apenas se conocieron las denuncias públicas.

Algo más que un trámite

El pedido del juez penal de 36° turno ingresó al Parlamento solicitando el desafuero del senador Penadés; lo tenía que pedir no solo por los preceptos constitucionales, sino fundamentalmente porque esa “impunidad” del fuero parlamentario, el “pacto de caballeros” solicitado por el oficialismo a la oposición, obraba en favor de las amenazas que vienen sufriendo los denunciantes.

A la Comisión de Constitución y Legislación del Senado ingresó el pedido con el informe fiscal debidamente fundamentado, a través de la Suprema Corte de Justicia.

A pesar de que de dicha comisión el informe salió por unanimidad, algunos reparos hechos en esa oportunidad y que se repitieron en sala, han llamado la atención.

El senador cabildante Guillermo Domenech expresó en torno al tema aclarando que no era ni amigo ni correligionario de partido de Penadés, y autoerigiéndose en miembro de la Justicia que “en estas fojas fotocopiadas que se nos han acercado hay un relato de hechos a mi juicio presuntamente delictivos, pero no se acompaña de una sola prueba, ya sea testimonial, fotográfica o documental en su sentido más amplio. Por lo tanto, me siento inhibido a decir que puede ser acusado criminalmente o que hay lugar a la formación de causa cuando, en lo que me es personal, no he podido comprobar que exista prueba suficiente de ello”.

Evidenciando una vez más la desconfianza de los cabildantes sobre el Poder Judicial y apelando a algunos antecedentes de otros desafueros, Domenech se ve en la obligación de advertir que a pesar de dar su voto, “con estos elementos no puedo descartar que no haya una persecución política al senador Penadés, porque esto nació en la política a través de una activista que todos vimos cómo fue a irrumpir en un acto de la Intendencia de Montevideo y terminó creo que incluso siendo sometida a la Justicia por agredir a un funcionario municipal”.

Silencios

Nosotros no vamos a entrar en repetir lo que ya otros medios han difundido centrando la noticia en, por suerte, los pocos pero no por eso menos graves, detalles de los hechos denunciados.

Tan graves como que un senador según una de las denuncias exprese en tono “canchero”, a un menor, “si hay pelito, no hay delito”, son la falta de apoyo del Ministerio del Interior en la investigación y el poderoso silencio social, institucional, del sistema político y del Estado, las amenazas sobre los denunciantes y sus familias, como advierte el informe fiscal.

Los graves hechos de amenazas, muertes no aclaradas incluidas, llevaron a la fiscal a la reserva de parte de las actuaciones y por un tiempo de la identidad de los denunciantes, incluso en la entrega de las declaraciones a la defensa tanto de Penadés como del profesor de historia del Liceo Militar Sebastián Mauvezin (puntualicemos, este último investigado por integrar una posible organización de explotación sexual de menores y adolescentes).

El informe fiscal aclara que a pesar de la reserva sobre la identidad de los menores, tanto el Dr. Vega, defensor de Penadés, como el Dr. Lechini, de Mauvezin, retiraron la carpeta fiscal desde el inicio de la investigación.

El otro tema tiene que ver con las filtraciones de la investigación a la prensa, esa delgada frontera que tiene para los periodistas, el derecho de la población a conocer la verdad y no entorpecer la investigación judicial, pero vaya si es un aporte del periodismo dar a conocer la verdad cuando los implicados pertenecen a las esferas del poder político, económico o militar.

La fiscal advierte sobre la cultura imperante de una sociedad que en su conjunto parece no animarse a tomar el tema de la explotación sexual de menores y adolescentes, en parte porque los involucrados fuera del ámbito intrafamiliar, en general, son personas que detentan poder.

La aceptación de brindar un servicio sexual por parte de los menores no solo tiene que ver con la recompensa en dinero o en especie que pueden lograr, sino por una situación de sometimiento ante quien detenta poder, como en este caso.

Se puede denunciar a un viejo barrigón, pero a alguien que aparece en la televisión y forma parte del gobierno genera, además, temor a las represalias.

Y razones no faltan; la Fiscalía ha logrado tomar el testimonio de ocho víctimas y estaría por tomar el de cuatro más, pero hay una cantidad de denunciantes que se volvieron a mitad de camino de ingresar a declarar.

Al poco tiempo de que la primera denunciante, Romina Celeste, fuera víctima del arrojo de basura en su domicilio y se le advirtiera con leyendas en los muros que se callara la boca, el 17 de abril era asesinado de varios disparos un joven de 17 años, Sebastián Franco, que iba a declarar en un confuso episodio de una boca de drogas, homicidio nunca aclarado.

Otro joven de 15 años recibió amenazas desde Instagram, y así las anécdotas son varias.

Silenciadores

El profesor del liceo militar Sebastián Mauvezin (recientemente destituido por el Ministerio de Defensa) es investigado por ser quien aparentemente conseguía menores para Penadés y para otras personas, y que podría integrar una organización de explotación sexual de menores que se podrá detectar apenas se logre identificar “la ruta del dinero”, y que posiblemente, esto corre por nuestra cuenta, tiene menos exposición pública para llevar adelante los “aprietes”.

Pero las amenazas no son las únicas dificultades que encuentra la investigación fiscal; el informe deja en evidencia que las filmaciones de las cámaras de seguridad no han sido cedidas voluntariamente por el empresario del hotel de alta rotatividad Séptimo Cielo, donde Penadés ingresó con algunos menores.

Si bien estas se guardan en archivo por un plazo de dos meses, hay algunas actividades que se hicieron durante este año, partiendo los jóvenes con Penadés desde la explanada del Palacio Legislativo hacia ese hotel.

En la solicitud de reserva solicitada por la fiscal Alicia Ghione al juez hay una frase que puede pasar inadvertida, pero no para quienes observamos el apoyo explícito del ministro del Interior -nada menos que el jefe de las fuerzas policiales, auxiliares de la Justicia que colaboran en la investigación- al senador Penadés, su correligionario del herrerismo y miembro de la dirección de la lista 71.

Dice el informe que “en esta investigación tan compleja no fue fácil acceder a cámaras del Ministerio del Interior o similares, donde se investigan hechos que permanecen en el silencio social y en la reserva de la intimidad de los lugares que usa el presunto abusador”.

Y vuelve a hacer énfasis en el silencio o los silencios, “otros silencios aun más graves, los de nuestra sociedad, y los silencios del propio sistema del Estado; porque algunos adultos siguen condenando a los inocentes adolescentes que son víctimas de estos despreciables delitos de explotación sexual; otros simplemente callan, no opinan, lo silencian, y todos somos parte de la sociedad”.