Ciudadanos se rebelan contra el poder "espurio y abusivo" del Gobierno de Maldonado

La construcción se ubica en el barrio California Park constituído mayoritariamente por residencias unipersonales, y en el que la mayoría absoluta son vecinos de Maldonado que viven allí todo el año. También pagan una contribución más cara precisamente por estar calificado como “barrio jardín”.

La abrupta aparición de esta mole de cemento no solo cambiará su calidad de vida, sino que además deprecia en forma sustancial el valor de sus propiedades. Nadie quiere vivir al lado de un edificio porque se provocan innumerables molestias y se pierde la privacidad y calidad de vida que han gozado y pagado hasta ahora.

Según los vecinos, el argumento empleado por los ediles para aprobar la construcción fue “en agradecimiento al inversor”. El edil blanco Adolfo Varela se congratuló porque “con este edificio se llegaba a los 5.000.000 de metros cuadrados aprobados durante las últimas dos administraciones del intendente Enrique Antía”. En tanto, el operador inmobiliario y edil blanco Luis Artola dijo que “la Junta debe mirar al futuro y el proyecto en cuestión es el futuro, es el desarrollo, es trabajo para los maldonadenses, y no deja de ser un excelente desarrollo”.

El empresario Sergio Grosskopf ha construído varios de los edificios más modernos que se ubican en La Mansa y alguno en La Brava. Todos fueron posibles por las excepciones que le votó la Junta. Incluso se autorizó la venta de una calle pública para que pudiera extender el edificio Fendi-Chateau. Es, además, un importante aportante a las campañas políticas–electorales.

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¿Qué dicen los vecinos?

En el documento de presentación ante la Cámara de Diputados, al que accedió Caras y Caretas, los más de mil firmantes dicen que “concurren en tiempo y forma a interponer el recurso previsto en el Artículo 303 de la Constitución de la República contra el Acto de Gobierno departamental identificado como resolución Nro. 05737 dictado con la anuencia de la Junta Departamental de Maldonado identificada como Resolución Nro. 202/2025, en mérito a las siguientes consideraciones y fundamento:

• Nunca nos fue notificada, en forma, la resolución que recurrimos. Tampoco fue publicada en el Diario Oficial. Tuvimos conocimiento informal de la misma el día 24 de diciembre de 2025.
• El predio está emplazado con frente a la Rambla Claudio Williman entre las calles Bolonia, Puerto de la Candelaria y La Paz. En él rige la normativa edilicia de la Subzona 3.2.1. Vías Principales y por implantación de la Subzona 3.1.2. Todavía no se otorgó el permiso de construcción. De la simple lectura del Acto de Gobierno impugnado resulta que se trata de una grosera excepción a la normativa de edificación vigente hace décadas en la zona. Donde solo se permitían edificios de 12 metros de altura, se habilita ahora un edificio de 55 metros de alto y un Factor de Ocupación Total del Suelo (FOS) que supera en un 331,05 % el máximo permitido por la normativa vigente.
• Este es un ejemplo más de la política de excepciones al ordenamiento territorial implementado por el Gobierno Departamental de Maldonado, por medio de decretos que dejan sin efecto las directivas nacionales de Ordenamiento Territorial. Se aprobaron decenas de excepciones a la planificación territorial de diferentes tipos (principalmente alturas y factor de ocupación del suelo) en terrenos de Punta del Este, La Barra, Manantiales y Piriápolis cercanos a la costa. No existió para ello ningún instrumento previo, como por ejemplo un plan parcial de desarrollo territorial ni programa de actuación integrada (PAI). Las excepciones simplemente contradicen las directrices departamentales o a la propia ley N 18.308 de 16/08/2008 (en adelante LOTDS). El argumento para su aprobación es “agradecimiento al inversor”, sin ningún tipo de referencia a cuestiones vinculadas con el urbanismo o la estética que en definitiva son el fundamento de la existencia del atractivo turístico del lugar.
• La normativa de edificación que está vigente en la zona no permite la habilitación concedida; nos referimos concretamente a las Subzonas identificadas que emergen del Decreto Departamental N 3718 del 23 de diciembre de 1997 y sus modificativos. Ahora, tomamos conocimiento de que por medio de "excepciones” se otorgó la "viabilidad” de permisos especiales que autorizaron la construcción de edificios de proporciones y altura no permitidos por la ordenanza de construcción vigente.
• Se trata de establecer si es ajustado a derecho que se otorgue, por vía de excepción a las normas vigentes sin ningún motivo fundado que lo justifique (interés general), beneficios económicos a un particular por medio de Actos de G Entendemos que no, por las siguientes razones: esta viabilidad para incumplir las normas edificatorias a un particular constituye una clara hipótesis de abuso y desviación de poder que se manifiesta al violentar una larga lista de principios que conforman el ordenamiento jurídico de Uruguay. La viabilidad excepcional que se pretende otorgar en beneficio de personas jurídicas claramente identificadas como beneficiarias de la misma ha violentado principios consagrados a texto expreso en nuestro ordenamiento legal, claramente lesivos al interés general.
• Es deber ineludible de toda Administración Pública obrar de buena fe. El carácter arbitrario del beneficio concedido en contra de los intereses de los vecinos inmediatos al predio favorecido revela una finalidad espuria que claramente colide con la más básica de todas las actitudes que han de regular el obrar de toda Administración de gobierno.
• Nada ha demostrado, en todo el actuar administrativo llevado a cabo por el Gobierno Departamental de Maldonado, las razones de interés público. Desde la ausencia de estudios que especialmente se debieron realizar (impacto territorial) hasta el dictado de la resolución que en definitiva otorgó el beneficio sin ninguna fundamentación o motivo. Es evidente que no ha obrado con lealtad hacia sí mismo y hacia la colectividad departamental que representa.
• Existe una delgada línea entre legitimidad y arbitrariedad y resulta claro que Intendencia de Maldonado la traspasó largamente.
• También aparece claramente violentado el A 8 (igualdad ante la ley) de la Constitución. El propósito de conceder gratuitamente por parte del Estado privilegios a personas físicas o jurídicas individualizadas, con la excusa de agradecimiento al inversor por fomentar el trabajo, aparece como una desproporción ilegítima de la finalidad del acto, que enriquece sin motivo a determinadas personas cuyo mérito para la obtención de privilegios públicos no surge con claridad de la fundamentación del propio acto.
• Finalmente, y previos los trámites correspondientes, solicitamos se sirvan declarar la nulidad absoluta del acto impugnado.

Según el Artículo 303 mencionado, los diputados disponen de 15 días de plazo para expedirse sobre el recurso. Si solicitan documentación ampliatoria, los plazos se extienden. Si la Cámara no se expresa en ese plazo, se tendrá por rechazado el recurso. Por lo tanto, este será uno de los primeros asuntos a considerar cuando se levante el receso el próximo 1º de febrero. Se prevé que entonces haya una importante movilización de los vecinos.

Los querellantes cuentan con el asesoramiento de José Luis Sciandro, un prestigioso abogado local, experto en derecho ambiental y que en el pasado ha promovido con éxito otros recursos similares.

Vecinos de La Barra presentan recurso ante la Intendencia para que suspendan por 180 días, prorrogables, varios permisos otorgados

En la nota, consignada por el diario Correo de Punta del Este, los firmantes “expresan preocupación por el aumento de construcciones en régimen de excepción en la zona, que consideran genera un desarrollo desbordado”. Señalan que estos permisos, “aprobados sistemáticamente por la Junta Departamental, afectan la infraestructura de servicios básicos como luz, agua y saneamiento, que no serían suficientes para sostener la cantidad de viviendas y conexiones nuevas”.

La abogada Laura Navarro, representante legal del grupo de vecinos, dijo que “se perciben olores nauseabundos por la insuficiencia del saneamiento, y que las construcciones están modificando la fisonomía del lugar y generando impactos ambientales”.

El documento presentado ante la Intendencia destaca que, “aunque la conexión al saneamiento es competencia de OSE, corresponde a la Intendencia evaluar el contexto de infraestructura antes de otorgar permisos excepcionales, considerando que no existen obras suficientes para canalizar adecuadamente las aguas servidas sin impacto”.

Los vecinos argumentan que “estos desarrollos inmobiliarios provocan una modificación nociva del paisaje y de las condiciones socioambientales de la zona, con efectos negativos tanto para los residentes como para los turistas".

En la petición se citan varios proyectos inmobiliarios aprobados que, según el relevamiento realizado por los firmantes, no cumplirían con la normativa vigente.

Ellos son:

• The Corner (sobre ruta 10)
• Pausa (Iris y Pedro Campbell, debajo de Hotel Kalá)
• Guadalupe (Graf Spee entre Las Sirenas y Los Romances)
• Maderos Beach (Los Suspiros y Pedro Campbell)
• Surfhouse (Calle Exeter y Las Sirenas)
• Surfhouse (Calle Los Romances y Graf Spee)
• Duo La Barra (Graf Spee)
• Casa Godai (La Barra, frente a estación Ancap)
• The Colette Beach
• Desarrollo inmobiliario entre el exhotel Mantra, la urbanización La Reserva Montoya y el barrio Altos de La Barra
• Desarrollo inmobiliario detrás del Hotel Montoya

Una cuestión de familia

El estudio jurídico-contable Monti-Maglione-Antía tiene un papel protagónico en algunas de las excepciones edilicias más importantes aprobadas por el Gobierno departamental. Fue una abogada de ese estudio la que adquirió, en nombre de los inversores, en 7 millones de dólares un lote costero donde se construye la segunda parte del complejo “The Colette”.

Pilar Antía, hija del intendente, es socia de ese estudio que administra el complejo, una de las construcciones más refinadas, ubicada en Manantiales y que tuvo muy importantes excepciones edilicias. También administran otro edificio ubicado detrás del Hotel Montoya en La Barra, otro de la constructora Saceem en parada 6 de la Playa Brava y uno en el barrio La Loma en Maldonado. También las Torres del Este 1 y 2, en proceso de construcción, aprobadas con muchísimas excepciones, y el Shopping Paseo del Este del empresario Héctor Liberman, ubicado en la Perimetral y ruta 39.

Otra de las hijas de Antía fue contratada por el grupo De Posadas para realizar un estudio de impacto ambiental en un fraccionamiento de su propiedad ubicado en cercanías de Punta Colorada.

En tanto, otra de las hijas del exintendente es hoy alcaldesa de Punta del Este mientras dura la licencia de su titular, Javier Carballal.

El antes y el después

Empezó en Punta Ballena cuando los vecinos del lugar se enteraron de que un inversor pretendía construir una cantidad de edificios en la punta de esa península rocosa. En poco tiempo lograron unificar a otros ciudadanos que veían como un desatino mayúsculo que se permitieran esas obras. Lograron el asesoramiento científico del CURE (Centro Universitario Regional del Este), así como decenas de miles de firmas de todo el departamento que se oponían al proyecto.

Cada domingo centenares se hacían ver sobre el lomo rocoso de la Ballena mostrando sus pancartas. Prácticamente todas las casas de la zona tenían un cartel destacando el apoyo a la movilización.

En la audiencia pública realizada en Club del Lago, los argumentos presentados por los vecinos demolieron a los técnicos que representaban al inversor.

Todo ocurrió poco antes de la campaña electoral por lo que, con oportunismo político, el entonces intendente Enrique Antía terminó aceptando el planteo de los vecinos.

Hace unos días, Punta Ballena ingresó al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), y esto impide cualquier obra a futuro. No hay que indemnizar al propietario, porque no se le expropia sino que se le impide construir.

Esta enorme movilización se desarrolló en forma absolutamente pacífica, nunca se registró ni siquiera un incidente de tránsito. Pero le mostró a los ciudadanos que, juntos, y con argumentos sólidos, pueden enfrentar los abusos del poder. Es un antes y un después para Maldonado.