Clubes vs SADs: la dicotomía detrás de la gestión del fútbol

La continuidad de Alonso resultó un espaldarazo a un nuevo sistema de gestión en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que tuvo su génesis cinco años antes, cuando también, a instancias de la Conmebol, se impidió la realización de un acto eleccionario ecuánime en la AUF y tuvo como resultado una intervención de la FIFA, lo que resultó un verdadero punto de inflexión en la estructura administrativa del fútbol uruguayo.

La intervención que cambió todo

La injerencia exterior en la toma de decisiones de la AUF tuvo como protagonista al exsenador colorado Pedro Bordaberry, que, intervención mediante, pasó de la Cámara Alta del Palacio Legislativo a dirigir el Montevideo City Torque, primero como asesor externo y luego como CEO. A su vez, estuvo secundado por el dirigente nacionalista Armando Castaingdebat, que entre marzo de 2020 a mayo de 2021 ocupó el cargo de subsecretario de Ministerio de Desarrollo Social y en estos momentos suena como el probable sucesor de Javier García como titular del Ministerio de Defensa Nacional.

Desde finales de 2018 la AUF se rige por el nuevo estatuto, que fue aprobado por la presión ejercida por los interventores del fútbol uruguayo desde el 21 de agosto de 2018. La intervención que desplazó a las autoridades de ese momento fue justificada por dos motivos, los cuales el presidente de Liverpool, José Luis Palma, calificó de “falsos”. Horas antes del último acto eleccionario en la AUF, Palma explicó en el semanario La Mañana las falacias detrás de los motivos esgrimidos por los interventores. Respecto de que no se había votado el nuevo estatuto de la AUF dijo tener pruebas documentales de que “se había entregado una intimación al Ejecutivo del momento, de que el plazo máximo para la aprobación de los nuevos estatutos era el 30 de noviembre de ese año”. Por lo tanto, “no puede ser causal de la intervención hasta que no cumpliera ese plazo porque estábamos en agosto”, justificó Palma. Para colmo, la FIFA no obligó a ningún otro país a cumplir con esta modificación.

Sobre el segundo y principal motivo, que señalaba un proceso electoral que no era transparente, el dirigente desmintió que fuera así. “La elección que debió celebrarse el 31 de julio del 2018 se suspendió a instancias de la propia Conmebol”, dijo el presidente de Liverpool. “El 31 de julio (día de la elección) hubo una asamblea de clubes convocada para votar el nuevo presidente y allí los candidatos eran Arturo del Campo y Eduardo Abulafia”. Dicha elección se suspendió a “último momento”. Palma reconoció: “Caímos en la trampa” y “la Asamblea de Clubes decidió fijar como nueva fecha de elecciones el 21 de agosto”; pero en esa jornada se comunica la intervención en la AUF con el argumento de que no se habían realizado las elecciones.

Grupos de interés y presión

Según sostuvo Palma, se impuso a Pedro Bordaberry “como un interventor que tenía como cometido aprobar los nuevos estatutos y realizar el acto electoral, pero con posterioridad a la aprobación de esos estatutos”. De manera que “el nuevo presidente lo votaría el Congreso que se creaba con los nuevos estatutos y se aseguraba que ninguno de los candidatos vigentes a la fecha del 21 de agosto fueran electos”, explicó.

Es así que en marzo de 2019 se realizan las elecciones con una nueva composición del Congreso y bajo un nuevo estatuto, que establecía que para ser electo como presidente se requieren dos tercios de los votos en primera vuelta o por mayoría simple en la segunda vuelta. Así fue que en 2019 triunfó Alonso en segunda vuelta después de perder en la primera. “Ahí hubo una maniobra política del señor Pedro Bordaberry porque entre ambas votaciones pasó más de una hora, donde se cambiaron algunos votos”, señaló Palma. Desde esa votación quedó bien claro quiénes apoyaron desde un inicio al Econ. Alonso y los grupos que modificaron su voto de un momento a otro.

Según el presidente del actual campeón de la primera división del fútbol uruguayo, el nuevo estatuto se votó “bajo presión”, ya que se “amenazó con la desafiliación de Uruguay como integrante de FIFA” y además la “eliminación de los equipos clasificados a las copas internacionales”, como son la Sudamericana y la Libertadores (ocho de los 16 clubes de la primera división ese año competirían en esas Copas).

“Ese estatuto fue absolutamente revolucionario, atípico, que nada tiene que ver con lo que es la riquísima historia del fútbol uruguayo de 120 años de historia”, dijo Palma.

El nuevo estatuto estableció que de tener a los clubes de primera y segunda al mando de las decisiones en la AUF, se pasó un Congreso formado por: 11 integrantes que representan a los futbolistas, 9 integrantes que representan a la Organización de Fútbol del Interior (OFI), 6 integrantes que representan a la C (segunda división amateur), un integrante que representa a los Árbitros, un integrante que representa a los entrenadores, un integrante que representa al fútbol sala y un integrante que representa el fútbol femenino; además los clubes de primera y segunda división.

El paro que ensanchó la grieta en el fútbol

En agosto del año pasado, los jugadores de fútbol nucleados en la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales iniciaron un paro de las competencias, reclamando la aprobación del nuevo Estatuto de Jugadores y un aumento salarial para los futbolistas de segunda división.

Pero detrás de esa negociación, que llevó varias semanas poder resolverse, se desnudó una latente dicotomía entre dos modelos de gestión de los recursos del fútbol.

Por un lado, las asociaciones civiles (sin fines de lucro) nucleadas en la Unión de Clubes, y, por otro lado, las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), un submodelo de las S.A., habilitado desde 2001, que goza de la exención de todo impuesto nacional.

El expresidente de la AUF y actual titular de la Secretaría Nacional del Deporte (SND), Sebastián Bauzá, advirtió hace pocos días en una entrevista con Crónicas Económicas que “en muchos casos, las SAD son un mal para los clubes del fútbol uruguayo”, porque “muchas veces, los dirigentes de un club que está económicamente complicado, antes de desaparecer, les abren las puertas y generalmente ingresan al club sin un proyecto de formativas”, aunque confió que “de a poco estas sociedades se van a controlar y van a seguir existiendo, pero con mayor regulación y vigilancia”.

Bauzá valoró positivamente los cambios que la SND propuso en la última Rendición de Cuentas “para que existan mayores controles y poder abrir las puertas a este tipo de gerenciamientos”, pero con la condición de que “si el día de mañana deciden irse, no quede un agujero económico que sea difícil de reparar”, dijo el exjerarca de la AUF.

Por su parte, Ignacio Alonso aseguró a fines del año pasado al Telégrafo que “los procesos de conflicto que tuvimos a lo largo del año nos permitieron encaminar la discusión sobre el fair play financiero, sobre competiciones e infraestructura, y esa discusión sobre calendario se pondrá arriba de la mesa en 2024”, explicó Alonso.

El presidente de la AUF entiende que es clave “seguir en la senda de captar inversiones, para tener mejor infraestructura, y para ello la ley de las Sociedades Anónimas Deportivas ha favorecido mucho”, dado que “llegaron al país grupos importantes en los últimos meses, como es el caso del Bayern Múnich” en Racing.

Alonso destacó, pensando en mejorar el fútbol uruguayo, “nos miramos mucho en las ligas de países pequeños, que son muy profesionales como la de Portugal, Bélgica, Holanda, que no son las principales por algunos aspectos pero que sí tienen muy buen desarrollo y lo han logrado en base a beneficios para los inversores”, argumentó.

Pero el grupo nucleado en la Unión de Clubes reivindica para sí las decisiones que tengan que ver con los recursos económicos del fútbol profesional en Uruguay.

La creación de la liga profesional

Algo que quedó en el tintero el año pasado fue la creación de una liga profesional que, según la concepción de las asociaciones civiles (clubes), es la única forma de mejorar la situación de los clubes, la competitividad, la infraestructura, emulando de alguna manera lo hecho en otros países, por ejemplo, en la liga de España, donde las asociaciones quedan encargadas de los temas de las selecciones nacionales, y los clubes toman para sí la administración del negocio del fútbol y disponen, de forma autónoma, de los recursos genuinos que ingresan para su funcionamiento de la liga.

El dirigente de Peñarol, Julio Trostchansky, explicó el año pasado (en pleno parate del fútbol) a Montevideo Portal que “cuando la AUF compite a nivel de eliminatorias y campeonatos del mundo, el ingreso que viene de la FIFA, el 50 % —según determina la AUF— se lo llevan los jugadores de la selección, con el 50 % restante la AUF costea gastos”. Y en el último Mundial “los clubes nada más tuvieron 30 mil dólares por esa participación”. Desde este lado, decimos: “Ok, está bien. Entonces, respecto al Campeonato Uruguayo, déjennos disponer de la administración del fútbol uruguayo”.

Trostchansky entiende que sería algo “bueno” la creación de una liga profesional porque “la negociación de los derechos de televisación y el producido de esos derechos ingresarían directamente a las arcas de los clubes profesionales, y no a intermediarios como la AUF”; porque además “se establecen otros tipos de condicionamientos, regulados por los propios clubes; por ejemplo, que, a partir del inicio de esa liga, los clubes tendrán que tener determinada infraestructura. O se establecen otras reglas como la que se denomina el fair play financiero, por las que los clubes no pueden gastar más de lo que efectivamente pueden gastar”, justificó el dirigente aurinegro.

“Con esa estructura, uno recibe el beneficio del dinero que viene de negociar el negocio, digamos, pero también asume responsabilidades para que el negocio no falle”. Y, además, “tiene el beneficio adicional, para los clubes, de que vuelve a tener la natural incidencia que merecen los clubes, a la hora de definir las cosas que queda diluida en la estructura actual, donde no solo opinan los clubes, sino también OFI, árbitros, entrenadores, sobre cuestiones que tienen que ver los propios clubes”, dijo.

Con respecto a la creación de una liga profesional, Alonso explicó que “hoy no están dadas las condiciones económicas para que esa liga profesional sea independiente”.

“Depende de lo que los clubes conversen entre sí, pero antes de armar la liga tienen que estar los recursos”, sostuvo. “Y para que el fútbol profesional tenga hoy independencia, esos recursos no están arriba de la mesa, hay que trabajarlos”, indicó.

Detalló que “hoy la selección uruguaya subsidia el 70 % de los gastos administrativos de los equipos profesionales de la liga y el 100 % de los costos operativos de juveniles”.

Los derechos de televisación

En pleno debate entre una nueva negociación con Tenfield y la espera de la finalización del vínculo comercial con la empresa de Francisco “Paco” Casal (poseedora de los derechos de TV desde 1998, con una última prórroga del contrato en enero de 2016), la AUF consiguió 10 millones de dólares en Paraguay, que se pusieron a disposición de los clubes para darle un respiro económico y de esa forma evitar que la urgencia los lleve a extender anticipadamente el contrato de televisión con la empresa Tenfield, justificaron los principales dirigentes de la AUF, para frenar la renovación.

Este dilema ensanchó la grieta de quienes están del lado de la empresa de Casal y quienes no, pero también se enmarca en una macro disputa comercial liderada desde Paraguay, por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, que se puso del lado de la nueva dirección de la AUF, con el objetivo de desplazar a Tenfield de los negocios de TV a partir de 2026.

La estrategia del actual presidente de la AUF es esperar hasta 2025, año que termina el contrato con Tenfield (el 31 de diciembre) y realizar una licitación a mitad de año, en el entendido que la AUF podrá percibir más dinero que el recibido hasta ahora.

“Hemos salido al mercado a buscar fondos para poder financiar una espera que consolide una fortaleza para las instituciones a la hora de negociar, que permita encontrar alternativas, incluso la de gestionarse por sí mismo”, aseveró Alonso; pero sin explicar de dónde, de quiénes y en qué condiciones fueron obtenidos los fondos que tan generosamente alguien ignoto habría aportado.