El colorado reclamó conocer el proyecto de reforma del Código del Proceso Penal y exigió presupuesto para la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial. Ojeda exigió el cumplimiento de la promesa de campaña de 2.000 nuevos policías. "La seguridad tiene que volver a ser un tema central en la agenda, porque lo es para la gente", indicó.
Situación económica
Otro de los temas tratados en la reunión fue la situación de la economía uruguaya. El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, sostuvo que el contexto internacional complejo agudiza el problema. Además, afirmó que los supuestos del gobierno en materia económica se han derrumbado y que por la vía de los hechos se están corrigiendo, con incremento del gasto.
Delgado expresó preocupación por el cierre de empresas multinacionales, la desaceleración de la economía nacional, el aumento del desempleo y las condiciones de competitividad ante la entrada en vigencia del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, según dijo. El nacionalista instó a aprovechar la oportunidad de la creación de la zona de libre comercio más grande del mundo.
"Estamos muy preocupados por la situación económica que está pasando el Uruguay que impacta directamente en la gente, en el empleo", afirmó. "Hoy, la economía es una economía mucho más frágil que hace un año y eso en el contexto que estamos hoy, cualitativamente, es mucho más preocupante", agregó.
Agua potable
A su turno, el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, se refirió al tercer tema analizado en el encuentro de la Coalición Republicana sobre el abastecimiento de agua potable. "La sensación que tenemos es que el gobierno está errando el camino y nos preocupa enormemente", afirmó Mieres ante el riesgo de una posible nueva sequía.
El independiente calificó como un "error" del gobierno el dejar sin efecto el proyecto Neptuno y afirmó que la nueva potabilizadora en Aguas Corrientes y la represa de Casupá no resolverá los problemas de abastecimiento e implicará un enorme gasto al Estado.
Mieres sostuvo que se trata de un "capricho" y una "falta de obviedad" por parte del gobierno, que decidió dejarlo sin efecto, porque fue un proyecto de la pasada administración. La Coalición Republicana resolvió enviar una carta al presidente Yamandú Orsi firmada por todos los partidos para que revise la decisión.