La Inspección General del Trabajo le ordenó al Ministerio de Defensa realizar una investigación administrativa. El expediente entró al Ministerio el 13 de enero de 2025 y se nombró a la doctora Alicia Fagúndez como instructora del caso.
En el centro de la investigación estuvo determinar quién y por qué razón dio la orden de que Duarte debiera permanecer en su casa durante años, sin poder ingresar a su lugar de trabajo, cobrando el sueldo pero sin trabajar.
El exministro García reconoció que él dio esa orden, como una “medida cautelar” que tenía el objetivo de proteger a Duarte tras sus denuncias. Castaingdebat afirmó haber continuado aplicando una resolución de García.
Fagúndez concluyó que no se logró probar el acoso laboral. Aun así, estableció que “la medida cautelar” de García, “no contó con la fundamentación adecuada a derecho” y, por definición, debió tener un plazo de vigencia, que no tuvo.
Las conclusiones de Fagúndez pasaron a consideración de una asesora jurídica del Ministerio, Daiana Maldonado, que entendió que sí hubo acoso moral hacia Duarte.
El acoso moral es una de las formas del acoso laboral y sus características “encuadran en el presente caso”, señaló.
“Es un elemento indiciario de que el hecho de que al denunciante le dieran la orden verbal de que estuviera en su domicilio por el transcurso de tres años, manteniéndolo así de forma aislada de su lugar de trabajo, no cumpliendo funciones y sin la no asignación de tareas, llegando a ser degradante para éste, teniendo un impacto psicológico en él, ya que no se le permitía regresar al trabajo, no se le daban las explicaciones del caso y las órdenes verbales de que permaneciera en su domicilio fueron de manera sistemática, reiteradas en el tiempo, siendo éstas indeterminadas, abusivas, configurándose así el acoso moral”, dictaminó Maldonado.
La resolución de Lazo
En su resolución, la ministra Lazo establece que comparte esta línea argumental y que el acoso se probó, aunque no menciona a ningún jerarca ni funcionario como responsable.
La resolución deberá ser enviada ahora a la Inspección General de Trabajo y la defensa de Duarte deberá aceptarla o rechazarla. Si la rechaza, podría iniciar un reclamo por acoso laboral ante la justicia.
Ante la resolución de la ministra, Natalia Martínez, abogada y esposa de Duarte, reclamó que se suspendan las causas que se siguen contra el exoficial en la justicia militar por una “eventual contaminación de origen y abuso de funciones” por parte de quienes lo denunciaron.
Duarte fue sometido a retiro obligatorio del Ejército tras un largo periplo de traslados, sanciones y hasta encarcelamientos.